María Jacaranda Ochoa Rojas

Expediente 616/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
616/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • María Jacaranda Ochoa Rojas
  • Director de Desarrollo Urbano de Apatzingán, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Marcela Cortez Ruíz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán CERTIFICO: Que el plazo de diez días que disponían las partes para recurrir la sentencia que negó el amparo y protección a la parte quejosa, transcurrió para la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, del uno al catorce de junio de dos mil veintitrés; y, para la impetrante de amparo del siete al veinte de junio de dos mil veintitrés, virtud a que fueron notificados por oficio y personalmente el treinta y uno de mayo y cinco de junio del año en curso, respectivamente, descontando los días inhábiles, sin que lo hubieran hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste. . Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnada por las partes la sentencia que negó el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 88 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    R.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 616/2022, promovido por********************, contra un acto del Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Apatzingán, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso depositado el once de octubre de dos mil veintidós -fojas 3 a 9-, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que enseguida se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- El Director de Desarrollo Urbano Ingeniero Luis Alberto Matías Gaytán y el Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado Ingeniero Homero Antonio Gómez Rubín, ambos del Municipio de Apatzingán, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO.- a) La negativa del servicio de excavación y poner manguera subterránea que en derecho me corresponda con la finalidad de que se me dé el servicio de red de electrificación por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a mi bien inmueble identificado como lote número 9 nueve, de la manzana 2 dos, ubicado en la calle Acahuato sin número (actualmente número oficial 63 sesenta y tres) del Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social denominado "Jacaranda" de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, ya que la dependencia de Desarrollo Urbano de Apatzingán, Michoacán, es la única facultada para realizar el citado servicio; y, b) La negativa por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apatzingán, Michoacán, de prestarme el servicio para obtener el agua potable a mi bien inmueble citado en líneas anteriores". La promovente del amparo expuso que se violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 4 párrafo 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de once de octubre de dos mil veintidós -fojas 27 a 34-, este Juzgado Federal registró la demanda con el número de expediente 616/2022; ordenó la separación de juicios determinando que en este expediente sólo se analizaría el acto reclamado del Director de Desarrollo Urbano, con sede en Apatzingán, Michoacán; del cual admitió a trámite la demanda; pidió el informe justificado de la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, ordenó remitir copia certificada de las constancias de la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (a efecto de que se estudiara en un diverso juicio de amparo el acto reclamado del Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Apatzingán, Michoacán) para que dicha unidad administrativa lo turnara al Juzgado de Distrito que por razón de turno correspondiera. En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós -fojas 86 y 87-, este Juzgador advirtió que la autoridad responsable al rendir el informe justificado complementó el acto reclamado y, toda vez que la impetrante se dolía de la falta de fundamentación y motivación, la previno para que en el término de quince días, manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo, respecto de la complementación y motivación aludidas, con el apercibimiento que, de no hacerlo se continuaría el trámite del juicio en la forma planteada en su libelo inicial. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós -fojas 97 a 99-, la quejosa amplió la demanda de amparo respecto de la complementación y motivación del acto reclamado. TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A las nueve horas con seis minutos del quince de febrero de dos mil veintitrés (fojas 132 y 133(, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo; se abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas; una vez concluida tal etapa, se abrió la de alegatos, en la que se hizo constar que únicamente el Agente del Ministerio Público adscrito formuló pedimento, con lo que cerró dicho periodo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, de su escrito de ampliación y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la quejosa reclama: Del Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Apatzingán, Michoacán: - El oficio de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual dio respuesta a la solicitud planteada por la quejosa mediante ocurso presentado el veinte de septiembre de dicho año, relativa a que ordenara a quien correspondiera que se llevara a cabo la excavación y colocación de una manguera subterránea a efecto de contar en su propiedad con el servicio de electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director de Desarrollo Urbano Municipal, al rendir sus informes justificados, respecto de la demanda inicial y su ampliación, negó la existencia del acto que se le atribuye ?fojas 59 y 60 así como 108 a 111 ?. No obstante, dicho acto debe tenerse por cierto, pues obra en constancias el oficio reclamado, a través del cual dicha autoridad señaló que no era posible llevar a cabo la solicitud planteada por la quejosa mediante el escrito que presentó el veinte de septiembre de ese año, de ahí que se desvirtúe la negativa