Maria Jimenez Garcia
Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Jimenez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la suspensión provisional y definitiva y se dictó resolución en la que únicamente sobreseyó en el juicio. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de constancias originales. Finalmente, toda vez que en el presente expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, que establece: "Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la suspensión provisional y definitiva y se dictó resolución en la que únicamente sobreseyó en el juicio. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de constancias originales. Finalmente, toda vez que en el presente expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente."
- Principal
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 618/2021, promovido por ***; se encuentra en audiencia pública, el licenciado Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, en funciones de juez, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado a través de oficio CCJ/ST/2678/2021 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del licenciado Antonio Guiza Cabrera, secretario con quien actúa y da fe, la declara abierta, sin la comparecencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Seguidamente, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan: el escrito inicial de demanda; auto en el que se admitió a trámite, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley, y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada, a lo que se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que se indica para los efectos legales conducentes y por rendidos los citados informes de las autoridades responsables. Enseguida se cierra la etapa. Periodo probatorio. A continuación, se abre la etapa probatoria, en la que se da cuenta con las documentales exhibidas por el juzgador responsable, a lo que se acuerda: se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de que podrán ser tomadas en cuenta al resolver. Acto seguido, se cierra el periodo. Periodo de alegatos. Acto continuo, el secretario da cuenta que las partes no formularon, a lo que se les tiene omisos, con lo que se cierra esta etapa y se da por concluida la audiencia para, enseguida, dictar sentencia. V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 618/2021, promovido por **; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció este Juzgado Octavo, ** solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez Quinto de Partido Civil y otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veintiséis siguiente se admitió la demanda. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables y intervención legal a la fiscal de la adscripción. TERCERO. En proveído de uno de los corrientes, se mandó emplazar al tercero interesado, *** (actor y beneficiario de la sentencia dictada en el juicio de origen), lo que así ocurrió según auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno. CUARTO. Finalmente, al tenor del acta que antecede tuvo verificativo la audiencia constitucional; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal1. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados pueden ser ejecutados en esta ciudad de Celaya, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisará el acto reclamado. La quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil *** y reclama los actos tendentes a privarla de los derechos que dice tener sobre el bien inmueble ubicado ***. Por ello, destaca como conducta tildada de inconstitucional: El auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que se ordena poner en posesión física y material al tercero interesado, el inmueble en conflicto, así como su eventual ejecución. TERCERO. Existencia de actos. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. La jueza Quinta Civil de Partido, residente en esta ciudad aceptó la existencia de los actos que se le reclaman, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó. Es aplicable la tesis siguiente3: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, negó la existencia de actos de ejecución atribuidos a los fedatarios de dicha dependencia. No obstante, al estar probado el mandato para poner en posesión del inmueble al tercero interesado, se torna inminente y deben considerarse ciertas las conductas tendientes a ejecutarlo. CUARTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil **, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el aquí tercero interesado **, obtuvo sentencia favorable como actor reconvencional (demandado principal), respecto de la acción reivindicatoria que intentó sobre el inmueble ubicado ** en esta ciudad. En el fallo se condenó al demandado reconvencional (actor principal), ** a la desocupación y entrega real y material del bien. b) En ejecución, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó poner en posesión física y material del bien, al citado actor reconvencional. Este es el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. 3 Jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, tomo VI, página 231. No obstante la certeza del mandato para entregar la posesión del bien en favor de la parte actora y su inminente ejecución, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el interés jurídico, cuyo estudio es de orden público; por ende, preferente y oficioso, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1584, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese contexto, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no demostró el interés jurídico. Ahora bien, para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, los artículos 61 fracción XII, 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (...) 4 Quinta Época, del Apéndice de 1985, Parte VIII, página 262. