María Jimena Rodriguez Castro

Expediente 152/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
152/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • María Jimena Rodriguez Castro
  • ELIZABETH CASTRO QUINTERO y Otros.
  • Elizabeth Castro Quintero

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que tuvo por no presentada la demanda de amparo. con fundamento en el artículo 98 ley de amparo en relación con el 356, fracción ii código federal procedimientos civiles. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; doce de marzo de dos mil diecinueve. I. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término que se concedió en auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención de ahí decretada, transcurrió sin que se hubiese realizado. Por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y por consiguiente se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 25 DE FEBRERO DE 2019, QUE REZA; I. Registro, expediente y registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 152/2019-II. II. Parte quejosa. Elizabeth Castro Quintero y otros. III. Autoridad responsable. Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades. IV. Prevención de la demanda. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito y "bajo protesta de decir verdad" cumpla con lo siguiente: 1. Precisen con claridad, quienes acuden como quejosos en su demanda de amparo, toda vez que si bien, en el proemio y al firmar la misma se ostentan como tal, Elizabeth Castro Quintero, por propio derecho y representación su menor hijo J.E.R.C., así como María Jimena Rodríguez Castro; lo cierto es que en el capítulo correspondiente únicamente figura la primera de las nombradas; además, deberán manifestar la calidad con la que promueven el juicio de amparo, es decir, si son terceros extraños por equiparación, o bien, terceros extraños propiamente, lo anterior, en virtud de que no se advierte con claridad el carácter con el que acuden al presente juicio 2. Relate "bajo protesta de decir verdad", de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes que guarden relación con los actos que al efecto reclame, toda vez que los narrados resultan insuficientes, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes no realizan una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberán hacer la expresión correspondiente; protesta que deberán realizarla las propias promoventes, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquéllas, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. En el entendido de que en dicha narrativa de antecedentes también deberán relatar de manera clara, cronológica y detallada todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar relativas al conocimiento del acto reclamado, Lo anterior, en virtud a que en su libelo constitucional, en el apartado atinente a los "antecedentes", inciso I), los promoventes únicamente manifiestan la data en que aducen conocer del ingreso de la solicitud 3440574 a que aluden, pero omiten narrar las circunstancias de cómo tuvieron conocimiento de ello, así como cuando tuvieron conocimiento de que el nuevo comprador está iniciando trámites que dieron como consecuencia una orden judicial que desconocen para desposeerlas, datos que de igual forma resultan relevantes para determinar la admisibilidad de su queja constitucional. En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS.- Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". 3. Precisen a qué autoridad en concreto le atribuyen el desalojo y entrega física del inmueble que reclaman en esta instancia constitucional; lo anterior, toda vez que de la narración de los hechos no se advierte la participación o intervención de las autoridades que señalan como responsables o que éstas hayan desarrollado un acto positivo para desposeerlos del bien que defienden, dado que sólo mencionan que tuvieron conocimiento por "gente" cercana al nuevo comprador que éste ha iniciado trámites correspondientes que trajeron como consecuencia la orden judicial que desconocen para desposeer a las quejosas y al menor de edad; aunado a que en el apartado de acto reclamado, refieren como tal "la orden que emita o que emitió la autoridad responsable tendiente a desalojar o poner en posesión de persona diversa a la parte aquí quejosa"; de ahí que por el momento no sea posible establecer con precisión si las responsables a que alude en su libelo, ordenaron realmente o no la realización de los actos que refieren. Aclaración que también resulta necesaria porque en el capítulo correspondiente señalan a la totalidad de juzgados de partido en Materia Civil de esta ciudad, lo que crea incertidumbre de a quién le atribuyen el o los actos reclamados, lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de llamarlas a juicio, máxime que el juicio de amparo no procede contra actos futuros e inciertos o con base en conjeturas, sino contra actos actuales, de ahí que es necesario que precisen lo antes dicho. 4. Así, ante la ambigüedad de sus manifestaciones, es necesario que precisen con claridad cuál es el acto o actos que concretamente les atribuyen a las autoridades que señalan como responsables, toda vez que de la narración de los hechos no se advierte la participación o intervención de las mismas o que éstas hayan desarrollado un acto positivo para desposeerlos. Sin que los anteriores requerimientos se traduzcan en la negación de justicia a los gobernados; sino que los mismos se formulan en atención a que la demanda de amparo crea incertidumbre puesto que no se advierte con exactitud en que consiste la queja constitucional y a quienes atribuyen medularmente los actos reclamados, por lo que dar trámite a la misma en las condiciones en que fue presentada, provocaría la utilización ineficiente de los recursos materiales y humanos a cargo del Estado, con la consecuente afectación de la prontitud y expeditez en la impartición de justicia en perjuicio de otros gobernados que acuden a los tribunales, así como lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Sirve a lo anterior la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". Apercibidas que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la impetrante, que el artículo 261 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." V. Se ordena protección de identidad de menor de edad. Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en que afecten a niñas, niños y adolescentes" (puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de actuaciones generales); así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16, párrafo I); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2); Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (párrafos 8, inciso a), 26, 27 y 28); Manual sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Capítulo VII, p. 59 - 63); Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores también conocidas como Reglas de Beijing (Regla 8), este órgano jurisdiccional ordena proteger la privacidad de toda participación infantil a través del resguardo de su identidad, sin importar la calidad con la que comparezca al presente juicio constitucional, esto es, si como quejoso o tercero interesado. Consecuentemente, se ordena sustituir el nombre de los niños, niñas o adolescentes que participen en el presente procedimiento constitucional con sus iniciales, en listas de acuerdos, diligencias, comunicaciones oficiales, autos, interlocutorias y en sentencias definitivas, debiendo glosarse al expediente en sobre cerrado, hoja que contenga el nombre completo de los infantes, como en el caso lo es el acta de nacimiento que la ocursante acompaña a su escrito de demanda. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Rio Balsas, número 727, colonia San Nicolás de esta ciudad, y como autorizado en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Iván Israel Zapién Palacios, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Jesús Martínez Reyes, por así haberlo solicitado. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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