informada. Dicha documental goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al haberse expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". CUARTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio, (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación son infundados. Se acota que la síntesis de los disensos se realizará conforme a la cuestión efectivamente planteada, en términos del numeral 76 de la ley de la materia. En sus conceptos de violación la quejosa, aduce que el acto reclamado vulnera en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, toda vez que la negativa de realizar el servicio que solicitó, no se encontraba ajustada a la interpretación jurídica de la ley, ni fundada en los principios generales del derecho. Expone, que la negativa de la autoridad responsable respecto de realizar los trámites de excavación y colocación de una manguera subterránea para que obtuviera el servicio de electrificación, le ocasiona un perjuicio en su patrimonio. Refiere, que la fraccionadora que le vendió el inmueble hizo todos los trámites correspondientes de ahí que la responsable le otorgó una autorización definitiva en la que se autorizaron los servicios de red de electrificación y alumbrado público subterráneo. Alega, que el Director responsable determinó que debía tratar su solicitud con la fraccionadora, cuando en su escritura pública que contenía el contrato de compraventa de su inmueble, en la cláusula cuarta señalaba que las redes de los servicios de alumbrado público y energía eléctrica, serían introducidos por el comprador conforme a lo establecido en la autorización definitiva. Considera, que resulta ilógico que la autoridad responsable determinara que debía tratar ese tipo de servicios con la fraccionadora, cuando lo cierto era que el único facultado para autorizar y dar ese tipo de servicios era el Director responsable ya que así había quedado en la autorización definitiva firmada por dicha autoridad. Manifiesta, que la negativa de la autoridad le causa perjuicio al no brindarle los servicios respectivos, no obstante, que existía la autorización definitiva (de quince de noviembre de dos mil dieciséis), por parte del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, donde se habían concedido los servicios en favor del fraccionamiento en el que habitaba. Arguye, que tiene conocimiento de que uno de los habitantes del fraccionamiento contaba con un cargo público en el Ayuntamiento y, tenía el servicio que le negó la autoridad responsable. Refiere, que la luz eléctrica dentro del hogar resultaba necesaria a fin de satisfacer las necesidades del ser humano. Como se precisó, dichos argumentos son infundados. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal, primer párrafo, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del porqué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto, se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, del volumen 97-102, tercera parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere, además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, del tomo XXII, diciembre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como, la jurisprudencia 43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, del tomo XXIII, mayo de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175082, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de la fundamentación y motivación en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal; sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1694, del tomo XXVII, febrero de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170307, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". En relación con lo anterior, el artículo 124, párrafo tercero, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 124. (.) En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración". Con base en dicho precepto, en esta sentencia se analizará el oficio reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo expresó la autoridad responsable en el informe justificado, al tratarse de un asunto del orden administrativo. Una vez precisado lo anterior, se recapitula que la impetrante reclama del Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Apatzingán, Michoacán, el oficio de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual dio respuesta a su ocurso presentado el veinte de septiembre de dicho año, en la que pidió que ordenara a quien correspondiera que se llevara a cabo la excavación y colocación de una manguera subterránea a efecto de contar en su propiedad con el servicio de electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: I. Mediante oficio 389/2016, de quince de noviembre de dos mil dieciséis, el Director responsable, con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 274, 275, 276, 313 y 361 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, expidió a Estela Chávez Ávila, autorización definitiva para la regularización del Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social denominado "Jacaranda", ubicado al Sur de Apatzingán, el cual contaría, entre otros servicios, con el de red de electrificación y alumbrado público -fojas 12 a 14-. II. A través del ocurso presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, ante la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Apatzingán, Michoacán, la quejosa solicitó que se ordenara a quien correspondiera, llevar a cabo en el inmueble urbano de su propiedad, la excavación y colocación de manguera subterránea con la finalidad de que posteriormente la Comisión Federal de Electricidad le proporcionara el servicio de red de electrificación y alumbrado público, toda vez que existía autorización definitiva en favor del fraccionamiento habitacional urbano de interés social denominado "Jacaranda" -foja 10-. III. En respuesta a dicha solicitud, por medio del oficio /2021 (sic) de veintidós de septiembre de dos mil veintidós -foja 11-, el Director responsable, expuso, en lo que interesa, lo siguiente: ". Que de conformidad con la Autorización Definitiva del Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social denominado Jacarandas, de esta Ciudad, de fecha 15 de noviembre del año 2016, donde precisamente se estipula que dicho Fraccionamiento estará dotado, entre otros servicios de urbanización de "Red de Electrificación y Alumbrado Público"; ello fundado en las especificaciones a que se refiere los numerales 312, 316, Fracción V, letra i, y demás relativos del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo; por lo que no es posible que lleve a cabo la excavación subterránea solicitada; por lo que se recomienda que este asunto lo trate Usted directamente con el fraccionador.". IV. Por otro lado, la responsable, al rendir su informe justificado -fojas 59 y 60-, complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado, en síntesis, en los términos siguientes: a) Señala que jamás se negó a otorgar el servicio solicitado, al contrario le hizo la recomendación correspondiente en términos de los artículos 5, fracción II, 316, fracción V, inciso i, y 392, fracción II, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. b) Ello, ya que el fraccionador debía cumplir con las especificaciones señaladas en el artículo 316 citado, por lo que, al momento de poner en venta un inmueble ya debía contar con los servicios que solicitaba la quejosa, entendiéndose que el fraccionador ya había ejecutado por su cuenta dichos servicios, por ello conforme al artículo 5, fracción II, del referido código, le sugirió a la impetrante que tratara su petición directamente con el fraccionador. c) Por otra parte, manifestó que los servicios de excavar y poner manguera subterránea, así como ordenar que los mismos se llevaran a cabo, no se encontraban dentro de sus facultades, ya que los servicios que prestaba eran los establecidos en los artículos 275 y 277 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo. Una vez precisado lo anterior, y retomando lo expuesto por la autoridad responsable en el oficio reclamado, así como en la complementación del mismo, tenemos que, contrario a lo señalado por la quejosa, éste no se encuentra indebidamente fundado ni motivado. En efecto, como se puede advertir la autoridad responsable expuso que no se encontraba dentro de sus facultades prestar los servicios de excavación y colocación de mangueras subterráneas en propiedad privada. En ese sentido los artículos 274 y 277 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo disponen: "ARTÍCULO 274.- Para los efectos de este libro se entenderá por: . XVI. Dependencia Municipal: Dependencia o entidad de la administración pública municipal encargada de la administración urbana del Municipio; (.)". ARTÍCULO 277.- La dependencia municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, tendrá las atribuciones siguientes: I. Expedir las constancias de zonificación urbana; II. Emitir con base en los programas de desarrollo urbano aplicables, las licencias de usos y destinos del suelo o sobre edificaciones, construcción de éstas y localización de las mismas; III. Conceder o negar las autorizaciones de relotificación, fusión, subdivisión y subdivisión-fusión de conformidad con lo dispuesto en este Código; IV. Otorgar o negar las licencias de construcción, remodelación, ampliación, restauración y demolición de inmuebles, de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código, el Reglamento de Construcción respectivo, los programas de desarrollo urbano y demás normatividad aplicable para cada caso; V. Conceder o negar las autorizaciones para cambio de régimen de propiedad privada al de condominio de inmuebles edificados; VI. Dictaminar el uso de las áreas de donación de los Desarrollos y desarrollos en condominio en congruencia con este Código, los programas de desarrollo urbano y el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano; VII. Conceder o negar autorización para la colocación, diseño y retiro de mobiliario urbano; VIII. Otorgar o negar las licencias de obras de urbanización. IX. Expedir el certificado de habitabilidad; X. Otorgar o negar las autorizaciones de visto bueno de los proyectos de vialidad y lotificación y nomenclatura de los Desarrollos y desarrollos en condominio; XI. Determinar en coordinación con el fraccionador la ubicación de las áreas de donación para equipamiento urbano de los Desarrollos y desarrollos en condominio, para su mejor aprovechamiento, en congruencia con lo dispuesto en este Código y los programas de desarrollo urbano y verificar su entrega en la forma y términos establecidos en este Código; XII. Fijar el monto de las garantías para la (sic) obras de urbanización que establece este Código; (REFORMADA, P.O. 16 DE JULIO DE 2013) XIII. Otorgar o negar la autorización definitiva de los desarrollos o desarrollos en condominio; XIV. Otorgar o negar el permiso de venta a los fraccionadores, para iniciar la promoción de lotes, viviendas, locales o unidades, previo cumplimiento de los requisitos legales contenidos en este Código; XV. Llevar a cabo el procedimiento de suspensión del permiso de venta; XVI. Ordenar la realización de inspecciones, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Código y los programas de desarrollo urbano y demás disposiciones aplicables; XVII. Supervisar que la ejecución de las obras de urbanización en los Desarrollos y desarrollos en condominio, se realicen conforme a las especificaciones técnicas con que se hayan autorizado y a las disposiciones del presente ordenamiento; XVIII. Poner en conocimiento de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, las situaciones que puedan constituir infracciones a disposiciones legales cuya aplicación les competa; XIX. Coordinar el procedimiento de la entrega-recepción de las obras de urbanización, con las dependencias y entidades públicas que hayan autorizado los proyectos respectivos para su ejecución, en los términos de este Código; XX. Ordenar en cualquier momento las inspecciones de los lugares en donde se realiza venta de lotes, viviendas, unidades o locales con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes; XXI. Otorgar o negar el permiso de rectificación de autorización de un Desarrollo o desarrollo en condominio; XXII. Autorizar o negar los desarrollos y desarrollos en condominio; XXIII. Auxiliarse en su caso, de la fuerza pública para cumplir y hacer cumplir sus determinaciones; XXIV. Emitir opinión sobre el ejercicio del derecho de preferencia del Ayuntamiento, en los términos de este Código; XXV. Vigilar que en los Desarrollos, y en su caso, desarrollos en condominio que no hayan sido municipalizados, los fraccionadores presten adecuada y suficientemente los servicios a que se encuentran obligados conforme a este Código y la autorización correspondiente; XXVI. Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares; de Desarrollos o desarrollos en condominio, sin las autorizaciones correspondientes; XXVII. Ejecutar las acciones de regularización de los asentamientos humanos irregulares, y en su caso, en coordinación con la Secretaría y las dependencias federales competentes; XXVIII. Establecer el registro de los profesionales que actuarán como directores responsables de obras de urbanización, con quienes los fraccionadores podrán contratar los servicios para la ejecución de las obras de urbanización y edificación en los Desarrollos y desarrollos en condómino; XXIX. Llevar el registro de los programas municipales de desarrollo urbano, para su difusión, consulta pública, control y evaluación; XXX. Imponer las medidas de seguridad, infracciones y sanciones que establece este Código y demás disposiciones jurídicas aplicables; XXXI. Resolver sobre los recursos administrativos que conforme a su competencia les sean planteados; y, XXXII. Las demás atribuciones técnicas y administrativas que este Código o el Ayuntamiento le confiera". Los preceptos transcritos disponen que la dependencia de la administración pública municipal encargada de la administración urbana del municipio, es la facultada para expedir constancias de zonificación urbana; emitir licencias de usos y destinos del suelo o, edificaciones; conceder o negar autorizaciones de relotificación; otorgar o negar licencias de construcción, remodelación, ampliación, restauración y demolición de inmuebles; conceder o negar autorizaciones para cambio de régimen de propiedad privada al de condominio de inmuebles edificados; dictaminar el uso de áreas de donación de desarrollos en condominio; conceder o negar autorización para la colocación, diseño y retiro de mobiliario urbano, así como de desarrollo urbano; expedir certificados de habitabilidad; otorgar o negar autorizaciones de visto bueno de los proyectos de vialidad y lotificación de desarrollos en condominio; determinar en coordinación con el fraccionador la ubicación de las áreas de donación para equipamiento urbano de desarrollos; y, fijar el monto de las garantías de obras de urbanización. En ese sentido, se puede constatar que el Director responsable no tiene potestad para realizar lo pretendido por la impetrante, pues dentro de sus facultades no se prevé la relativa a ordenar que se lleve a cabo el servicio de excavación y colocación de manguera subterránea en propiedades particulares, tampoco que deba ejecutarlo. Sin que pase inadvertido que la quejosa exhibió copia cotejada de la escritura pública número dos mil setecientos veinte, de uno de junio de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público número 82 del Estado de Michoacán, con sede en Apatzingán, la cual contiene el contrato de compraventa de inmueble que celebró Estela Chávez Ávila, en cuanto vendedora y la ahora quejosa********************, en su calidad de compradora, respecto del predio urbano sin construcción, identificado como lote 9, manzana 2, ubicado en la calle Acahuato, del fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social denominado "Jacaranda" en Apatzingán, Michoacán, en la que se asentó en la cláusula cuarta, la siguiente información: ".CUARTA.- La totalidad del inmueble que en este caso se enajena, pasa en propiedad y pleno dominio de la ciudadana MARÍA JACARANDA OCHOA ROJAS, quien adquiere libre de gravamen y responsabilidad, con sus entradas y salidas, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas y con todo lo que le toca y pertenece de hecho y por derecho, quedando obligado la parte vendedora a responder de la evicción y saneamiento en legal forma. Que tanto las obras de urbanización, como son pavimento de calles, guarniciones y banquetas como la introducción de las redes de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica y demás serán introducidos por los compradores de acuerdo a lo establecido en la autorización definitiva señalado en el antecedente III de este documento". La documental enunciada goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo civil federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2, al tratarse de documental pública, por haberse expedido por servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Al examinar dicho instrumento notarial, se robustece que las obras de urbanización autorizadas en el fraccionamiento habitacional urbano de interés social denominado "Jacaranda" en Apatzingán, Michoacán, consistentes en alumbrado público y energía eléctrica, serían introducidas por los compradores. En ese contexto, se estima que, opuesto a lo alegado por la amparista, el oficio reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que es correcto el sustento jurídico y los razonamientos emitidos por la autoridad responsable para negar la solicitud presentada por la impetrante el veinte de septiembre de dos mil veintidós. En esas condiciones, al resultar los conceptos de violación infundados, y sin que se advierta queja deficiente que suplir, procede negar el amparo solicitado. