María Iselda Carrillo Castro

Expediente 37/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 39 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
37/2020
Año
2020
Actuaciones
39
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • María Iselda Carrillo Castro
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, en la que se señala que a la fecha ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto en el numeral 201, fracción I, de la legislación invocada, en contra del proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la ejecutoria pronunciada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado se declara que ha causado estado la determinación de mérito para todos los efectos legales correspondientes, por lo que de conformidad con lo previsto en el ordinal 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto atendiendo a sus particularidades, es depurable y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto y sexto del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el penúltimo párrafo del numeral 18 del citado acuerdo, procédase a su depuración en términos de lo dispuesto en la parte final del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del dos de febrero del año dos mil veintiséis. Del mismo modo, en cumplimiento a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 18 del multireferido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos con su demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser remitidos con el expediente, para su destrucción en su momento procesal oportuno. Cambio de denominación de Juzgado Se hace del conocimiento de las partes que con motivo del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este órgano jurisdiccional cambió de denominación a Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena el cambio de carátulas correspondientes al expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista el acuerdo de uno de febrero de este año, a la parte quejosa, que dice: "Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, en la que se señala que a la fecha ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto en el numeral 201, fracción I, de la legislación invocada, en contra del proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la ejecutoria pronunciada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado se declara que ha causado estado la determinación de mérito para todos los efectos legales correspondientes, por lo que de conformidad con lo previsto en el ordinal 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto atendiendo a sus particularidades, es depurable y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto y sexto del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el penúltimo párrafo del numeral 18 del citado acuerdo, procédase a su depuración en términos de lo dispuesto en la parte final del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del dos de febrero del año dos mil veintiséis. Del mismo modo, en cumplimiento a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 18 del multireferido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos con su demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser remitidos con el expediente, para su destrucción en su momento procesal oportuno. Cambio de denominación de Juzgado Se hace del conocimiento de las partes que con motivo del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este órgano jurisdiccional cambió de denominación a Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena el cambio de carátulas correspondientes al expediente en que se actúa." Se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de ley de amparo, en virtud de no haber comparecido a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal.

  3. Principal

    Visto el estado de autos que integran el presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito procede al examen de los elementos que obran en el expediente, para resolver si la sentencia pronunciada en autos está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Así, el análisis de las constancias de autos revela que en el presente juicio, mediante sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, contra actos de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: ? "Dentro de su respectiva competencia den respuesta a la petición que se les formuló la quejosa María Iselda Carrillo Castro, recibida el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, y, ? Notifiquen de manera personal al peticionario, la resolución que recaiga a dicha solicitud." Determinación en contra de la cual las autoridades señaladas como responsables interpusieron recurso de revisión, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en los autos del amparo en revisión 405/2022, de su índice. Así pues, mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California, Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días acreditaran ante este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento al fallo protector en los términos indicados. En acatamiento a lo anterior, por auto de veinticuatro de noviembre de la anualidad que transcurre, se tuvo a la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitiendo oficio relativo a la determinación de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se resolvió la solicitud de pensión por jubilación de la parte quejosa, en el sentido de que no podía ser legal y debidamente integrada puesto que no cumplía con los lineamientos establecidos en los artículos 3 y 22 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Empleados de Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California, y por ende no procedía continuar con el trámite de su solicitud hasta en tanto se satisficiere dicho requisito, toda vez que requerían del comunicado por parte de la patronal de la que se desprenda la propuesta respecto de la quejosa para ser pensionada por el instituto asegurador. Adicionalmente, refirieron que para estar en aptitud de iniciar el trámite de jubilación que solicita, debería informarles si tiene calidad de trabajadora en activo y le es aplicable el estímulo de permanencia o si fue separada de su cargo por alguna de las causas señaladas en la Ley aplicable en su relación laboral, para lo cual la requerían a la impetrante para que dentro del término de cinco días comunicara lo anteriormente citado. De igual forma, señaló que no fue posible notificar a la impetrante pues en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, no recibieron el oficio respectivo para la práctica de la notificación correspondiente. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno conforme lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; al haber sido exhibida por la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones, gozan de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en las mismas. Así, del análisis integral de la totalidad de las constancias que obran en el sumario, se llega al convencimiento de que en la especie, las autoridades obligadas al cumplimiento pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, acataron el fallo protector. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia PC.XV.J/6 A de la Onceava Época, del Pleno del Decimoquinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Oficial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, consultable en la página 2141, con registro 2024038, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto; sin que se advierta de las constancias analizadas anteriormente que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el referido cumplimiento, menos aún que existiera imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos; por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el correo electrónico proveniente de la Secretaría de Salud, mediante el cual remite un anexo consistente en el oficio girado por el Secretario de Salud del Estado de Baja California y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en su carácter de superior jerárquico, dirigido al Director General de dicho instituto, por medio del cual conminó al mismo para que dé cabal cumplimiento al fallo protector; información de la cual se toma la nota correspondiente para los efectos legales a que haya lugar.

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