Maria Jerusalen Navarro Ramírez
Expediente 1202/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1202/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maria Jerusalen Navarro Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por medio del cual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. Hágase notar que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Orden de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno ofrecido como prueba que devolver a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Eustolia Badillo Díaz, a través del cual, pretende autorizar en términos amplios a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Amparo, a diversas personas; sin embargo, toda vez que no acredita que los mismos cuenten con registro de su cédula ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, se tienen por autorizados únicamente en términos del artículo 24 del mismo ordenamiento legal. Lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda acreditar dicho registro y solicitar su autorización en términos amplios.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Jerusalén Navarro Ramírez, contra el acto del Agente del Ministerio Público de Investigación adscrito a la Mesa Tercera Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México,, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1202/2020-II. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Primeramente, resulta pertinente precisar que el artículo 261 de la Ley de Amparo, previene: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". (Lo destacado es por este Juzgado). De lo que se deduce que esta Juzgadora tiene la obligación de denunciar y hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, esto es así, porque los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público de la Federación ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, por ejemplo, de advertir que el quejoso falseó hechos en su demanda de amparo u omitió información obteniendo con ello una ventaja procesal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." IV. Prevención. Con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que bajo protesta de decir verdad, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído: 1. Precise si compareció a la citación que combate el día catorce de diciembre del año en curso, derivada de la carpeta de investigación NIC: CCF/SPN/00/MPI/184/00165/20/05, NUC: NEZ/CCF/SPN/062/110921/20/05, del índice del Agente del Ministerio Público de Investigación adscrito a la Mesa Tercera Especializada en Combate a la Corrupción con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México. 2. Manifieste bajo protesta de decir verdad el nombre de a quien le revista el carácter de tercero interesado, o en su caso, si lo desconoce, pues es omiso en este requisito previsto en el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, señala como requisito de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, pues sólo así, se puede establecer la relación procesal en los juicios de amparo, y estudiar la legalidad con la que actuaron las responsables. Orienta a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, visible a página 990, Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En el entendido que conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de la materia, la parte quejosa deberá exhibir las copias de su escrito con el que cumpla con la presente prevención, para distribuirlas de la siguiente manera: una para la responsable, una para cada tercero interesado y una para la agente del Ministerio Público de la adscripción. Tiene aplicación, la jurisprudencia P./J. 36/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En ese sentido, no procede prevenir para que la parte quejosa exhiba copias del escrito aclaratorio para integrar los cuadernos incidentales, en caso de que la peticionaria desee aperturarlos, ya que con su omisión, únicamente da lugar a postergar los mismos, por lo que corresponde a la quejosa determinar si exhibe copias suficientes para tal fin, conforme a la fracción V del artículo 114, de la Ley de Amparo, en relación con el último párrafo del citado precepto. V. Apercibimiento. Se apercibe al promovente que de no desahogar los requisitos expuestos, se acordará lo procedente atendiendo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, término que se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. También se hace del conocimiento a la parte quejosa que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de media y actualización de salario mínimo general vigente al momento de realizar la conducta, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. VI. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así solicitarlo. Se tiene por señalado el correo electrónico que proporciona la promovente, únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-191; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora, con relación a su petición de autorizar a las personas que menciona en términos del artículo 27, de la Ley de Amparo, dígasele que el citado precepto, refiere lo relativo a las reglas de las notificaciones personales; por tanto, téngase como autorizados del quejoso únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones a dichas personas. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VIII. Se exhorta para tramitación de juicio de línea. Atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en cuanto a que debe buscarse que los juicios en línea puedan seguirse de manera remota de forma que no sea de manera que no sea necesaria la presencia física del personal para la práctica de actuaciones; se exhorta a la parte promovente para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones consulta de expediente electrónico y presentación de promociones y escritos. Asimismo se insta las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y números telefónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Lo anterior, en el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. IX. Copias y reproducción de constancias. a) Expedición de Copias. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de las constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.
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