María Jesús Ferrer Pérez

Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
783/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • María Jesús Ferrer Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por María Jesús Ferrer Pérez, Margarita Pérez Hernández y Tania del Carmen Cornelio Contreras; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, ha´gase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrara´n materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, en el cual no obra documento alguno en original y certificado, pues así se desprende de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 783/2021-7, promovido por María Jesús Ferrer Pérez, Margarita Pérez Hernández y Tania del Carmen Cornelio Contreras, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el doce de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada ese día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, María de Jesús Ferrer Pérez, Margarita Pérez Hernández y Tania del Carmen Cornelio Contreras, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "De la responsable TRIBUNAL DE CONCLIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, la omisión de acordar el escrito presentado el 24 de febrero de 2020 presentado ante la mesa receptora de términos de dicho tribunal en esa misma fecha como lo establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria". "Del ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, la omisión de notificar a las partes el acuerdo que recaiga del suscrito presentado el 24 de febrero de 2020. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO 2 ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 783/2021-7, se requirió los informes justificados a las autoridades responsables, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 333/2018, de su índice y su notificación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL RESPONSABLE. El Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado dijo que se adhería al diverso informe rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sin embargo, la inexistencia del acto que se le atribuye se confirma dada su naturaleza negativa y por tanto, resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar un acto omisivo por ser inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, del siguiente rubro y texto: Sin embargo, la inexistencia del acto que se le atribuye se confirma dada su naturaleza negativa y por tanto, resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar un acto omisivo por ser inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisio´n, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificacio´n de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capi´tulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolucio´n, lo que, en su caso, podra´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94 formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO´ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presento´ la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendri´a que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Visto lo anterior, lo procedente es declarar la inexistencia del acto reclamado a la referida responsable y con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y el Actuario de su adscripción, aun cuando el primero de ellos lo niega. Efecto, dicha negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que la responsable, manifestó que mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se pronunció respecto del escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, presentado por la parte quejosa por conducto de su apoderado legal y en el quedaba cumplimiento al proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de los citados acuerdos derivados del expediente laboral 333/2019, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esto una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese tenor, este juzgador estima que en relación al acto reclamado precisado en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del ordinal 61 del aludido ordenamiento jurídico y, con ello, el sobreseimiento del juicio en que se actúa, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del mismo; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, el acto reclamado en el presente juicio es la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 333/2018, de su índice, y de la constancia remitida por la referida autoridad se desprende que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se pronunció sobre el escrito presentado por la parte quejosa por conducto de su apoderado legal el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en el que daba cumplimiento al diverso de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -doce de julio de dos mil veintiuno-, indudablemente existía el acto reclamado consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 333/2018, de su índice; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del referido acto reclamado han cesado porque mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se pronunció sobre el escrito presentado por la parte quejosa por conducto de su apoderado legal el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en el que daba cumplimiento al diverso de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Por lo anterior, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por María Jesús Ferrer Pérez, Margarita Pérez Hernández y Tania del Carmen Cornelio Contreras, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 333/2019, que anexó a su informe justificado, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintiséis de julio del año en curso, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa en su libelo de amparo, consistente en todas las actuaciones que forman el expediente laboral 333/2019, que exhibiera la autoridad responsable, hasta en tanto obrara en autos su informe justificado y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA Villahermosa, Tabasco, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende: que el termino de quince días otorgados en proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, a las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y al Actuario de su adscripción, para que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rindan su informe justificado, se encuentra transcurriendo del cinco al veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, al haberse notificado el cuatro del presente mes y año, tal y como se desprende de los sellos de recibido de los oficios 20292/2021 y 20293/2021, derivado del proveído de veintiséis de julio pasado, con excepción de los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, intégrese al presente expediente para que obre como corresponda, el escrito signado por Miguel Alberto Romero Pérez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual anexa el original del acuse de recibo del escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, con sello de recepción de esa misma fecha, en la mesa receptora de términos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental que adjunta a su escrito de cuenta, la que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva. Finalmente, con relación a la solicitud del autorizado de la parte quejosa, respecto a que se le haga devolución del original del acuse de recibo del escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que no ha sido resuelto definitivamente el presente juicio de amparo, y dicho documento puede ser objetado en la audiencia constitucional en la cual se resuelva el presente asunto. Notifíquese.

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