María Isabel Silvia Loría Fernández

Expediente 643/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
643/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • María Isabel Silvia Loría Fernández y Otros.
  • María Isabel Silvia Loría Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, autoridad responsable en este asunto, con el cual acusa recibo del oficio número 19430/2018, del índice de este Juzgado, con el cual se le devolvieron las copias certificadas del expediente 854/2007 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ....

  3. Principal

    VI. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Fiscal Investigador del Ministerio Público, Agencia Décimo Quinta, con sede en Tizimín, Yucatán, autoridad responsable en este asunto, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la falta de investigación y consignación ante la autoridad correspondiente respecto al incumplimiento de obligaciones alimentarias dentro del expediente 854/2007. Ahora, del informe de cuenta y constancias anexas a dicho informe, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el Fiscal Investigador del Ministerio Público, Agencia Décimo Quinta, con sede en Tizimín, Yucatán, recibió la averiguación previa número 1761/Ag3/2008, dando origen a la averiguación previa 1633/15/2018, sin embargo, en virtud de que la quejosa dejó de darle trámite a dicha investigación mediante acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, declaró la prescripción de la acción penal en dicha averiguación, siendo notificado a la parte aquí quejosa el mismo día veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Lo anterior es así, toda vez que en el caso el acto reclamado por la quejosa lo hizo consistir esencialmente en la omisión de la autoridad responsable a pronunciarse sobre investigación y consignación ante la autoridad correspondiente respecto al incumplimiento de obligaciones alimentarias dentro del expediente 854/2007, en virtud del cual la autoridad responsable ya se pronunció, dado que dictó un acuerdo en el que determinó que operó la prescripción de la averiguación previa, por lo que el acto así reclamado quedó insubsistente. Y para el caso de que el hoy quejoso, estime que la determinación emitida por la responsable no es acorde a sus pretensiones, cuenta a su alcance con los medios de impugnación ordinarios respectivos para hacerlo valer en su contra y obtener la revocación o modificación de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Fiscal Investigador del Ministerio Público, Agencia Décimo Quinta, con sede en Tizimín, Yucatán, autoridad responsable en este asunto, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la falta de investigación y consignación ante la autoridad correspondiente respecto al incumplimiento de obligaciones alimentarias dentro del expediente 854/2007. Ahora, del informe de cuenta y constancias anexas a dicho informe, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el Fiscal Investigador del Ministerio Público, Agencia Décimo Quinta, con sede en Tizimín, Yucatán, recibió la averiguación previa número 1761/Ag3/2008, dando origen a la averiguación previa 1633/15/2018, sin embargo, en virtud de que la quejosa dejó de darle trámite a dicha investigación mediante acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, declaró la prescripción de la acción penal en dicha averiguación, siendo notificado a la parte aquí quejosa el mismo día veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Lo anterior es así, toda vez que en el caso el acto reclamado por la quejosa lo hizo consistir esencialmente en la omisión de la autoridad responsable a pronunciarse sobre investigación y consignación ante la autoridad correspondiente respecto al incumplimiento de obligaciones alimentarias dentro del expediente 854/2007, en virtud del cual la autoridad responsable ya se pronunció, dado que dictó un acuerdo en el que determinó que operó la prescripción de la averiguación previa, por lo que el acto así reclamado quedó insubsistente. Y para el caso de que el hoy quejoso, estime que la determinación emitida por la responsable no es acorde a sus pretensiones, cuenta a su alcance con los medios de impugnación ordinarios respectivos para hacerlo valer en su contra y obtener la revocación o modificación de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe. Maru

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano