María Isela Bojorquez Canché
Expediente 1514/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1514/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Isela Bojorquez Canché
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV. Agréguese a los presentes autos el oficio 206/2019-P2, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el veintidós de marzo del presente año, por ese Cuerpo Colegiado, en la queja 16/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por María Isela Bojórquez Canché, representante legal de la persona moral quejosa "Servicios Profesionales y Estudios de Mercado", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, resolución en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja, interpuesto por SERVICIOS PROFESIONALES Y ESTUDIOS DE MERCADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderada María léela Bojórquez Canché, contra el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto 1514/2018-1V." En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo; y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otra parte, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, diversos documentos; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del citado punto, prevéngase a la parte quejosa para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexó; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Agréguese a este expediente el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del juicio de amparo 1514/2018.IVI, que fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho; asimismo, informa que se admitió el recurso de queja quedando registrado con el número 16/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el escrito de María Isela Bojórquez Canché, representante legal de la persona moral "SERVICIOS PROFESIONALES Y ESTUDIOS DE MERCADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, junto con cinco copias del mismo, en el que se desechó la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo al considerar actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, en relación con el artículo 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, asimismo remítase el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de la naturaleza del acto que reclama. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/6276/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA ISELA BOJÓRQUEZ CANCHÉ, quien se ostenta representante legal de la persona moral "SERVICIOS PROFESIONALES Y ESTUDIOS DE MERCADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra actos de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce la personalidad con la cual se ostenta, toda vez que lo acredita con la copia certificada del primer testimonio de escritura pública que contiene la protocolización del acta de asamblea general de socios de la persona moral denominada "Servicios Profesionales y Estudios de Mercado ", Sociedad Anónima de Capital Variable, número novecientos treinta y nueve, de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario Público número Cuarenta y Ocho del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, licenciado Gustavo A. Monforte Luján. Ahora bien, de una revisión de la demanda se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable un motivo de improcedencia que conduce a DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo por cuanto al acto reclamado que refiere. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama de la Sala Regional Peninsular del H. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente marcado con el número 838/18-16-01-3, relativo al juicio contencioso administrativo promovido por la empresa aquí quejosa, mediante la cual se resolvió el recurso de reclamación, promovido en contra del acuerdo de uno de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se desecharon las pruebas testimonial y pericial en materia contable, que ofertó en el aludido expediente. Precisado lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V aplicado a contrario sensu, en relación con el diverso numeral 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues se trata de una violación procesal, ya que éste no afecta a las partes en grado predominante o superior, pues se trata de una actuación emitida en autos del expediente 838/18-16-01-3, esto es, en relación al desechamiento de las pruebas pericial y testimonial ofrecidas por la hoy parte quejosa en el juicio contencioso administrativo de origen. Al respecto, los artículos 107, fracción V y 172 fracción III, de la Ley de Amparo, disponen respectivamente lo siguiente: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (...)V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (..) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley. La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de instar el juicio constitucional por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como acto de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales dentro del procedimiento administrativo, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. De ahí que el acto reclamado, consistente en la resolución de fecha doce de noviembre del año en curso, dictada en autos del expediente marcado con el número 838/18-16-01-3, relativo al juicio contencioso administrativo promovido por la hoy parte quejosa, en la que resolvió confirmar el acuerdo de uno de agosto de dos mil dieciocho, que desechó tales pruebas pericial y testimonial, se trata de un acto dictado dentro del juicio que no causa una afectación de imposible reparación, sino que produce efectos meramente procesales. De igual manera no puede decirse que tal acto procesal afecte a las partes en sus derechos en grado predominante o superior, porque no reviste las características de extrema gravedad, pues su trascendencia estará vinculada al resultado al que se arribe al resolver el fondo del asunto; además, por estar contemplada en la ley de amparo como de aquellas violaciones que deben ser reclamadas en el amparo directo al tenor del artículo 172, fracción III, de la Ley de la materia, ocasiona que, en caso de existir la violación alegada, ésta pueda repararse a través de tal medio de impugnación constitucional, sin que se demerite en forma alguna a las garantías individuales del peticionario, no obstante que aún y cuando dicha determinación pudiera acarrear una violación de carácter formal o procesal, la misma en sí no puede considerársele como una violación sustancial que afecte al promovente en sus derechos en grado predominante o superior, porque lo único que conlleva es a la continuación del juicio de origen y no implica necesariamente que el fallo deba ser contrario al interés del solicitante de la protección constitucional. Por las razones anotadas se reitera, que el acto que reclama la parte quejosa no es de imposible reparación, ya que no implica necesariamente que la sentencia que llegare a emitirse deba ser contraria a los intereses del peticionario, ni tampoco puede decirse que tal acto procesal, afecte a las partes en sus derechos en grado predominante o superior, pues ésta no reviste las características de extrema gravedad, ya que su trascendencia estará vinculada al resultado al que se arribe al resolver el fondo del asunto; máxime que por estar contemplada en la Ley de la Materia, como de aquellas violaciones que deben de ser reclamadas en el amparo directo, ocasiona que, en caso de existir la violación alegada, ésta pueda repararse a través de tal medio de impugnación constitucional, sin que se demerite en forma alguna a las garantías individuales del solicitante de amparo; por tanto, debe concluirse que el acto reclamado constituye una violación procesal que debe ser reclamada hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que éste, le sea desfavorable, a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva, en los términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso "a", de la Constitución Federal, así como 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por las razones que expone la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, en materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a página 1186, tomo XVII, de mayo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." De igual manera, sustenta lo anterior la Tesis Aislada XI.T Aux.C.1. K, en materia común, sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable a página 1180, tomo XXXII, de julio 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa en cuanto al acto reclamado en comento, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, atendiendo a lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado las tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por MARÍA ISELA BOJÓRQUEZ CANCHÉ, representante legal de la persona moral "SERVICIOS PROFESIONALES Y ESTUDIOS DE MERCADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con fundamento en el artículo 61 la fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V aplicado en sentido contrario, y el diverso numeral 172 fracción III, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de garantías, y como autorizados para tal efecto a Eduardo Gálvez Patrón, Pablo Chami Lago y Johana Daniela Braga Peniche, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y a José Manuel Abaroa Sánchez, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se les autoriza para utilizar medios electrónicos con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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