María Jazmín Jáuregui Cervantes

Expediente 1040/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1040/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
15/02/2017

Partes del expediente

  • María Jazmín Jáuregui Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el informe que en vía de alcance al diverso oficio B00.910.00.1/3814 de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, rinde la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como prueba de su intención la documental que anexa, la cual se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. De la lectura íntegra a las constancias que remite como justificación a su informe la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña la parte quejosa, se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama la omisión que a continuación se especifica: La omisión por parte de la responsable de pronunciarse respecto a la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión número********************, presentada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis y registrada bajo el expediente GUA-L-0596-16-03-16. B) De acuerdo con las constancias que remitió la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, que fueron anexadas a los oficios B00.910.00.1/3814 y B00.910.00.1/0197, se desprende que: En respuesta a la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión número********************, presentada por la quejosa el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, emitió el oficio ******************** de veintiséis de julio del mismo año, en el que declaró procedente dicha solicitud. Dicha prórroga quedó inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua, el treinta y uno de agosto del año pasado. Remitió el acta relativa a la notificación que de dicha determinación se practicó a la quejosa por conducto de su autorizada **********. Por tanto, es evidente que la omisión tachada de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, que se tradujo en la omisión en dar respuesta a la solicitud presentada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el informe que en vía de alcance al diverso oficio B00.910.00.1/3814 de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, rinde la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como prueba de su intención la documental que anexa, la cual se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. De la lectura íntegra a las constancias que remite como justificación a su informe la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña la parte quejosa, se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama la omisión que a continuación se especifica: La omisión por parte de la responsable de pronunciarse respecto a la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión número********************, presentada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis y registrada bajo el expediente GUA-L-0596-16-03-16. B) De acuerdo con las constancias que remitió la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, que fueron anexadas a los oficios B00.910.00.1/3814 y B00.910.00.1/0197, se desprende que: En respuesta a la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión número********************, presentada por la quejosa el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, emitió el oficio ******************** de veintiséis de julio del mismo año, en el que declaró procedente dicha solicitud. Dicha prórroga quedó inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua, el treinta y uno de agosto del año pasado. Remitió el acta relativa a la notificación que de dicha determinación se practicó a la quejosa por conducto de su autorizada **********. Por tanto, es evidente que la omisión tachada de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, que se tradujo en la omisión en dar respuesta a la solicitud presentada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que aún no obran las constancias solicitadas al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, mediante proveído de uno de diciembre pasado; por tanto, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo. En ese sentido, dado que el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, ha sido omiso en remitir las constancias de referencia, las cuales resultan necesarias en aras de corroborar la actualización de una causal de improcedencia, o bien, descartar su configuración, ya que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo su estudio es oficioso; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la Materia, solicítese nuevamente al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta localidad, para que en el improrrogable término de tres días legalmente computado, remita copia certificada legible, de la notificación hecha a la quejosa de la resolución contenida en el oficio BOO.9140.01.1/004727 de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello; bajo apercibimiento que de no hacerlo se le podrá imponer una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en atención a lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo.

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