María Isaías Hernández Vázquez
Expediente 1082/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Isaías Hernández Vázquez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que en proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, el Presidente de dicho órgano Colegiado, aceptó la competencia que este Juzgado Federal le declinó la demanda de amparo promovida por María Isaías Hernández Vázquez, en contra de la resolución de dieciocho de octubre del año en curso, dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el expediente 572/2015 de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Al respecto, del estado de autos se advierte que el presente expediente se encuentra concluido y que es de aquéllos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 1082/2017-I, toda vez que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente de conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos seis meses posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de ocho de diciembre de dos mil diecisiete: Visto el escrito de cuenta, signado por María Isaías Hernández Vázquez, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, en consecuencia se tiene por cumplido el requerimiento de que se trata y vista de nueva cuenta su demanda de amparo se provee: Ahora, del ocurso de amparo promovido por María Isaías Hernández Vázquez, contra el acto del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se desprende que reclama la resolución de dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, la cual fue dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 572/2015, del su índice. En el caso resulta pertinente señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Lo anterior en virtud de que este órgano jurisdiccional se estima legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por María Isaías Hernández Vázquez, por propio derecho, por el acto precisado en párrafos precedentes, por razón de la vía. En ese sentido, conviene señalar que los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Explicado lo anterior, debe mencionarse que del contenido de los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Para mayor comprensión resulta oportuno transcribir el contenido de los preceptos citados: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.)" "Articulo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." En la especie, se advierte que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues lo constituye la resolución de dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, la cual fue dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 572/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, resolución con la que se puso fin al juicio ejecutivo mercantil radicado ante el referido Juzgado. En efecto, como se desprende de las constancias de autos, previa substanciación en sus respectivas etapas procesales del juicio ejecutivo mercantil 572/2015, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, promovido por Verónica Durán Cornejo en su carácter de endosataria en propiedad de Ma. Guadalupe Cornejo Hurtado, contra María Isaías Hernández Vázquez, el juez responsable el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dicto sentencia definitiva, en la que declaró procedente la acción cambiaria directa y la vía ejecutiva mercantil y por probada dicha acción, condenando a la aquí quejosa al pago de la suerte principal, intereses moratorios, y gastos y costas; de ahí que se tenga, que el acto reclamado constituye una sentencia definitiva, sobre la cual este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del mismo. Sin que para determinar la vía en que debe promoverse el juicio deba atenderse a la violación alegada, pues en sí, el acto reclamado es el que la determina. Es aplicable la jurisprudencia XIV.C.A. J/22, del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1253, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señalan: "AMPARO DIRECTO. ES LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA DE LA VIOLACIÓN PROCESAL ALEGADA, LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA. Conforme al artículo 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo directo sólo es procedente en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, por lo que si en el caso se reclama en esa vía un acto dictado dentro del juicio o en la fase de ejecución, es inconcuso que no encuadra en alguna de esas hipótesis, al no tratarse de una sentencia que resuelva el juicio en lo principal, o lo dé por concluido, lo que establece la improcedencia del juicio de amparo uniinstancial. No es obstáculo para concluir de ese modo, que el quejoso haga valer una violación procesal prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ya que a ese respecto no debe perderse de vista que lo que determina la procedencia del juicio de amparo directo no es la naturaleza de la violación alegada, sino la del acto reclamado, pues acorde con los artículos 44, 46 y 158 de la invocada ley reglamentaria, para la procedencia de ese juicio es menester que se trate de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; y aunque el numeral 159 aluda a las violaciones procesales que pueden impugnarse en la vía directa, en términos del último párrafo del citado artículo 158, dichas violaciones procesales sólo podrían ser impugnadas en el amparo directo que al respecto se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio." En efecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo directo (que conoce un Tribunal Colegiado de Circuito), procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, emitidos por órganos jurisdiccionales terminales, como en el caso sucede. Por consiguiente, toda vez que el acto reclamado es la sentencia definitiva de dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 572/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, es que se considera que respecto de éste el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno, pues de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos órganos jurisdiccionales son los competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas, dictadas por tribunales administrativos. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, una vez que obre en autos la constancia de la notificación del presente proveído realizada a la parte quejosa, remítase el presente expediente, con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, para los efectos previstos en el citado artículo; solicitando el acuse de recibo respectivo; fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; por el que da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en dicho auto.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete: Vista la demanda que promueve María Isaías Hernández Vázquez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1082/2017-I. En principio, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en la fracción V, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: La etapa procesal en la que se encuentra el expediente 572/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Verónica Durán Cornejo, en su carácter de endosataria en propiedad de Ma. Guadalupe Cornejo Hurtado, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, debiendo además, ampliar los antecedentes del acto reclamado; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado; así como como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, refiera el contenido de la resolución de dieciocho de octubre del año en curso, la cual fue dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 572/2015, del índice del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y si en su caso, recurrió ésta a través de algún medio de impugnación, refiriendo de ser así cuál fue. Lo anterior, ya que no se aprecia de su narrativa el contenido o pronunciamiento hecho en la referida resolución por parte de la autoridad responsable, lo que resulta necesario para estar en aptitud de darle el trámite correspondiente a la demanda promovida. Asimismo, hágase del conocimiento a la parte promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio, y en su caso, los anexos, con los que dé cumplimiento a esta prevención en original y tantas copias sean necesarias para correr traslado a las partes, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 36/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, tomo XIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2001, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo , de la Ley de Amparo. Para mejor proveer con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo, manifieste el estado procesal que guardan las actuaciones del expediente 572/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Verónica Durán Cornejo, en su carácter de endosataria en propiedad de Ma. Guadalupe Cornejo Hurtado, remitiendo al efecto copia certificada del mismo; con el apercibimiento; que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado o manifieste su imposibilidad para ello se hará acreedora a una medida de apremio consistente en multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo .
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