María Jesús Velázquez Medina
Expediente 887/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/06/2022
Partes del expediente
- María Jesús Velázquez Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a este sumario el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo, de las constancias enviadas con motivo de la declaratoria de incompetencia dictada en proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en relación a la demanda promovida por , toda vez, que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, remitió la demanda al juzgado oficiante radicándola este último con el número de su estadística, e informa que la desechó por las razones que ahí indicó; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente cuadernillo auxiliar es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j), del citado precepto, al corresponder a un cuaderno de incompetencia y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibido el escrito signado perito oficial xxx, en su carácter de perito oficial en materia de contabilidad, el cual se le tiene rindiendo su dictamen pericial en dicha materia. En esas condiciones, se requiere a dicho diestro para que dentro de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifique su dictamen pericial, apercibido que de no cumplir en el término establecido, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad xxxx), establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al perito oficial xxxxx.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que en acuerdo de veintidós de julio del presente año, se solicitó a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción territorial en toda la República, a fin de que informe a este Juzgado de Distrito, a que órgano jurisdiccional le correspondió conocer de la demanda de amparo presentada por María Jesús Velázquez Medina, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, sin que de autos obre agregado el acuse de recibo correspondiente; en esas condiciones, lo procedente es reexpedir dicho comunicado, para los efectos legales correspondientes. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la licenciada Ana Paula Baroccio González, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/2876/2021, de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura. Por otra parte de conformidad a la declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se ordena al actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que verifique si en el presente acuerdo existen autoridades responsables respecto de las cuales exista convenio de colaboración celebrado y, de ser el caso, remíta el presente acuerdo mediante el oficio correspondiente a través de la interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las autoridades respectivas.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Efectos del amparo. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: (es para el efecto de que una vez que quede firme el presente fallo, la autoridad Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, realice las siguientes acciones: a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso a), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $484.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar la procedencia del documento a registrar; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; estimar lo contrario, implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A49022082, de uno de junio de dos mil veinte, emitidos por el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal de la Ciudad de la Barca, Jalisco, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $484.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); reintegrando el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emita otro recibo por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar la tarifa que establece el artículo declarado inconstitucional -16, fracción I, inciso h), de la ley reclamada.)" En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Congreso, Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97 que dice: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Requerimiento. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir en el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional); publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte; así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Requerimiento al Superior Asimismo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento, para que le ordene cumplir con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, bajo el apercibimiento que de no demostrar que la conminó a que cumpliera el fallo protector, se le impondrá a su titular una multa en los mismos términos descritos en el párrafo que antecede.
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