Maria Jesus Izquierdo Cabral
Expediente 640/2013 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/11/2014
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Maria Jesus Izquierdo Cabral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y el escrito de cuenta signado por el apoderado legal de la quejosa, expídase a su costa copia certificada de los documentos que indica y hágase entrega de las mismas a la parte quejosa, por sí o por conducto de sus autorizados, prevía toma de razón que de su recibo se otorguen en autos.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, téngase este asunto como totalmente concluido y enviése al archivo
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El catorce de julio de dos mil catorce, se engrosó la sentencia en la cual, en lo que aquí interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Jesús Izquierdo Cabral, para que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, cumpliera con los efectos concesorios del amparo. II. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil catorce, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió al Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo; lo cual le fue debidamente notificado el diecinueve de agosto de dos mil catorce. III. Por oficio 4768/2014 presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintidós de agosto de dos mil catorce, la autoridad responsable informó que para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo remitía en copia certificada el acuerdo de veinte de agosto de dos mil catorce y la negativa de orden de aprehensión de veintiuno siguiente, dictados en autos de la causa penal 299/2010 de su índice. Conviene precisar que a la documental referida se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. IV. Por proveído de veinticinco de agosto de dos mil catorce, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que en el término de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo informado por el órgano jurisdiccional responsable, sin que hicieran manifestaciones al respecto. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se determinó que la orden de aprehensión de seis de julio de dos mil once, emitida contra la aquí quejosa en el proceso penal 299/2010, por el delito de fraude específico, resultaba inconstitucional, ya que la acción penal para perseguir el citado delito estaba prescrita al haber transcurrido el plazo de un año que prevé el artículo 79 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, pues la querella fue presentada el trece de abril de dos mil nueve y la representación social ejerció acción penal hasta el trece de septiembre de dos mil diez. Por tales motivos, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que los efectos de su concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable: 1. Dejara sin efectos la orden de aprehensión de seis de julio de dos mil once que dictó contra la aquí quejosa. 2. En su lugar dictara otra resolución, en la cual: 2.1. Retomando los lineamientos expuestos en el presente fallo, determinara que la acción penal que dio origen a la causa penal 299/2010 de su índice, se encontraba prescrita al momento en que se consignó la averiguación previa, ello por lo que ve a la quejosa. 2.2. Hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho corresponde. Ahora, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por la autoridad responsable, se advierte que en la nueva resolución la autoridad responsable satisfizo los efectos de la ejecutoria de amparo, toda vez que el órgano jurisdiccional responsable resolvió lo que en derecho estimó tomando en cuenta que la acción penal estaba prescrita siendo que determinó negar la orden de aprehensión solicitada por la representación social contra la aquí quejosa por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por el artículo 152, párrafo segundo, segunda parte y 153, fracción IX, en relación al 14, párrafo segundo y 16, fracción II, todos del Código Penal Vigente en el Estado. En consecuencia, se sostener que el Secretario en funciones de Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el seis de julio de dos mil once, en la causa penal de origen, única y exclusivamente por lo que respecta a María Jesús Izquierdo Cabral y, como segundo lugar, dictó una nueva resolución en la que, tomando en consideración que había prescrito la acción penal para perseguir el delito de Fraude específico, determinó negar la orden de aprehensión solicitada por la representación social contra la aquí quejosa. En ese contexto, es claro que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector al quedar satisfechos cada uno de sus efectos; en tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa y terceros interesados por el término de quince días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte tercero interesada Francisco Javier Guillermo Denis, no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de nueve de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de ocho de septiembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El catorce de julio de dos mil catorce, se engrosó la sentencia en la cual, en lo que aquí interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Jesús Izquierdo Cabral, para que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, cumpliera con los efectos concesorios del amparo. II. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil catorce, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió al Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo; lo cual le fue debidamente notificado el diecinueve de agosto de dos mil catorce. III. Por oficio 4768/2014 presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintidós de agosto de dos mil catorce, la autoridad responsable informó que para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo remitía en copia certificada el acuerdo de veinte de agosto de dos mil catorce y la negativa de orden de aprehensión de veintiuno siguiente, dictados en autos de la causa penal 299/2010 de su índice. Conviene precisar que a la documental referida se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. IV. Por proveído de veinticinco de agosto de dos mil catorce, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que en el término de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo informado por el órgano jurisdiccional responsable, sin que hicieran manifestaciones al respecto. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se determinó que la orden de aprehensión de seis de julio de dos mil once, emitida contra la aquí quejosa en el proceso penal 299/2010, por el delito de fraude específico, resultaba inconstitucional, ya que la acción penal para perseguir el citado delito estaba prescrita al haber transcurrido el plazo de un año que prevé el artículo 79 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, pues la querella fue presentada el trece de abril de dos mil nueve y la representación social ejerció acción penal hasta el trece de septiembre de dos mil diez. Por tales motivos, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que los efectos de su concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable: 1. Dejara sin efectos la orden de aprehensión de seis de julio de dos mil once que dictó contra la aquí quejosa. 2. En su lugar dictara otra resolución, en la cual: 2.1. Retomando los lineamientos expuestos en el presente fallo, determinara que la acción penal que dio origen a la causa penal 299/2010 de su índice, se encontraba prescrita al momento en que se consignó la averiguación previa, ello por lo que ve a la quejosa. 2.2. Hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho corresponde. Ahora, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por la autoridad responsable, se advierte que en la nueva resolución la autoridad responsable satisfizo los efectos de la ejecutoria de amparo, toda vez que el órgano jurisdiccional responsable resolvió lo que en derecho estimó tomando en cuenta que la acción penal estaba prescrita siendo que determinó negar la orden de aprehensión solicitada por la representación social contra la aquí quejosa por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por el artículo 152, párrafo segundo, segunda parte y 153, fracción IX, en relación al 14, párrafo segundo y 16, fracción II, todos del Código Penal Vigente en el Estado. En consecuencia, se sostener que el Secretario en funciones de Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el seis de julio de dos mil once, en la causa penal de origen, única y exclusivamente por lo que respecta a María Jesús Izquierdo Cabral y, como segundo lugar, dictó una nueva resolución en la que, tomando en consideración que había prescrito la acción penal para perseguir el delito de Fraude específico, determinó negar la orden de aprehensión solicitada por la representación social contra la aquí quejosa. En ese contexto, es claro que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector al quedar satisfechos cada uno de sus efectos; en tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa y terceros interesados por el término de quince días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.
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