Maria Isabel Vargas Castelan

Expediente 2118/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2118/2015
Año
2015
Actuaciones
26
Última actuación
30/11/2016

Partes del expediente

  • Maria Isabel Vargas Castelan
  • Juez de lo Civil de Tlatlauquitepec, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos de los que se advierte, que mediante proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de a justicia federal y por diverso de siete de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplida la misma, glosándose el original del incidente de suspensión y ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido, en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se ordena la cancelación de la póliza de fianza número 3154-05766-7, que amparan la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n); garantía fijada a la parte quejosa al decretarse la suspensión provisional del acto reclamado, la cual fue expedida por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, misma que quedó registrada en este Juzgado Federal con el 54/2015, se ordena su remisión a la citada compañía de fianzas, por estimarse que se ha extinguido la obligación adquirida, haciendo la anotación correspondiente en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. En el mismo contexto, y toda vez que mediante proveído de quince de enero de dos mil dieciséis, se ordenó devolver a la parte quejosa la póliza de fianza número 6417-51355-1, que amparan la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n); garantía que exhibió para que surtiera sus efectos la suspensión definitiva concedida; y tomando en consideración que el monto de dicha garantía que debió haber sido exhibida era por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n); en tal virtud, al no garantizar la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se ordena la cancelación de la póliza de fianza número 6417-51355-1, que amparan la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n); la cual fue expedida por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, misma que quedó registrada en este Juzgado Federal con el número 1/2016, se ordena su remisión a la citada compañía de fianzas, por considerarse que no fue la garantía correcta, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno de este Juzgado Federal.

  2. Principal

    SE TIENE POR CUMPLIDA EJECUTORIA DE AMPARO V i s t o el estado de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora en la que se concedió el amparo para el efecto de que: "1.- La autoridad responsable Juez Civil de Tlatlauquitepec Puebla, deje insubsistente el auto de tres de noviembre de dos mil quince, en la parte relativa la imposición de la medida de apremio; y 2.- Con plenitud de jurisdicción, dicte otro el cual podrá ser en el mismo o en diverso sentido, debiendo fundar y motivar su determinación (foja 68)." Lo anterior en virtud de que en la ejecutoria de garantías, se señaló textualmente lo siguiente: "Pues cierto es que la autoridad responsable omite precisar en qué medida, por qué razones o sobre qué bases consideró que era imponer un arresto por el tiempo máximo previsto en la ley, por lo que tal determinación deviene ilegal, en tanto que la potestad común, debió, en cumplimiento al citado precepto constitucional, exponer los razonamientos tendentes a explicar los motivos o las circunstancias que tuvo en cuenta para concluir que era procedente imponer a la quejosa el arresto que aquí se reclama, tales como la naturaleza, las consecuencias y la gravedad del asunto, así como sus condiciones personales, pues al no haberlo hecho así, es evidente que esa determinación, afecta la esfera jurídica del quejoso aunque de manera inminente en cuanto a su libertad personal, incumple con la exigencia que le impone el artículo 16 constitucional (foja 66 vuelta)." Por acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia constitucional y se requirió a las responsables su cumplimiento (foja 78). Mediante oficio 875 de once de mayo de dos mil dieciséis, recibido en este juzgado el dieciocho de mayo siguiente, el Juez Civil de Tlatlauquitepec, Puebla, transcribió el auto de once de mayo de dos mil dieciséis, por el cual dejó insubsistente la parte relativa a la imposición de la medida de apremio (consistente en el arresto por treinta y seis horas) decretada en auto de tres de noviembre de dos mil quince, y dictó una nueva determinación en la cual estableció hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos a la aquí quejosa, consistente en un arresto por treinta y seis horas, mismo que debe cumplir en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, fundando y motivando el mismo en el sentido de que no dio cumplimiento a lo establecido en el convenio celebrado entre las partes el dos de diciembre de dos mil trece, ni a los diversos requerimientos formulados por la responsable, situaciones que lo condujeron a advertir la contumacia de la quejosa para cumplir con lo ordenado por la responsable cumpliendo de este modo con los requisitos de fundamentación y motivación (fojas 81 y 82). Mediante auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con dichas constancias por el término de tres días para que expusieran lo que a su interés conviniera, sin que realizaran manifestación alguna (foja 83). Es así como se advierte que la responsable, al dejar insubsistente la parte relativa a la imposición de la medida de apremio decretada en auto de tres de noviembre de dos mil quince y al dictar una nueva determinación fundada y motivada, al considerar que debido al incumplimiento por parte de la aquí quejosa le impondría como medida de apremio un arresto por treinta y seis horas, tomando en cuenta la inobservancia al convenio celebrado entre las partes el dos de diciembre de dos mil trece, como a los reiterados incumplimientos por parte de la misma, constituyen las razones por las que se considera que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que debe considerarse cumplida en sus términos. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARÍA ISABEL VARGAS CASTELAN EL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE TIENE POR CUMPLIDA EJECUTORIA DE AMPARO V i s t o el estado de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora en la que se concedió el amparo para el efecto de que: "1.- La autoridad responsable Juez Civil de Tlatlauquitepec Puebla, deje insubsistente el auto de tres de noviembre de dos mil quince, en la parte relativa la imposición de la medida de apremio; y 2.- Con plenitud de jurisdicción, dicte otro el cual podrá ser en el mismo o en diverso sentido, debiendo fundar y motivar su determinación (foja 68)." Lo anterior en virtud de que en la ejecutoria de garantías, se señaló textualmente lo siguiente: "Pues cierto es que la autoridad responsable omite precisar en qué medida, por qué razones o sobre qué bases consideró que era imponer un arresto por el tiempo máximo previsto en la ley, por lo que tal determinación deviene ilegal, en tanto que la potestad común, debió, en cumplimiento al citado precepto constitucional, exponer los razonamientos tendentes a explicar los motivos o las circunstancias que tuvo en cuenta para concluir que era procedente imponer a la quejosa el arresto que aquí se reclama, tales como la naturaleza, las consecuencias y la gravedad del asunto, así como sus condiciones personales, pues al no haberlo hecho así, es evidente que esa determinación, afecta la esfera jurídica del quejoso aunque de manera inminente en cuanto a su libertad personal, incumple con la exigencia que le impone el artículo 16 constitucional (foja 66 vuelta)." Por acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia constitucional y se requirió a las responsables su cumplimiento (foja 78). Mediante oficio 875 de once de mayo de dos mil dieciséis, recibido en este juzgado el dieciocho de mayo siguiente, el Juez Civil de Tlatlauquitepec, Puebla, transcribió el auto de once de mayo de dos mil dieciséis, por el cual dejó insubsistente la parte relativa a la imposición de la medida de apremio (consistente en el arresto por treinta y seis horas) decretada en auto de tres de noviembre de dos mil quince, y dictó una nueva determinación en la cual estableció hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos a la aquí quejosa, consistente en un arresto por treinta y seis horas, mismo que debe cumplir en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, fundando y motivando el mismo en el sentido de que no dio cumplimiento a lo establecido en el convenio celebrado entre las partes el dos de diciembre de dos mil trece, ni a los diversos requerimientos formulados por la responsable, situaciones que lo condujeron a advertir la contumacia de la quejosa para cumplir con lo ordenado por la responsable cumpliendo de este modo con los requisitos de fundamentación y motivación (fojas 81 y 82). Mediante auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con dichas constancias por el término de tres días para que expusieran lo que a su interés conviniera, sin que realizaran manifestación alguna (foja 83). Es así como se advierte que la responsable, al dejar insubsistente la parte relativa a la imposición de la medida de apremio decretada en auto de tres de noviembre de dos mil quince y al dictar una nueva determinación fundada y motivada, al considerar que debido al incumplimiento por parte de la aquí quejosa le impondría como medida de apremio un arresto por treinta y seis horas, tomando en cuenta la inobservancia al convenio celebrado entre las partes el dos de diciembre de dos mil trece, como a los reiterados incumplimientos por parte de la misma, constituyen las razones por las que se considera que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que debe considerarse cumplida en sus términos. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA JORGE LUIS ARELLANO MENDIOLA EL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE TIENE POR CUMPLIDA EJECUTORIA DE AMPARO V i s t o el estado de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora en la que se concedió el amparo para el efecto de que: "1.- La autoridad responsable Juez Civil de Tlatlauquitepec Puebla, deje insubsistente el auto de tres de noviembre de dos mil quince, en la parte relativa la imposición de la medida de apremio; y 2.- Con plenitud de jurisdicción, dicte otro el cual podrá ser en el mismo o en diverso sentido, debiendo fundar y motivar su determinación (foja 68)." Lo anterior en virtud de que en la ejecutoria de garantías, se señaló textualmente lo siguiente: "Pues cierto es que la autoridad responsable omite precisar en qué medida, por qué razones o sobre qué bases consideró que era imponer un arresto por el tiempo máximo previsto en la ley, por lo que tal determinación deviene ilegal, en tanto que la potestad común, debió, en cumplimiento al citado precepto constitucional, exponer los razonamientos tendentes a explicar los motivos o las circunstancias que tuvo en cuenta para concluir que era procedente imponer a la quejosa el arresto que aquí se reclama, tales como la naturaleza, las consecuencias y la gravedad del asunto, así como sus condiciones personales, pues al no haberlo hecho así, es evidente que esa determinación, afecta la esfera jurídica del quejoso aunque de manera inminente en cuanto a su libertad personal, incumple con la exigencia que le impone el artículo 16 constitucional (foja 66 vuelta)." Por acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia constitucional y se requirió a las responsables su cumplimiento (foja 78). Mediante oficio 875 de once de mayo de dos mil dieciséis, recibido en este juzgado el dieciocho de mayo siguiente, el Juez Civil de Tlatlauquitepec, Puebla, transcribió el auto de once de mayo de dos mil dieciséis, por el cual dejó insubsistente la parte relativa a la imposición de la medida de apremio (consistente en el arresto por treinta y seis horas) decretada en auto de tres de noviembre de dos mil quince, y dictó una nueva determinación en la cual estableció hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos a la aquí quejosa, consistente en un arresto por treinta y seis horas, mismo que debe cumplir en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, fundando y motivando el mismo en el sentido de que no dio cumplimiento a lo establecido en el convenio celebrado entre las partes el dos de diciembre de dos mil trece, ni a los diversos requerimientos formulados por la responsable, situaciones que lo condujeron a advertir la contumacia de la quejosa para cumplir con lo ordenado por la responsable cumpliendo de este modo con los requisitos de fundamentación y motivación (fojas 81 y 82). Mediante auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con dichas constancias por el término de tres días para que expusieran lo que a su interés conviniera, sin que realizaran manifestación alguna (foja 83). Es así como se advierte que la responsable, al dejar insubsistente la parte relativa a la imposición de la medida de apremio decretada en auto de tres de noviembre de dos mil quince y al dictar una nueva determinación fundada y motivada, al considerar que debido al incumplimiento por parte de la aquí quejosa le impondría como medida de apremio un arresto por treinta y seis horas, tomando en cuenta la inobservancia al convenio celebrado entre las partes el dos de diciembre de dos mil trece, como a los reiterados incumplimientos por parte de la misma, constituyen las razones por las que se considera que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que debe considerarse cumplida en sus términos. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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