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Así en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa, el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En el caso se actualiza la causal referida, pues para la procedencia del juicio de amparo no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que esa conducta de autoridad atente contra algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario de amparo, esto es, que afecte su interés jurídico. Además, es indispensable que se pruebe fehacientemente, por ser un requisito sine qua non para la procedencia de la acción constitucional, tal y como lo establece la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, que a la letra reza5: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Por otra parte, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio en estricto sentido, como lo es la quejosa **, es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. En efecto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P/J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 401. 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Ahora bien, la solicitante del amparo se ostenta tercera extraña al juicio natural, en el que se ordenó poner en posesión material a la actora en el juicio de origen, el inmueble ubicado en calle **; esto es, alega que se le pretende privar del derecho de posesión que dice tener sobre el bien, sin haberle dado oportunidad de defenderlo, lo que es violatorio de la garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 de la Carta Magna. No obstante, la peticionaria no ofreció elementos de convicción suficientes para demostrar el derecho que dice tener. En efecto, las constancias reseñadas evidencian que la quejosa no fue parte en el procedimiento de origen; sin embargo, como ya se dijo, resultaba necesario que demostrara la existencia de un derecho legítimamente tutelado a su favor, que la facultara para exigir el respeto a la posesión que defiende, lo que no ocurrió. Para acreditar su interés jurídico, adjuntó un contrato privado denominado "promesa de compraventa" llevada a cabo, aparentemente, el quince de marzo de dos mil cinco, en el que aparece como promitente compradora la aquí quejosa del inmueble identificado como Cerro ** en esta ciudad. Tal acuerdo de voluntades es ineficaz para acreditar que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, porque carece de fecha cierta, como se verá a continuación. La certeza de la fecha de un documento privado no tiene regulación en ninguna ley, sino que deriva exclusivamente de la jurisprudencia, razón por la cual hay que atender al contenido expreso de los criterios que sobre el particular ha sustentado el Alto Tribunal. En relación con ese tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la tesis de jurisprudencia número 46/99, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.-Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio, pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." (Novena Época, Primera Sala, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 256, página 214). También, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio que aparece resumido en la siguiente tesis jurisprudencial: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.- La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." (Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXVI, Cuarta Parte, página 63). De lo expuesto se advierte que nuestro Máximo Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se da cualquiera de las hipótesis ahí previstas; es decir: a partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y finalmente a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, únicamente bajo estos supuestos, puede ser considerado como de fecha cierta un documento, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Luego, si de la documental aportada, no se desprende la actualización de alguna de las hipótesis que reflejen la certeza en la fecha de la celebración del contrato que exhibió; éste, por si, es insuficiente para tener por cierta la fecha de su celebración. Sin perjuicio de ello, aun cuando el acuerdo de voluntades hubiere sido de fecha cierta, de cualquier manera un contrato de promesa no implica la traslación del dominio, sino el compromiso de verificar en un momento posterior el contrato correspondiente, lo que implica una mera expectativa de derecho que no encuadra en el interés jurídico exigido. Es orientador el siguiente criterio: "INTERÉS JURÍDICO. CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRAVENTA. No existiendo en autos elementos probatorios que acrediten que efectivamente se ha perfeccionado la compraventa, el solo contrato de promesa no es suficiente para acreditar el interés jurídico en carácter de propietario, cuando se reclama la desposesión de un bien inmueble, en virtud de que una promesa de compraventa no genera automáticamente una traslación de dominio; por ello, no es suficiente para acreditar la propiedad y, por ende, el interés jurídico." (Tesis XXI.1o.90 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI) En esas condiciones, es decir, ante la falta de acreditamiento del interés jurídico, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. El sentido del fallo se hace extensivo a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, al no ser reclamados por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 76, 77, 78, 155 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ***, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos cuarto y sexto.
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe la juez Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad. Se le tiene adjuntando las constancias de emplazamiento al presente juicio, del tercero interesado *************. Por ello, se le tiene por llamado para todos los efectos legales. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado de los autos se advierte que por oficio acordado el uno de septiembre actual, la autoridad responsable juez Quinta Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, rindió su informe de ley y remitió las constancias que lo justifican; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de dar oportunidad a que las partes se impongan de su contenido, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.
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