Maria Isabel Salazar Clemente

Expediente 1292/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1292/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • MARIA ISABEL SALAZAR CLEMENTE y Otros.
  • Maria Isabel Salazar Clemente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; visto su contenido, téngasele haciendo del conocimiento de este Juzgado de Distrito que mediante proveído de doce de febrero de la presente anualidad dictado en el juicio de amparo directo D-265/2017 de su índice, tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por María Isabel Salazar Clemente y Félix Nazario Salazar, de lo cual queda enterada este órgano jurisdiccional federal Ahora bien, devuélvase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  3. Principal

    Agréguese el ocurso de los quejosos ***. Con el mismo se tiene por satisfecha la prevención que se le hizo a la impetrante de amparo ****, mediante auto pronunciado el veintisiete de noviembre del año en curso. Ello porque con el escrito de cuenta se alcanza la finalidad pretendida con el requerimiento contenido en el citado acuerdo, en el sentido de que ***, debía ratificar personalmente la demanda al haber estampado en esta solamente una huella digital. En efecto, ese huella digital pone de manifiesto la voluntad del autor del documento en donde la estampa; sin embargo, también implica que no sabe leer ni escribir, por lo que existe la incógnita si el autor tiene pleno conocimiento del contenido del documento que se presenta bajo esa circunstancia. Para ello, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1/2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (invocada en el auto inicial), estableció que con la huella queda acredita la presencia de la persona interesada al momento de confeccionarse el documento y que con la firma a ruego se justifica que hizo suyo el contenido respectivo. En el presente caso, en el escrito de cuenta, además de la huella de la quejosa, contiene en su favor la firma a ruego de Maribel Valencia Morales. Por tanto, de conformidad con las directrices marcadas por la Primera Sala, es válido decir que está demostrado que el contenido del escrito de cuenta es del conocimiento pleno de la quejosa. Ahora, del contenido del mismo reproduce de manera esencial la demanda de amparo; circunstancia con la cual es patente que la inconforme está de acuerdo con ese contenido. Luego, como este juzgado pretendía corroborar que la demanda estuviera confeccionada en conformidad con la voluntad de la quejosa, pues es lo que se pretendía con la prevención de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, debe concluirse que esa finalidad fue satisfecha con el ocurso de cuenta, aun cuando la quejosa no se presentó a ratificar el libelo, pues en aras del acceso a la justicia este juzgado reconoce que por otro medio se logró el cercioramiento, lo que da seguridad jurídica al proceso. Visto así se reconoce que la quejosa María Isabel Salazar Clemente ejerció la acción de amparo en los términos que se desprende de la demanda de amparo. Por otro lado, los quejosos cumplen con la prevención de informar la fecha en que tuvieron conocimiento del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete reclamado. En cambio, incumplen con el requerimiento de especificar el acto que reclaman de cada autoridad. No obstante, esa circunstancias no impide que este juzgado federal defina cuáles son tales actos, a partir de la lectura de los conceptos de violación, en donde los quejosos dejan ver con claridad los actos que cuestionan. Recapitulando, los quejosos reclaman: 1) La sentencia dictada en contra de los quejosos el doce de mayo de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 317/2013 del índice del Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla. 2) La sentencia pronunciada el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete dentro del toca de apelación 752/2016 del índice de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Del primero de los numerales indicados se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Del segundo de ellos, se advierte que el Juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, el dispositivo en análisis prevé que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. Ahora bien, como se precisó en párrafos precedentes, la parte quejosa reclama del Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla y de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la sentencia dictada en contra de los quejosos el doce de mayo de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 317/2013 y la diversa pronunciada el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete dentro del toca de apelación 752/2016 que confirmó la de referida en primer término en primera instancia. Conforme a lo anterior, se considera que se está ante el supuesto contenido en el artículo 47 de la Ley de Amparo, pues se estima que quien es competente para conocer de la demanda de amparo lo es un Tribunal Colegiado de Circuito, ya que, se itera, el acto reclamado lo constituye una sentencia que decide el juicio en lo principal; por ello, se actualiza la diversa hipótesis normativa a que hace referencia el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la ley de la materia, pues no corresponde a este juzgado analizar si contra de esa sentencia procede algún recurso o medio de defensa, porque en términos del tercer párrafo de la fracción del numeral invocado corresponde al órgano competente vigilar que para la procedencia del juicio se hayan agotado previamente los recursos ordinarios. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 170 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, el suscrito juzgador carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por los actos reclamados antes referidos. En consecuencia, obténgase copia certificada de las constancias necesarias y remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para los efectos legales procedentes, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo.

  4. Principal

    Agréguese el ocurso de los quejosos ***. Con el mismo se tiene por satisfecha la prevención que se le hizo a la impetrante de amparo ****, mediante auto pronunciado el veintisiete de noviembre del año en curso. Ello porque con el escrito de cuenta se alcanza la finalidad pretendida con el requerimiento contenido en el citado acuerdo, en el sentido de que ***, debía ratificar personalmente la demanda al haber estampado en esta solamente una huella digital. En efecto, ese huella digital pone de manifiesto la voluntad del autor del documento en donde la estampa; sin embargo, también implica que no sabe leer ni escribir, por lo que existe la incógnita si el autor tiene pleno conocimiento del contenido del documento que se presenta bajo esa circunstancia. Para ello, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1/2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (invocada en el auto inicial), estableció que con la huella queda acredita la presencia de la persona interesada al momento de confeccionarse el documento y que con la firma a ruego se justifica que hizo suyo el contenido respectivo. En el presente caso, en el escrito de cuenta, además de la huella de la quejosa, contiene en su favor la firma a ruego de Maribel Valencia Morales. Por tanto, de conformidad con las directrices marcadas por la Primera Sala, es válido decir que está demostrado que el contenido del escrito de cuenta es del conocimiento pleno de la quejosa. Ahora, del contenido del mismo reproduce de manera esencial la demanda de amparo; circunstancia con la cual es patente que la inconforme está de acuerdo con ese contenido. Luego, como este juzgado pretendía corroborar que la demanda estuviera confeccionada en conformidad con la voluntad de la quejosa, pues es lo que se pretendía con la prevención de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, debe concluirse que esa finalidad fue satisfecha con el ocurso de cuenta, aun cuando la quejosa no se presentó a ratificar el libelo, pues en aras del acceso a la justicia este juzgado reconoce que por otro medio se logró el cercioramiento, lo que da seguridad jurídica al proceso. Visto así se reconoce que la quejosa María Isabel Salazar Clemente ejerció la acción de amparo en los términos que se desprende de la demanda de amparo. Por otro lado, los quejosos cumplen con la prevención de informar la fecha en que tuvieron conocimiento del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete reclamado. En cambio, incumplen con el requerimiento de especificar el acto que reclaman de cada autoridad. No obstante, esa circunstancias no impide que este juzgado federal defina cuáles son tales actos, a partir de la lectura de los conceptos de violación, en donde los quejosos dejan ver con claridad los actos que cuestionan. Recapitulando, los quejosos reclaman: 1) La sentencia dictada en contra de los quejosos el doce de mayo de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 317/2013 del índice del Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla. 2) La sentencia pronunciada el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete dentro del toca de apelación 752/2016 del índice de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Del primero de los numerales indicados se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Del segundo de ellos, se advierte que el Juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, el dispositivo en análisis prevé que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. Ahora bien, como se precisó en párrafos precedentes, la parte quejosa reclama del Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla y de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la sentencia dictada en contra de los quejosos el doce de mayo de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 317/2013 y la diversa pronunciada el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete dentro del toca de apelación 752/2016 que confirmó la de referida en primer término en primera instancia. Conforme a lo anterior, se considera que se está ante el supuesto contenido en el artículo 47 de la Ley de Amparo, pues se estima que quien es competente para conocer de la demanda de amparo lo es un Tribunal Colegiado de Circuito, ya que, se itera, el acto reclamado lo constituye una sentencia que decide el juicio en lo principal; por ello, se actualiza la diversa hipótesis normativa a que hace referencia el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la ley de la materia, pues no corresponde a este juzgado analizar si contra de esa sentencia procede algún recurso o medio de defensa, porque en términos del tercer párrafo de la fracción del numeral invocado corresponde al órgano competente vigilar que para la procedencia del juicio se hayan agotado previamente los recursos ordinarios. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 170 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, el suscrito juzgador carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por los actos reclamados antes referidos. En consecuencia, obténgase copia certificada de las constancias necesarias y remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para los efectos legales procedentes, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo.

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