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, contra el acto reclamado del Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Apatzingán, Michoacán, precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto, de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 616/2022, promovido por********************, contra un acto del Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Apatzingán, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso depositado el once de octubre de dos mil veintidós -fojas 3 a 9-, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que enseguida se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- El Director de Desarrollo Urbano Ingeniero Luis Alberto Matías Gaytán y el Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado Ingeniero Homero Antonio Gómez Rubín, ambos del Municipio de Apatzingán, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO.- a) La negativa del servicio de excavación y poner manguera subterránea que en derecho me corresponda con la finalidad de que se me dé el servicio de red de electrificación por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a mi bien inmueble identificado como lote número 9 nueve, de la manzana 2 dos, ubicado en la calle Acahuato sin número (actualmente número oficial 63 sesenta y tres) del Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social denominado "Jacaranda" de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, ya que la dependencia de Desarrollo Urbano de Apatzingán, Michoacán, es la única facultada para realizar el citado servicio; y, b) La negativa por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apatzingán, Michoacán, de prestarme el servicio para obtener el agua potable a mi bien inmueble citado en líneas anteriores". La promovente del amparo expuso que se violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 4 párrafo 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de once de octubre de dos mil veintidós -fojas 27 a 34-, este Juzgado Federal registró la demanda con el número de expediente 616/2022; ordenó la separación de juicios determinando que en este expediente sólo se analizaría el acto reclamado del Director de Desarrollo Urbano, con sede en Apatzingán, Michoacán; del cual admitió a trámite la demanda; pidió el informe justificado de la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, ordenó remitir copia certificada de las constancias de la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (a efecto de que se estudiara en un diverso juicio de amparo el acto reclamado del Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Apatzingán, Michoacán) para que dicha unidad administrativa lo turnara al Juzgado de Distrito que por razón de turno correspondiera. En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós -fojas 86 y 87-, este Juzgador advirtió que la autoridad responsable al rendir el informe justificado complementó el acto reclamado y, toda vez que la impetrante se dolía de la falta de fundamentación y motivación, la previno para que en el término de quince días, manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo, respecto de la complementación y motivación aludidas, con el apercibimiento que, de no hacerlo se continuaría el trámite del juicio en la forma planteada en su libelo inicial. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós -fojas 97 a 99-, la quejosa amplió la demanda de amparo respecto de la complementación y motivación del acto reclamado. TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A las nueve horas con seis minutos del quince de febrero de dos mil veintitrés (fojas 132 y 133(, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo; se abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas; una vez concluida tal etapa, se abrió la de alegatos, en la que se hizo constar que únicamente el Agente del Ministerio Público adscrito formuló pedimento, con lo que cerró dicho periodo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, de su escrito de ampliación y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la quejosa reclama: Del Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Apatzingán, Michoacán: - El oficio de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual dio respuesta a la solicitud planteada por la quejosa mediante ocurso presentado el veinte de septiembre de dicho año, relativa a que ordenara a quien correspondiera que se llevara a cabo la excavación y colocación de una manguera subterránea a efecto de contar en su propiedad con el servicio de electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director de Desarrollo Urbano Municipal, al rendir sus informes justificados, respecto de la demanda inicial y su ampliación, negó la existencia del acto que se le atribuye ?fojas 59 y 60 así como 108 a 111 ?. No obstante, dicho acto debe tenerse por cierto, pues obra en constancias el oficio reclamado, a través del cual dicha autoridad señaló que no era posible llevar a cabo la solicitud planteada por la quejosa mediante el escrito que presentó el veinte de septiembre de ese año, de ahí que se desvirtúe la negativa informada. Dicha documental goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al haberse expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". CUARTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio, (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación son infundados. Se acota que la síntesis de los disensos se realizará conforme a la cuestión efectivamente planteada, en términos del numeral 76 de la ley de la materia. En sus conceptos de violación la quejosa, aduce que el acto reclamado vulnera en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, toda vez que la negativa de realizar el servicio que solicitó, no se encontraba ajustada a la interpretación jurídica de la ley, ni fundada en los principios generales del derecho. Expone, que la negativa de la autoridad responsable respecto de realizar los trámites de excavación y colocación de una manguera subterránea para que obtuviera el servicio de electrificación, le ocasiona un perjuicio en su patrimonio. Refiere, que la fraccionadora que le vendió el inmueble hizo todos los trámites correspondientes de ahí que la responsable le otorgó una autorización definitiva en la que se autorizaron los servicios de red de electrificación y alumbrado público subterráneo. Alega, que