María Isabel Sánchez Gutiérrez
Expediente 89/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Isabel Sánchez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal por el plazo comprendido del uno de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y por ello el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19; por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Por su parte, por diversa circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, dio a conocer las diversas medidas especiales aprobadas por la referida Comisión Especial que deberán adoptarse dada la modificación de la situación de contagios por Covid-19 en el país en relación con los circuitos de Guanajuato y de esta entidad, entre ellas la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos, conforme al esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y aplicación de este para la operación de los órganos jurisdiccionales de dichos circuitos, a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno. En razón de lo anterior; vista la demanda de amparo promovida por María Isabel Sánchez Gutiérrez, por conducto de su apoderado legal Javier Ruiz Gutiérrez, personalidad que acredita con el documento al efecto exhibe, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Guerrero, con residencia en Chilpancingo y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 89/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA Una vez establecido lo anterior, se procede a dilucidar sobre la procedencia de la demanda de amparo que nos ocupa. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, en el presente juicio se tiene que la parte identifica como acto reclamado lo que denomina como "La revaluación de mi predio para determinar la base catastral sin haber seguido los lineamientos que marca la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero." Lo anterior, sobre la base de que: 1.- El veintiséis de enero del año en curso acudió ante la autoridad responsable a realizar el pago del impuesto predial. 2.- En esa misma fecha le fue expedido el recibo de pago por la aludida contribución; documental que se adjunta a la demanda que nos ocupa y de la cual, contrario a lo que señala la parte quejosa, no se advierte cuál es el importe de la base gravable del impuesto predial pagado. Precisado lo anterior, y en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 53, ambos de la Ley de Amparo, ya que lo atribuido a la autoridad responsable no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, como se expone a continuación. En primer lugar debe señalarse que en diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el invocado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En ese sentido, de lo narrado por la promovente del amparo da cuenta de que el impuesto predial, cuya base a su vez se constituye por el valor catastral no fue determinado por la autoridad municipal en el ejercicio de sus atribuciones fiscales, sino que fue el propio contribuyente quien se autoliquidó. Lo anterior adquiere relevancia entonces porque la pretendida determinación que se atribuye a la Directora de Catastro relativa al valor catastral a que se refiere no puede ponderarse de manera aislada sino como parte de la propuesta planteada por la autoridad municipal sobre el importe del impuesto predial, ya que -se insiste- el importe de tal base no se fijó en forma unilateral y obligatoria, y en todo caso, el entero de tal contribución sólo habilita al interesado para impugnar la norma que regule su cálculo. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Más aún, tampoco debe perderse de vista que la obtención del valor catastral se encuentra regulado en el artículo 44 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, en tanto que los artículos 16, fracción I, y 42, fracción III, de la aludida legislación permiten que a petición del interesado se lleve a cabo el proceso de valuación o revaluación catastral, de modo que el gobernado no queda en estado de indefensión para el caso de que hubiera dado cumplimiento a la obligación del pago del impuesto predial y estime que se determinó indebidamente el valor catastral que sirve como base de aquel tributo, habida cuenta que el importe de dicho impuesto no derivó de una determinación de la autoridad municipal sino de la propuesta que al efecto le planteó al interesado. En consecuencia, no es factible estimar que la propuesta planteada por la autoridad municipal en torno al importe del impuesto predial, cuya base es el valor catastral, se ubique en el supuesto previsto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis XXI.2o.P.A.96 A que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 3166, del Tomo XXX, septiembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PREDIAL. LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley de Hacienda Municipal Número 677; 28 a 32 y 34 del Código Fiscal Municipal Número 152, ambos del Estado de Guerrero, y cuarto transitorio de la Ley Número 547 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2008, se advierte que las propuestas de declaración para el pago del impuesto predial denominadas: "liquidación del impuesto predial", emitidas por la autoridad competente del citado Municipio, no representan el producto final de la manifestación de la voluntad de aquélla, pues sólo tienen como propósito facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, por lo que existe la posibilidad de que éstos paguen una cantidad mayor o, incluso, menor al monto propuesto en dicha declaración. Por tanto, no constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías indirecto que se promueva en su contra ante los Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo." Bajo ese argumento, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Vasco Núñez de Balboa, número 3, esquina Capitán Malaespina. Condominio Balboa despacho 102, primer piso, fraccionamiento Hornos, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Axel Coria Najera, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Evelia Oliveros Avalos, Mario López Salome y Miguel Ángel Gallardo Villa, por así haberlo solicitado. Por otro lado, para los efectos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II, del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, para comunicaciones no procesales, se tienen como datos de contacto el correo electrónico y teléfonos proporcionados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL. Además, se informa a la quejosa que de acuerdo a los artículos 5, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020 y 37/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea propios, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se les informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Ruiz Gutiérrez, quien se ostenta como apoderado legal de María Isabel Sánchez Gutiérrez, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Guerrero, con residencia en Chilpancingo y otras autoridades Regístrese en el libro de gobierno con el número 89/2021, y fórmese expediente. Ahora bien, resérvese a proveer sobre el particular hasta en tanto se reanuden completamente las labores de este Juzgado, debido a las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de enero dos mil veintiuno, por el plazo comprendido del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, según lo informó la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante circular SECNO/8/2021, plazo de suspensión que fue ampliado hasta el veintidós de febrero actual, según circular SECNO/10/2021 Por otra parte, se informa a las partes que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de personas justiciables y del personal jurisdiccional; y, ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten incluyendo la que con esta fecha se emite, se les practicaran por lista, salvo aquellas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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