María Isabel Valdéz López.
Expediente 333/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Isabel Valdéz López.
- Sabina López Roldán.
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo del diverso oficio 1489/2018, así como los anexos que se enviaron, e informa que por las razones expuestas por este órgano colegiado, ese juzgado federal continuará conociendo del juicio de amparo indirecto 737/2018-5. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de conformidad con lo ordenado en el punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de destrucción a las incompetencias en los que otro órgano jurisdiccional haya aceptado la competencia; por tal motivo, remítase el expediente de que se trata al archivo de este órgano colegiado para su resguardo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de seis meses de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
Ahora bien, de las constancias que conforman el juicio de amparo, se aprecia que por resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo indirecto radicado bajo el número 737/2018, en virtud de que las quejosas, reclamaron la sentencia definitiva dictada el trece de mayo de dos mil quince, con motivo del juicio agrario 386/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con sede en la ciudad de Pachuca Hidalgo, por lo que ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado no acepta la competencia para conocer del juicio de amparo en mención, remitido por el Juez de Distrito aludido, de acuerdo a lo que se expone a continuación. De las constancias recibidas, se advierte que mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, las quejosas, promovieron amparo contra los actos reclamados siguientes: Del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo: el auto de formal prisión y medidas cautelares de uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 33/2016 de su índice. Del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo: la falta de investigación en actuaciones de la causa penal 55/2013 agregadas a la diversa 33/2015 del registro del citado órgano jurisdiccional, así como la omisión de solicitar el sobreseimiento del proceso penal instruido a la promovente y otros, en el proceso citado en ulterior término. De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad: la resolución definitiva dictada en el expediente 386/2013-14 relativo a la demanda de nulidad de acta de asamblea y asignación de parcelas. Del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo: la expedición del certificado parcelario, y la falta de notificación de la expedición de los certificados parcelarios 000000035212 y 000000014455. Del Procurador Agrario en el Estado de Hidalgo: La omisión de reconocer la existencia de las quejosas como ejidatarias. La demanda de amparo citada inicialmente fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el que se registró bajo el número de expediente 745/2018 y por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el titular de dicho órgano jurisdiccional resolvió la separación de juicios, en razón de que las quejosas reclamaron actos cuya fuente generadora provenía de procedimientos distintos y desvinculados entre sí. Lo anterior, debido a que las accionantes del juicio, por una parte reclamaron actos de naturaleza penal atribuidos al Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y al agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional y por otra parte, reclamaron actos de naturaleza agraria atribuidos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, al Registro Agrario Nacional y al Procurador Agrario en el Estado de Hidalgo. Así las cosas, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, determinó que en el juicio de amparo 745/2018, se resolvería lo conducente a los actos de naturaleza penal, asimismo, que se remitiera a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, copia certificada de la demanda de amparo para que fuera turnada a cualquiera de los Juzgados de Distrito a efecto de que conociera del juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a las autoridades con competencia en materia agraria. En ese orden de ideas, la demanda de cuestión fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en donde el cinco de julio de dos mil dieciocho, se radicó con el número de expediente 737/2018, en el que se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, mismos que se agregaron en proveídos de trece, diecisiete y veinte de julio del año en curso, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y se emplazaron a los terceros interesados. Asimismo, como se expuso en párrafos precedentes, por resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el titular de ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo citado, en virtud de que las quejosas, reclamaron la sentencia definitiva dictada el trece de mayo de dos mil quince, con motivo del juicio agrario 386/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con sede en la ciudad de Pachuca Hidalgo, por lo que ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno, el cual fue turnado a este Tercer Tribunal Colegiado del circuito judicial en cita. Pues bien, de las constancias que conforman el juicio agrario 386/2013, se aprecia que la parte actora en dicho expediente lo fue la que se indica quien demandó diversas prestaciones, entre ellas, la nulidad del acta de asamblea que se indica, elaborada con motivo de la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, del Ejido indicado; sin embargo, de los autos que conforman dicho juicio agrario, no se advierte que la ahora quejosa haya figurado con el carácter de parte en el mismo, ni que tuviera intervención alguna. En ese contexto, existe la posibilidad de que la citada pretenda impugnar la sentencia dictada en el juicio agrario con el carácter de tercero extraño a juicio, en cuyo caso, dicho aspecto se tendrá que analizar vía amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, por ende, se estima que en este momento procesal el Juez de Amparo no se encontraba en condiciones de declinar competencia en favor del tribunal colegiado de circuito, para conocer del amparo promovido por ambas quejosas. De ahí que como se adelantó en párrafos precedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado no acepta la competencia para conocer del juicio de amparo, por lo que se ordena devolver al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo los autos del juicio de amparo indirecto 737/2018, promovido por las quejosas a efecto de que continúe con la secuela procesal y en su momento resuelva lo que conforme a derecho proceda. Toda vez que las recurrentes en el juicio de amparo de origen señalaron los estrados del juzgado de distrito del conocimiento, los que no pueden conceptuarse como un domicilio convencional, pues precisamente a falta de éste es que se notifica por estrados, que se traduce en una forma de realizar las notificaciones y no un lugar donde se practican; en consecuencia, realícensele ésta y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señalen domicilio dentro de la residencia de este tribunal; en cuanto a la persona que autorizan, dígaseles que únicamente se tendrán con tal carácter si acredita ante este tribunal encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado y tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; mientras tanto, con fundamento en la última parte del párrafo segundo del artículo 12° de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que refiere en su escrito de demanda. Finalmente, conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5° y 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.
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