el Director responsable determinó que debía tratar su solicitud con la fraccionadora, cuando en su escritura pública que contenía el contrato de compraventa de su inmueble, en la cláusula cuarta señalaba que las redes de los servicios de alumbrado público y energía eléctrica, serían introducidos por el comprador conforme a lo establecido en la autorización definitiva. Considera, que resulta ilógico que la autoridad responsable determinara que debía tratar ese tipo de servicios con la fraccionadora, cuando lo cierto era que el único facultado para autorizar y dar ese tipo de servicios era el Director responsable ya que así había quedado en la autorización definitiva firmada por dicha autoridad. Manifiesta, que la negativa de la autoridad le causa perjuicio al no brindarle los servicios respectivos, no obstante, que existía la autorización definitiva (de quince de noviembre de dos mil dieciséis), por parte del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, donde se habían concedido los servicios en favor del fraccionamiento en el que habitaba. Arguye, que tiene conocimiento de que uno de los habitantes del fraccionamiento contaba con un cargo público en el Ayuntamiento y, tenía el servicio que le negó la autoridad responsable. Refiere, que la luz eléctrica dentro del hogar resultaba necesaria a fin de satisfacer las necesidades del ser humano. Como se precisó, dichos argumentos son infundados. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal, primer párrafo, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del porqué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto, se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, del volumen 97-102, tercera parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere, además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, del tomo XXII, diciembre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como, la jurisprudencia 43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, del tomo XXIII, mayo de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175082, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de la fundamentación y motivación en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal; sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1694, del tomo XXVII, febrero de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170307, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". En relación con lo anterior, el artículo 124, párrafo tercero, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 124. (.) En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración". Con base en dicho precepto, en esta sentencia se analizará el oficio reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo expresó la autoridad responsable en el informe justificado, al tratarse de un asunto del orden administrativo. Una vez precisado lo anterior, se recapitula que la impetrante reclama del Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Apatzingán, Michoacán, el oficio de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual dio respuesta a su ocurso presentado el veinte de septiembre de dicho año, en la que pidió que ordenara a quien correspondiera que se llevara a cabo la excavación y colocación de una manguera subterránea a efecto de contar en su propiedad con el servicio de electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: I. Mediante oficio 389/2016, de quince de noviembre de dos mil dieciséis, el Director responsable, con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 274, 275, 276, 313 y 361 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, expidió a Estela Chávez Ávila, autorización definitiva para la regularización del Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social denominado "Jacaranda", ubicado al Sur de Apatzingán, el cual contaría, entre otros servicios, con el de red de electrificación y alumbrado público -fojas 12 a 14-. II. A través del ocurso presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, ante la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Apatzingán, Michoacán, la quejosa solicitó que se ordenara a quien correspondiera, llevar a cabo en el inmueble urbano de su propiedad, la excavación y colocación de manguera subterránea con la finalidad de que posteriormente la Comisión Federal de Electricidad le proporcionara el servicio de red de electrificación y alumbrado público, toda vez que existía autorización definitiva en favor del fraccionamiento habitacional urbano de interés social denominado "Jacaranda" -foja 10-. III. En respuesta a dicha solicitud, por medio del oficio /2021 (sic) de veintidós de septiembre de dos mil veintidós -foja 11-, el Director responsable, expuso, en lo que interesa, lo siguiente: ". Que de conformidad con la Autorización Definitiva del Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social denominado Jacarandas, de esta Ciudad, de fecha 15 de noviembre del año 2016, donde precisamente se estipula que dicho Fraccionamiento estará dotado, entre otros servicios de urbanización de "Red de Electrificación y Alumbrado Público"; ello fundado en las especificaciones a que se refiere los numerales 312, 316, Fracción V, letra i, y demás relativos del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo; por lo que no es posible que lleve a cabo la excavación subterránea solicitada; por lo que se recomienda que este asunto lo trate Usted directamente con el fraccionador.". IV. Por otro lado, la responsable, al rendir su informe justificado -fojas 59 y 60-, complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado, en síntesis, en los términos siguientes: a) Señala que jamás se negó a otorgar el servicio solicitado, al contrario le hizo la recomendación correspondiente en términos de los artículos 5, fracción II, 316, fracción V, inciso i, y 392, fracción II, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. b) Ello, ya que el fraccionador debía cumplir con las especificaciones señaladas en el artículo 316 citado, por lo que, al momento de poner en venta un inmueble ya debía