María Isabel Rodríguez Salazar

Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
72/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • María Isabel Rodríguez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de veinticinco de enero del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente. Con relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia, para desechar la demanda constitucional. (***) De los numerales antes expuestos, en lo que interesa, se advierte que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. Es decir, de acuerdo con el contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que únicamente la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona -física o moral- titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo, autoriza que la persona afectada pueda ser representada, ya sea por medio de representación legal o voluntaria, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo cual, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio de amparo, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante. Por su parte, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores de juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada". Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda no obra la firma electrónica (FIREL) de ***, se constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la presente demanda; sin que el solo hecho de que la demanda fuera firmada electrónicamente por quien aparece como autorizada del quejoso, esto es, por ***, sea motivo suficiente para formular una prevención, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, ya que al no contener la firma de la directa quejosa, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Máxime que la demanda de amparo fue promovida por ***por propio derecho, lo que implica que es menester que la misma contara con su firma electrónica. En ese sentido, si bien dicho ocurso fue suscrito electrónicamente por ***, persona que atendiendo a las manifestaciones plasmadas en el escrito de demanda, se presume tiene la calidad de autorizada de la parte quejosa, lo cierto es que no se tiene certeza de que esa haya sido la voluntad de la directa quejosa, ante la ausencia de elementos exteriores que impliquen que ese sea su deseo. Aunado a que los actos reclamados no se encuentran en alguno de los supuestos que establece el artículo ***, esto es, no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que señala en el escrito de demanda. Del mismo modo, en términos del artículo 12 del ordenamiento legal en cita, ténganse como autorizados a las personas que designa para tal efecto, por así manifestarlo expresamente. Como lo solicita la ocursante, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al oficial judicial "A" (SISE) adscrito a este órgano jurisdiccional, que realice la autorización correspondiente para que el usuario ***, se encuentre en aptitud de consultar vía internet el expediente de mérito. De igual forma, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico ***, a efecto de que por dicho medio este juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

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