María Jiménez Salto
Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Jiménez Salto
- Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. HA CAUSADO ESTADO DESECHADA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el auto de nueve de agosto del año en curso, por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Héctor Guerrero Véjar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Jegp
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Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa María Jiménez Salto; atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada en auto de cinco de julio del año en curso, por lo que se procede a proveer lo en derecho corresponda. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, así como de su escrito aclaratorio, se desprende que la promovente señala como acto reclamado: "La audiencia de remate en su primer almoneda, llevada a cabo el día 30 de junio del año en curso, dentro del juicio sucesorio intestamentario número 306/2014.". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Atento a ello, el suscrito estima que lo que procede es desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, ello con apoyo en lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, del numeral 107, aplicado a contrario sensu, del mismo cuerpo de leyes que amerita desechar la demanda de amparo, atendiendo especialmente a la naturaleza de los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113, de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 12/91. Alejandro Pérez Aguilar. 28 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Gonzalo Hernández Cervantes. Amparo en revisión (improcedencia) 1176/91. Víctor Manuel Sánchez Esquivel. 26 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Eliseo Carrillo Bracamontes. Amparo en revisión (improcedencia) 3066/97. María Marcela Desentis Linares. 15 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Rafael Alfredo Victoria Vargas. Amparo en revisión (improcedencia) 1266/99. Hidrogenadora Yucateca, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Queja 386/99. Alma Lourdes Florisa Azcárraga de la Peña. 18 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 503, tesis 747, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'.". Luego, el acto reclamado por la promovente se hace consistir en la audiencia de remate en su primer almoneda celebrada el treinta de junio del año en curso, dentro del juicio sucesorio intestamentario número 306/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán. Ahora, los artículos que prevén la causa de improcedencia que se estima se actualiza en el presente caso, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos transcritos, se desprende que la demanda inicial del juicio de amparo debe examinarse a efecto de establecer si al respecto se actualiza alguna causa de improcedencia; también, que éstas se deben analizar de manera oficiosa. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos verificados en el procedimiento de remate, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el mismo; es decir, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis, de rubro y texto siguientes: "Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 190035 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Página 31 Jurisprudencia (Común) "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert". Por su parte, el ordenamiento en consulta no prevé ninguna excepción a esta regla genérica, pues no establece la posibilidad de que, a través de este medio de control constitucional, se puedan reclamar las resoluciones intermedias pronunciadas durante el periodo de ejecución tendentes a hacer efectiva la sentencia, cuestión que se justifica por el hecho de que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse; no obstante, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Sin embargo, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que, por excepción los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene como finalidad cuantificar la condena del juicio natural que no pudo determinarse en sentencia, y no así la ejecución de la misma, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar a la ejecución de la sentencia. Asimismo, el Máximo Tribunal del País determinó que, también por excepción, el juicio de amparo será procedente cuando se reclamen actos verificados en la etapa de ejecución, siempre que vulneren los derechos sustantivos de las partes. Tal razonamiento, dio génesis a la jurisprudencia cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020631 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 57/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110 Tipo: Jurisprudencia ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. Contradicción de tesis 29/2019. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito. 12 de junio de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 280/2017, en el que consideró que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, fue objeto de interpretación a cargo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo análisis se llegó a la conclusión de que el texto legal del precepto, en la parte que dice: ".entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.", debe leerse como una conjunción disyuntiva equivalente ("o"), de manera que ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Bajo esta premisa, la última resolución se verifica desde el auto que ordena requerir la escrituración del inmueble adjudicado de manera voluntaria, en tanto que la resolución que impone su otorgamiento forzoso a cargo del Juez no constituye sino un acto derivado de aquél. El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con Residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 384/2018 (cuaderno auxiliar 1012/2018), determinó que tratándose de actos de ejecución en el procedimiento de remate, específicamente cuando se reclama la orden judicial de escriturar, el quejoso puede promover la acción constitucional indistintamente, ya sea en contra del proveído que requiere al ejecutado la entrega voluntaria de la escritura de adjudicación o aquella que la ordena en su rebeldía. Dicha determinación, deriva de que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 107 de la Ley de Amparo, de ninguna manera definió cuál de las resoluciones que ordena la escrituración del bien inmueble rematado al adjudicatario es la que deberá entenderse como la última resolución para efectos de la procedencia del juicio de garantías, es decir, si será aquella que requiere a los reos la entrega voluntaria de la escrituración o la posterior que la ordena en su rebeldía, ni esa cuestión se advierte clara en la norma legal. Tesis de jurisprudencia 57/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de siete de agosto de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de septiembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que, por regla general, un acto dictado dentro del procedimiento de remate, sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente; y, de manera excepcional, cuando el acto combatido guarde autonomía propia, esto es, que no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; o bien, cuando se vulneren los derechos sustantivos de las partes. En el caso, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente, toda vez que se reclama la audiencia de remate en su primer almoneda celebrada el treinta de junio del año en curso, dentro del juicio sucesorio intestamentario número 306/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán; ello en virtud a que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 62, 