contar con los servicios que solicitaba la quejosa, entendiéndose que el fraccionador ya había ejecutado por su cuenta dichos servicios, por ello conforme al artículo 5, fracción II, del referido código, le sugirió a la impetrante que tratara su petición directamente con el fraccionador. c) Por otra parte, manifestó que los servicios de excavar y poner manguera subterránea, así como ordenar que los mismos se llevaran a cabo, no se encontraban dentro de sus facultades, ya que los servicios que prestaba eran los establecidos en los artículos 275 y 277 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo. Una vez precisado lo anterior, y retomando lo expuesto por la autoridad responsable en el oficio reclamado, así como en la complementación del mismo, tenemos que, contrario a lo señalado por la quejosa, éste no se encuentra indebidamente fundado ni motivado. En efecto, como se puede advertir la autoridad responsable expuso que no se encontraba dentro de sus facultades prestar los servicios de excavación y colocación de mangueras subterráneas en propiedad privada. En ese sentido los artículos 274 y 277 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo disponen: "ARTÍCULO 274.- Para los efectos de este libro se entenderá por: . XVI. Dependencia Municipal: Dependencia o entidad de la administración pública municipal encargada de la administración urbana del Municipio; (.)". ARTÍCULO 277.- La dependencia municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, tendrá las atribuciones siguientes: I. Expedir las constancias de zonificación urbana; II. Emitir con base en los programas de desarrollo urbano aplicables, las licencias de usos y destinos del suelo o sobre edificaciones, construcción de éstas y localización de las mismas; III. Conceder o negar las autorizaciones de relotificación, fusión, subdivisión y subdivisión-fusión de conformidad con lo dispuesto en este Código; IV. Otorgar o negar las licencias de construcción, remodelación, ampliación, restauración y demolición de inmuebles, de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código, el Reglamento de Construcción respectivo, los programas de desarrollo urbano y demás normatividad aplicable para cada caso; V. Conceder o negar las autorizaciones para cambio de régimen de propiedad privada al de condominio de inmuebles edificados; VI. Dictaminar el uso de las áreas de donación de los Desarrollos y desarrollos en condominio en congruencia con este Código, los programas de desarrollo urbano y el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano; VII. Conceder o negar autorización para la colocación, diseño y retiro de mobiliario urbano; VIII. Otorgar o negar las licencias de obras de urbanización. IX. Expedir el certificado de habitabilidad; X. Otorgar o negar las autorizaciones de visto bueno de los proyectos de vialidad y lotificación y nomenclatura de los Desarrollos y desarrollos en condominio; XI. Determinar en coordinación con el fraccionador la ubicación de las áreas de donación para equipamiento urbano de los Desarrollos y desarrollos en condominio, para su mejor aprovechamiento, en congruencia con lo dispuesto en este Código y los programas de desarrollo urbano y verificar su entrega en la forma y términos establecidos en este Código; XII. Fijar el monto de las garantías para la (sic) obras de urbanización que establece este Código; (REFORMADA, P.O. 16 DE JULIO DE 2013) XIII. Otorgar o negar la autorización definitiva de los desarrollos o desarrollos en condominio; XIV. Otorgar o negar el permiso de venta a los fraccionadores, para iniciar la promoción de lotes, viviendas, locales o unidades, previo cumplimiento de los requisitos legales contenidos en este Código; XV. Llevar a cabo el procedimiento de suspensión del permiso de venta; XVI. Ordenar la realización de inspecciones, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Código y los programas de desarrollo urbano y demás disposiciones aplicables; XVII. Supervisar que la ejecución de las obras de urbanización en los Desarrollos y desarrollos en condominio, se realicen conforme a las especificaciones técnicas con que se hayan autorizado y a las disposiciones del presente ordenamiento; XVIII. Poner en conocimiento de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, las situaciones que puedan constituir infracciones a disposiciones legales cuya aplicación les competa; XIX. Coordinar el procedimiento de la entrega-recepción de las obras de urbanización, con las dependencias y entidades públicas que hayan autorizado los proyectos respectivos para su ejecución, en los términos de este Código; XX. Ordenar en cualquier momento las inspecciones de los lugares en donde se realiza venta de lotes, viviendas, unidades o locales con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes; XXI. Otorgar o negar el permiso de rectificación de autorización de un Desarrollo o desarrollo en condominio; XXII. Autorizar o negar los desarrollos y desarrollos en condominio; XXIII. Auxiliarse en su caso, de la fuerza pública para cumplir y hacer cumplir sus determinaciones; XXIV. Emitir opinión sobre el ejercicio del derecho de preferencia del Ayuntamiento, en los términos de este Código; XXV. Vigilar que en los Desarrollos, y en su caso, desarrollos en condominio que no hayan sido municipalizados, los fraccionadores presten adecuada y suficientemente los servicios a que se encuentran obligados conforme a este Código y la autorización correspondiente; XXVI. Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares; de Desarrollos o desarrollos en condominio, sin las autorizaciones correspondientes; XXVII. Ejecutar las acciones de regularización de los asentamientos humanos irregulares, y en su caso, en coordinación con la Secretaría y las dependencias federales competentes; XXVIII. Establecer el registro de los profesionales que actuarán como directores responsables de obras de urbanización, con quienes los fraccionadores podrán contratar los servicios para la ejecución de las obras de urbanización y edificación en los Desarrollos y desarrollos en condómino; XXIX. Llevar el registro de los programas municipales de desarrollo urbano, para su difusión, consulta pública, control y evaluación; XXX. Imponer las medidas de seguridad, infracciones y sanciones que establece este Código y demás disposiciones jurídicas aplicables; XXXI. Resolver sobre los recursos administrativos que conforme a su competencia les sean planteados; y, XXXII. Las demás atribuciones técnicas y administrativas que este Código o el Ayuntamiento le confiera". Los preceptos transcritos disponen que la dependencia de la administración pública municipal encargada de la administración urbana del municipio, es la facultada para expedir constancias de zonificación urbana; emitir licencias de usos y destinos del suelo o, edificaciones; conceder o negar autorizaciones de relotificación; otorgar o negar licencias de construcción, remodelación, ampliación, restauración y demolición de inmuebles; conceder o negar autorizaciones para cambio de régimen de propiedad privada al de condominio de inmuebles edificados; dictaminar el uso de áreas de donación de desarrollos en condominio; conceder o negar autorización para la colocación, diseño y retiro de mobiliario urbano, así como de desarrollo urbano; expedir certificados de habitabilidad; otorgar o negar autorizaciones de visto bueno de los proyectos de vialidad y lotificación de desarrollos en condominio; determinar en coordinación con el fraccionador la ubicación de las áreas de donación para equipamiento urbano de desarrollos; y, fijar el monto de las garantías de obras de urbanización. En ese sentido, se puede constatar que el Director responsable no tiene potestad para realizar lo pretendido por la impetrante, pues dentro de sus facultades no se prevé la relativa a ordenar que se lleve a cabo el servicio de excavación y colocación de manguera subterránea en propiedades particulares, tampoco que deba ejecutarlo. Sin que pase inadvertido que la quejosa exhibió copia cotejada de la escritura pública número dos mil setecientos veinte, de uno de junio de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público número 82 del Estado de Michoacán, con sede en Apatzingán, la cual contiene el contrato de compraventa de inmueble que celebró Estela Chávez Ávila, en cuanto vendedora y la ahora quejosa********************, en su calidad de compradora, respecto del predio urbano sin construcción, identificado como lote 9, manzana 2, ubicado en la calle Acahuato, del fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social denominado "Jacaranda" en Apatzingán, Michoacán, en la que se asentó en la cláusula cuarta, la siguiente información: ".CUARTA.- La totalidad del inmueble que en este caso se enajena, pasa en propiedad y pleno dominio de la ciudadana MARÍA JACARANDA OCHOA ROJAS, quien adquiere libre de gravamen y responsabilidad, con sus entradas y salidas, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas y con todo lo que le toca y pertenece de hecho y por derecho, quedando obligado la parte vendedora a responder de la evicción y saneamiento en legal forma. Que tanto las obras de urbanización, como son pavimento de calles, guarniciones y banquetas como la introducción de las redes de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica y demás serán introducidos por los compradores de acuerdo a lo establecido en la autorización definitiva señalado en el antecedente III de este documento". La documental enunciada goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo civil federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2, al tratarse de documental pública, por haberse expedido por servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Al examinar dicho instrumento notarial, se robustece que las obras de urbanización autorizadas en el fraccionamiento habitacional urbano de interés social denominado "Jacaranda" en Apatzingán, Michoacán, consistentes en alumbrado público y energía eléctrica, serían introducidas por los compradores. En ese contexto, se estima que, opuesto a lo alegado por la amparista, el oficio reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que es correcto el sustento jurídico y los razonamientos emitidos por la autoridad responsable para negar la solicitud presentada por la impetrante el veinte de septiembre de dos mil veintidós. En esas condiciones, al resultar los conceptos de violación infundados, y sin que se advierta queja deficiente que suplir, procede negar el amparo solicitado. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, contra el acto reclamado del Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Apatzingán, Michoacán, precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto, de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el suscrito Ernesto Adame Ruiz, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que no obra constancia de envío del oficio ********************, por medio del cual se ordenó la notificación del auto de dieciséis de enero del año en curso, a la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano Municipal de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Lo que se asienta para el efecto legal conducente. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. De la certificación de cuenta, se advierte que, no obra constancia de envío del oficio ********************, por medio del cual se ordenó la notificación del auto de dieciséis de enero del año en curso, a la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano Municipal de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. En esa tesitura, se desprende que, a la fecha, se encuentra transcurriendo el plazo concedido, a efecto de que la referida autoridad manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto a la vista que se le dio con la designación del nuevo titular de este órgano jurisdiccional. DIFERIMIENTO. En tales circunstancias, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, captúrese en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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