María Isela Flores Vasquez

Expediente 913/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
913/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • María Isela Flores Vasquez

Actuaciones

  1. Principal

    SE AGREGA OFICIO MEDIANTE EL CUAL INFORMAN QUE SE ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA Y SE ORDENA ARCHIVO...

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por María Isela Flores Vásquez, por su propio derecho, por el cual promueve juicio de amparo, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Incompetencia Visto el escrito de demanda se advierte que este Órgano Jurisdiccional carece de competencia territorial para conocer del presente juicio de amparo. La competencia constituye un presupuesto de orden público, y se encuentra regulado en el amparo biinstancial por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, en el precepto antes reproducido se establecen tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos lineamientos son claros, se resumen finalmente en dos reglas básicas: la primera, que atribuye competencia al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; y la segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, el promovente María Isela Flores Vásquez, reclama: - El descuento correspondiente al mes de julio de dos mil diecinueve, sobre la Jubilación mensual, relativo a la Clave 25, referente al Servicio Médico. Ahora bien, se estima que es el primer supuesto antes referido el que fija la competencia del Juez de Distrito para conocer el asunto que nos ocupa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, estableció que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se señale como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso; criterio que este Juzgado estima aplicable al caso concreto por las propias razones que expuso el máximo tribunal en el aludido precedente. Lo anterior es así, merced a que el artículo 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora - cuyo texto es similar al numeral 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente a nivel federal a partir del uno de abril de dos mil siete)-, liga el pago de la pensión al domicilio del pensionado por ser el lugar en el que cobra y disfruta su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular (no domicilio fiscal) en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. Por lo tanto, es claro que los actos reclamados por la quejosa María Isela Flores Vásquez, tienen efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas pensionadas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad, es decir, en su domicilio. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil para el Estado de Sonora, establece lo siguiente: "Artículo 124. El domicilio de una persona jurídica individual es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle." "Artículo 125. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarara dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero." "Artículo 126. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente." "Artículo 127. Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar en donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior; y V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido." De los artículos 124 y 125 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él, presumiéndose dicho propósito, por disposición de la ley, cuando se reside en un lugar por más de seis meses, sin declarar el interesado ante las autoridades municipales correspondientes que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo; a falta de lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y en ausencia de estos dos, el lugar donde se halle la persona. Los artículos 126 y 127 definen, el primero, lo que debe entenderse por domicilio legal y, el segundo, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que no tengan esa calidad, caso en el cual, por razón lógica, se aplicará lo establecido en el aludido artículo 124, es decir, su domicilio convencional. En relación con el domicilio de las personas jurídicas individuales, se advierte que los artículos 124 y 125 del Código Civil para el Estado de Sonora establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente, presumiéndose que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquella en que se tiene como domicilio aquel en el que se encontrare la persona. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente, salvo prueba en contrario; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa como legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, la aplicación del artículo 25 de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, puede afirmarse entonces que esas consecuencias materiales repercuten en el pago de la pensión, que se vincula al domicilio del pensionado, por ser éste el lugar en el que se cobra y disfruta su pensión, y en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en el lugar de su domicilio. Por tanto, considerando que la voluntad del legislador, como quedó visto, al atribuir competencia a los Jueces de amparo atiende en primer lugar a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Órgano Jurisdiccional del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar de manera expedita sobre la violación a sus derechos fundamentales, debe estimarse competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubica el domicilio de la promovente. Tiene aplicación la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), Pleno del Quinto Circuito, visible a página 1506, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados." Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica e identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la contradicción de tesis 176/2009, antes referida, de los rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Lo anterior se robustece por lo manifestado bajo protesta de decir verdad de la quejosa en su escrito de demanda, por tanto, la competencia se surtirá a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicho lugar. En esas condiciones, dado que este Juzgador no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, estima que es legalmente incompetente para conocer, así como para resolver el presente juicio de derechos fundamentales; en consecuencia, se ordena remitir los autos del expediente del juicio de amparo en el que se actúa, al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, en turno. Ello es así, pues el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puntos PRIMERO, fracción V, SEGUNDO, fracción V, ordinal 3, CUARTO, fracción V, primer párrafo, dicen: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: V. QUINTO CIRCUITO: Estado de Sonora, con excepción del municipio de San Luis Río Colorado. "SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: V. CIRCUITO: 3. Doce juzgados de Distrito en el Estado de Sonora: seis con sede en Hermosillo, tres con residencia en Nogales, dos con sede en Ciudad Obregón y uno con residencia en Agua Prieta CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: V. QUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de Altar, Atil, Benjamín Hill, Caborca, Cucurpe, General Plutarco Elías Calles, Imuris, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y Tubutama. De lo anterior se concluye que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio, ya que se estima que se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, en turno, por tanto se solicita que se sirva proceder de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Amparo, es decir, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas si acepta o no el conocimiento del asunto. Por tanto, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Tribunal; formar el cuaderno de antecedentes en el que se incluya copia de la demanda de amparo; enviar el cuaderno principal al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, en turno; y, solicitar al mismo el acuse de recibo correspondiente. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados Como lo solicita, con fundamento en los artículos 22 al 27 del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, y acceso a éstos, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, así como en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado al usuario "Carlos Hadad" para consultar el presente juicio en la vía electrónica, en razón de contar con nombre de usuario autorizado en el referido sistema. Asimismo, se autoriza a recibir las respectivas notificaciones por el sistema referido, mismas que surtirán sus efectos a partir de que se registre en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual se documentará en la constancia que se genere automáticamente una vez que el sistema identifique la FIREL que se haya utilizado para expresar dicha solicitud y corrobore que corresponde a la del promovente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 28 del citado Acuerdo General 1/2014. También, se tiene como autorizados a Carlos Ernesto Hadad Parra y Karla Angélica Quijada Chan, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se les tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Notifíquese personalmente en el cuaderno de antecedentes. Así lo acordó Blas Martínez Aboyte, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los oficios CCJ/ST/1644/2019 y CCJ/ST/2333/2019, de treinta de abril y cuatro de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, signados por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por vacaciones del Titular, y firma ante Víctor Manuel Puebla Gutiérrez, secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.- Doy Fe.

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