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Ello es así, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la audiencia de remate en su primer almoneda celebrada en el juicio sucesorio intestamentario número 306/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, misma no es definitiva en términos del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no es la resolución que pone fin a la etapa del procedimiento de remate, pues no ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega de los bienes; mucho menos vulnera los derechos sustantivos de los intervinientes en el juicio del que emanan los actos reclamados. Pues incluso, lo determinado en el proveído recurrido no implica una violación procesal que sólo podría reclamarse en el amparo que eventualmente se promueva contra la resolución que ponga fin al procedimiento de remate. En esas condiciones se estima que la audiencia de remate en su primer almoneda de treinta de junio del año en curso, no es de aquellas que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), aunado a que no priva a la quejosa de algún derecho sustancial. Incluso, quien esto provee considera que, de admitirse la demanda planteada, se generaría una cadena de juicios de amparo en contra de los actos dictados dentro del procedimiento de remate que, como queda demostrado, la procedencia del juicio constitucional se encuentra reservada hasta la última resolución y, sólo por excepción, cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente, supuestos anteriores que en el presente caso no se actualizan. Se invoca por identidad jurídica, por las razones que contiene, el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 204367 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/27 Página: 435 "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 218/91. Adolfo Esteban Leyva Bathory. 5 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 155/93. Mercedes Martínez Rivera. 27 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 23/95. Bernardo Téllez Meneses y otro. 25 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 227/95. Bernardo Castillo Aguayo. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 382/95. Carmen Cahuantzi Vázquez y otro. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca". Por analogía jurídica, se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". Los criterios invocados se cita aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Jiménez Salto, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.-
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Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. SE RECIBE ESCRITO ACLARATORIO. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta que suscribe la quejosa María Jiménez Salto; atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención que le fue formulada mediante proveído de cinco del mes y año en curso. REPREVENCIÓN. No obstante a lo manifestado en el escrito aclaratorio de demanda, se estima indispensable realizar nuevamente una prevención a la parte quejosa. Sobre el particular, se cita en apoyo la tesis: emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 184437 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003 Materia(s): Común Tesis: XXVII.3 K Página: 1121 PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión. Queja 96/2002. Puerto Xcaret, S.R.L. de C.V. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos". En mérito de ello, con apoyo en el artículo 114, en relación con los diversos 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificado de este auto, aclare su demanda sobre lo siguiente: 1. La parte promovente manifiesta en su escrito aclaratorio que reclama la audiencia de remate en su primer almoneda llevada a cabo el treinta de junio del año en curso en el juicio sucesorio intestamentario 306/2014; sin embargo, también hace alusión a que se encuentra tramitando juicio sobre exclusión de bienes. Ahora, tomando en consideración tales manifestaciones, así como los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda y, toda vez que aduce se integró al caudal patrimonial un bien que es de su propiedad en el juicio sucesorio en cita ; se le requiere para que bajo protesta de decir verdad narre los antecedentes del juicio de exclusión de bienes que tramitó ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en específico, si el inmueble materia del mismo, guarda o no relación con el juicio sucesorio en cita y, de ser así, deberá además manifestar si insiste en señalar como acto la audiencia de remate, tomando en consideración que ha tramitado un juicio de exclusión. 2. Para que, de su escrito aclaratorio acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes. Se apercibe a la parte promovente del amparo que para el caso de no cumplir con lo requerido dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a José Luis Jacinto Pulido, quien no podrá hacer uso de la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se encontró registro de la cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-
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MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: O Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. SE RECIBE ESCRITO ACLARATORIO. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta que suscribe la quejosa María Jiménez Salto; atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención que le fue formulada mediante proveído de cinco del mes y año en curso. REPREVENCIÓN. No obstante a lo manifestado en el escrito aclaratorio de demanda, se estima indispensable realizar nuevamente una prevención a la parte quejosa. Sobre el particular, se cita en apoyo la tesis: emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 184437 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003 Materia(s): Común Tesis: XXVII.3 K Página: 1121 PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión. Queja 96/2002. Puerto Xcaret, S.R.L. de C.V. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos". En mérito de ello, con apoyo en el artículo 114, en relación con los diversos 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificado de este auto, aclare su demanda sobre lo siguiente: 1. La parte promovente manifiesta en su escrito aclaratorio que reclama la audiencia de remate en su primer almoneda llevada a cabo el treinta de junio del año en curso en el juicio sucesorio intestamentario 306/2014; sin embargo, también hace alusión a que se encuentra tramitando juicio sobre exclusión de bienes. Ahora, tomando en consideración tales manifestaciones, así como los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda y, toda vez que aduce se integró al caudal patrimonial un bien que es de su propiedad en el juicio sucesorio en cita ; se le requiere para que bajo protesta de decir verdad narre los antecedentes del juicio de exclusión de bienes que tramitó ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en específico, si el inmueble materia del mismo, guarda o no relación con el juicio sucesorio en cita y, de ser así, deberá además manifestar si insiste en señalar como acto la audiencia de remate, tomando en consideración que ha tramitado un juicio de exclusión. 2. Para que, de su escrito aclaratorio acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes. Se apercibe a la parte promovente del amparo que para el caso de no cumplir con lo requerido dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a José Luis Jacinto Pulido, quien no podrá hacer uso de la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se encontró registro de la cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-
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