María Isabel Rodríguez Favela
Expediente 1346/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1346/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Edgar Raúl Rodríguez Favela
- Adalberto Astorga Alvarado
- María Isabel Rodríguez Favela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Durango, Durango, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, sin que lo hubiere hecho, por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara ejecutoriada, en su oportunidad, archívense los autos. En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente la leyenda "depurable"
- Incidental
En virtud de que el cuaderno original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, en su oportunidad procédase a su depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su destrucción en un plazo de seis meses, como lo establece el inciso a) de la fracción II, del numeral 20, del citado Acuerdo General, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Durango, Durango, a veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos se advierte que el tercero interesado Ayuntamiento de San Dimas, Durango, tiene su oficina de enlace en Calle Victoria, número ciento treinta y cinco, norte de esta ciudad, por lo que se comisiona al Actuario Judicial para que se constituya en dicho domicilio y notifique a la parte al tercera interesada Ayuntamiento de San Dimas, Durango, por conducto de su apoderado legal licenciado********, la sentencia del catorce de febrero del año en curso. Notifíquese.
- Principal
V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 1346/2021, promovido por el apoderado legal de ****** contra un acto de la Jueza Instructora del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno en el buzón automatizado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa de Durango, *****************o demandaron por conducto de su apoderado legal el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es: TRIBUNAL LABORAL DEL ESTADO DE DURANGO. IV.- ACTO RECLAMADO.- Del Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango señalada como Autoridad Responsable y Autoridad Ejecutora respectivamente reclamo: El acuerdo de fecha 14 de Octubre del presente año 2021, dictado por la autoridad responsable que constituye la DETERMINACIÓN DE LEVANTAR EMBARGO, recaído sobre la cuenta bancaría 1119564759 aperturada a nombre del municipio de San Dimas Dgo y aperturada en la institución de crédito denominado Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en el juicio ordinario laboral seguido por mis representados C.C. ADALBERTO ASTORGA ALVARADO, EDGAR RAÚL RODRÍGUEZ FAVELA, BALDOMERO RODRÍGUEZ SANDOVAL, ARMANDO BARRAZA MADRILES, JOSÉ LEOBARDO RODRÍGUEZ FAVELA, MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ FAVELA, Y CRISTINO NÚÑEZ HURTADO, en contra de los hoy terceros perjudicados, ventilado ante la responsable bajo el expediente 29/2014". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que previa prevención cumplida se admitió en auto del cinco de noviembre de dos mil veintiuno bajo el número 1346/2021, en el que se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se difirió en una ocasión por motivo legal y que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclama un acto proveniente de una autoridad cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, reformado por su similar 35/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. La Jueza Instructora del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango reconoció el acto reprochado por el apoderado de los disconformes Adalberto Astorga Alvarado, Edgar Raúl Rodríguez Favela, Baldomero Rodríguez Sandoval, Armando Barraza Madriles, José Leobardo Rodríguez Favela, María Isabel Rodríguez Favela y Cristino Núñez Hurtado, lo que se corrobora con las constancias del juicio laboral burocrático TLB/029/2014, que remitió como complemento de su informe justificado, a las que se concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". También es aplicable la diversa jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que es de la siguiente literalidad: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por el apoderado de los justiciables Adalberto Astorga Alvarado, Edgar Raúl Rodríguez Favela, Baldomero Rodríguez Sandoval, Armando Barraza Madriles, José Leobardo Rodríguez Favela, María Isabel Rodríguez Favela y Cristino Núñez Hurtado, al tenor de la jurisprudencia 2a./J.58/2010, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". CUARTO. Son infundados los motivos de disenso que plantean los peticionarios de amparo Adalberto Astorga Alvarado, Edgar Raúl Rodríguez Favela, Baldomero Rodríguez Sandoval, Armando Barraza Madriles, José Leobardo Rodríguez Favela, María Isabel Rodríguez Favela y Cristino Núñez Hurtado, sin que se advierta la posibilidad de suplirlos en su deficiencia conforme a lo que establece el normativo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Los ordinales 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. .". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". Ambos numerales reconocen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, que se traducen en que las autoridades deben emitir sus actos conforme al marco jurídico nacional. Es ilustrativa la tesis que puede ser consultada en la página 263, del Tomo XI, Enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Ahora bien, los quejosos Adalberto Astorga Alvarado, Edgar Raúl Rodríguez Favela, Baldomero Rodríguez Sandoval, Armando Barraza Madriles, José Leobardo Rodríguez Favela, María Isabel Rodríguez Favela y Cristino Núñez Hurtado son actores en el juicio laboral burocrático TLB/029/2014, que se tramita en contra del Municipio de San Dimas, Durango, en el que resultaron vencedores y reclaman el acuerdo del catorce de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la etapa de ejecución, en el que la Jueza Instructora del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango determinó lo que se transcribe a continuación: ".En la Ciudad de Durango, Dgo a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a sus autos los escritos de fecha trece y catorce de los corrientes, signados por el LICENCIADO JAVIER GRANADINO BETANCOURT, en su carácter de apoderado legal de la parte demandada, a los cuales acompaña copia certificada de oficio de fecha 09 de diciembre de 2021, signado por el C. JESÚS ALEJANDRO GURROLA ROMERO, Presidente Municipal y SFA. 2F.2.4.ST/324/201 (sic) signado por el C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA, Secretario de Finanzas y de Administración, mediante los cuales solicita se sirva levantar el embargo trabado sobre la cuenta bancaria número 1119564777 de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. ya que esta es para el uso único y exclusivo del fondo de las aportaciones del ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación y como consecuencia de ello se sirva cancelar y ordenar dejar sin efecto el oficio número JR/572/2021 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, dirigido por esta autoridad a la institución bancaria denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., por lo que se acuerda lo siguiente: ACUERDO DE LA C. JUEZA: Agréguense a sus autos los escritos y anexos de referencia para que surta sus efectos jurídicos inherentes, en atención a las manifestaciones realizadas por el apoderado legal de la demanda y toda vez que a los mismos acompaña el oficio número SFA.2F.2.4.ST/324/201 signado por el C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA, Secretario de Finanzas y Administración, con el cual acredita que las cuentas bancarias número 1119564759, la cual se encuentran a nombre del MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO., FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF) 2021 y 1119564768 las cuales se encuentran a nombre del MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO., FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021, es decir que éstas pertenecen a los ramos 28 y 33, por lo que esta autoridad determina levantar el embargo trabado sobre la cuenta bancaria 1119564759 mediante auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, infórmese a dicha institución bancaria asimismo se abstenga de trabar embargo alguno sobre las cuentas bancarias número 1119564777 la cual se encuentran a nombre del MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO., FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF) 2021 y 1119564768 las cuales se encuentran a nombre del MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO., FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021, toda vez que estas contienen recursos de los ramos 28 y 33, en virtud de lo anterior GÍRESE oficio a la INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE para que en un término de tres (03) día hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación realice los trámites necesarios a efecto de llevar a cabo el destrabe efectuado en la cuenta bancaria número 1119564759, ordenado por auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, así como para que se abstenga de trabar embargo alguno sobre las cuentas bancarias número 1119564777 la cual se encuentran a nombre del MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO., FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF) 2021 y 1119564768 las cuales se encuentran a nombre del MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO., FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021, lo anterior bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido para tal efecto se le impondrá un medio de apremio de los que establece el artículo 143 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango.". Pues bien, no tienen razón los quejosos Adalberto Astorga Alvarado, Edgar Raúl Rodríguez Favela, Baldomero Rodríguez Sandoval, Armando Barraza Madriles, José Leobardo Rodríguez Favela, María Isabel Rodríguez Favela y Cristino Núñez Hurtado de reclamar el acuerdo mediante el cual la Jueza Instructora del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango determinó levantar el embargo que gravaba la cuenta bancaria 1119564759, puesto que de la información que la parte demandada presentó a la responsable consistente en la misiva SFA. 2F.2.4.ST/324/2021, emitido por Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, se advierte que dicha cuenta bancaria, y otras más, se crearon para la transferencia de recursos federales. En esa misma comunicación se informó que esos recursos apartados al Ayuntamiento hoy tercero interesado, se regulan en los numerales 9 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales no contravienen lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los niveles de gobierno, dada su naturaleza de entes gubernamentales, no pueden ubicarse en los supuestos de concurso y quiebra, al obtener distintos ingresos de manera constante y permanente para hacer frente a sus obligaciones laborales. Orienta la tesis 2a. I/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene registro digital 2000044, o bien se ubica en la página 3269, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COORDINACIÓN FISCAL. LOS ARTÍCULOS 9o. Y 49 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉN QUE LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES SON INEMBARGABLES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La citada norma constitucional dispone que los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos tendrán preferencia sobre cualquiera otros, en los casos de concurso o de quiebra; por su parte, los indicados artículos de la Ley de Coordinación Fiscal prevén que las participaciones y aportaciones federales que correspondan a las entidades federativas, a los Municipios y al Distrito Federal son inembargables y que no pueden afectarse, gravarse, ni retenerse. Ahora bien, los numerales 9o. y 49 de la Ley citada no contravienen el artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los mencionados niveles de gobierno, dada su naturaleza de entes gubernamentales, no pueden ubicarse en los supuestos de concurso y quiebra, al obtener distintos ingresos de manera constante y permanente para hacer frente a sus obligaciones laborales; destacando al respecto que la prelación de los créditos laborales sólo aplica sobre otros créditos privados que tengan las entidades federativas, los Municipios y el Distrito Federal y no respecto de aquellos de naturaleza pública, como lo son las obligaciones contraídas ya sea con la Federación o entre los propios niveles de gobierno mencionados". Por otra parte, con independencia de lo infundado de los motivos de disenso expresados por el apoderado legal de los hoy disconformes existe otra causa por la que es no es posible concederles el amparo y protección de la Justicia de la Unión y que consiste en lo siguiente: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 29/2015 (10a.), con número de registro digital 2009126, o bien consultable en la página 1487, Libro 18, Tomo II, Mayo de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "EMBARGO COMO MEDIDA DE APREMIO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. AL NO ESTAR PREVISTO EN LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TAMAULIPAS ES IMPROCEDENTE DECRETARLO, SIENDO INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la exposición de motivos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en específico de sus artículos 140 a 143, se advierte que el legislador ordinario no tuvo la intención de regular el embargo como medida de apremio en la ejecución del procedimiento laboral burocrático. Ahora bien, este silencio legislativo no implica llegar al extremo de que, a través de la interpretación, puedan crearse instituciones jurídicas no previstas en la ley o que, a partir de ello, bajo una interpretación sistemática, pueda recurrirse a otras legislaciones que contemplen esa posibilidad; sobre todo, porque no se trata de un silencio legislativo que desatienda algún mandato constitucional expreso, sino de un procedimiento que el legislador local, en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus atribuciones, debe crear y modificar bajo la lógica y el contexto jurídico propios. Lo mismo acontece con el procedimiento de ejecución contenido en los artículos 289 a 294 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, vigentes hasta el 24 de septiembre de 2013, pues además de que dicho Código no regula la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, de las normas que integran ese sistema legal no se aprecia que el embargo haya sido previsto como medida para la ejecución forzosa de los laudos en materia laboral burocrática, lo cual es acorde con el margen de apreciación que tiene el legislador para crear las leyes estatales". A través de este criterio jurisprudencial la Segunda Sala del Máximo Tribunal en el País estableció que el embargo previsto en la Ley Federal del Trabajo es inaplicable supletoriamente a las legislaciones de los Estados de Jalisco y Tamaulipas ahí analizadas, y explicó que la supletoriedad no puede llegar al extremo de crear una institución jurídica que no está prevista en las leyes locales, sobretodo porque el legislador local no tuvo la intención de regular el embargo como medida de apremio y dicho silencio legislativo no desatiende algún mandato constitucional. Cabe resaltar que la inaplicabilidad del embargo se hace patente en la Ley del Estado de Jalisco, que a diferencia de la de Tamaulipas, sí prevé la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, como la legislación del Estado de Durango. Es decir, existe una similitud de contenido entre la legislación del Estado de Jalisco y la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, en tanto que ambas normatividades prevén la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo y no regulan el embargo como medida de apremio para la ejecución de laudos. Lo que se evidencia con las siguientes transcripciones del articulado de ambos ordenamientos. a). De la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios: "Artículo 10. En lo no provisto por esta ley, se aplicarán supletoriamente, y en su orden: I. Los principios generales de justicia social, que derivan del Artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; III. La Ley Federal del Trabajo; IV. La Jurisprudencia; V. La Costumbre; y VI. La Equidad (subrayado añadido)". "Artículo 140. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello". "Artículo 141. El Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes". "Artículo 142. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, despachará auto con efectos de mandamiento en forma, notificándolo en el domicilio procesal y apercibiéndola de que, de no cumplir con dicha resolución, se procederá al uso de los medios de apremio". "Artículo 143. Notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 días siguientes. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones desde diez veces el salario mínimo hasta por cien veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara. Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el Tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. La suspensión empezará a partir del día siguiente de su notificación y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo serán nulos. El cumplimiento del laudo interrumpe la suspensión. Si no obstante la sanción prevista en el párrafo segundo y subsecuentes, se persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes les sustituyan. Los magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los laudos. La negativa de decretar la suspensión temporal de algún servidor público que incurriere en alguna de las causas señaladas en el presente artículo, será motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sanción que corresponda en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o municipios, en cuyo caso remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente". b). De la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango: "Artículo 17. En lo previsto por esta Ley o sus reglamentos, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; la Ley Federal del Trabajo; los principios generales que se deriven de dichos ordenamientos; los principios generales del derecho; los principios generales que se deriven del artículo 123 de la Constitución General de la República, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Asimismo, los tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, las resoluciones y convenios aprobados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, así como los criterios emitidos por los organismos y órganos jurisdiccionales internacionales de protección a los derechos humanos, les serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador (subrayado añadido)". "Artículo 142. Las Autoridades del Estado están obligadas a prestar auxilio al Tribunal Laboral Burocrático para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello". "Artículo 143. El Tribunal, para hacer cumplir sus resoluciones podrá imponer multas hasta quince veces la Unidad de Medida y Actualización". "Artículo 144. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. Dicha Secretaría informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro". "Artículo 145. El Tribunal Laboral Burocrático tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de las sentencias, y, a ese efecto, dictará todas las medidas en la forma y términos que a su juicio sean procedentes". "Artículo 146. Cuando se pida la ejecución de la sentencia, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará al actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el Capítulo anterior". Así, ante la similitud del contenido de las citadas legislaciones, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cobra relevancia para sostener que el embargo a la cuenta bancaria es ilegal porque no se debe aplicar supletoriamente la figura del embargo prevista en la Ley Federal del Trabajo a la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Tres Poderes del Estado de Durango, para lograr la ejecución del laudo dictado dentro de los autos del juicio laboral burocrático TLB/029/2014. De ahí que el embargo previsto en la Ley Federal del Trabajo no puede aplicarse a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, ni siquiera ante la supletoriedad de la primera ley respecto de la segunda, porque el legislador local no tuvo la intención de regular el embargo como medida de apremio en la ejecución de laudos. Y finamente, es necesario establecer que los ordenamientos que por su orden deben aplicarse supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, antes de la Ley Federal del Trabajo, esto es, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, tampoco prevén el embargo como medida de apremio en la ejecución de laudos. En tales condiciones ante lo infundado de los conceptos de violación del apoderado legal de los garantistas A********************** lo que procede es negarles la protección federal que solicitan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a A*******************, en contra del acto que reclamaron del Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango. Notifíquese.
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