María Isabel Riquelme Mena

Expediente 24/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
24/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • María Isabel Riquelme Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 219/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. aec

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por María Isabel Riquelme Mena, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el seis de mayo de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar a los terceros interesados Diblain Telésforo Riquelme Romero, María del Pilar Romero Medina, Rodrigo Riquelme Riquelme, Rocío Riquelme Riquelme y Roxana Riquelme Riquelme, la sentencia de seis de mayo de dos mil diecinueve, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a dichas partes la sentencia de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a través del cual remite el diverso signado por el Juez Segundo de Distrito del aludido Centro Auxiliar, mediante el cual remite el juicio de amparo 24/2019-II, promovido por MARÍA ISABEL RIQUELME MENA, constante de ciento diez fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada de seis de mayo de dos mil diecinueve, en la que determinó negar el juicio de amparo; así como un anexo y un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe. V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 24/2019, auxiliar 174/2019, promovido por MARÍA ISABEL RIQUELME MENA; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, MARÍA ISABEL RIQUELME MENA, demandó el amparo y protección de la justicia de la unión, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se precisan: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. (.) a).- Como Ordenadora: LA JUEZ PRIMERO CIVIL EN MATERIA FAMILIAR Y DE SUCESIONES DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. b).- Como Ejecutora: LA ACTUARIA ADSCRITA A LA TERCERA SECRETARÍA DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL EN MATERIA FAMILIAR Y DE SUCESIONES DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: a).- Ordenadora: La sentencia interlocutoria de fecha 5 de Diciembre de 2018, dictada por la Juez Primero Civil en materia Familiar y de Sucesiones de Primera instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por medio de la cual VIOLANDO MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES, resolvió el recurso de revocación que hicimos valer en contra del auto de fecha 9 de octubre de 2018, dictado en autos del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de TELESFORO RIQUELME CONTRERAS, radicado bajo el número de expediente 217/2018-3, del índice del Juzgado Primero Civil en materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. b).- Ejecutora: La ejecución de la sentencia interlocutoria de fecha 5 de Diciembre de 2018, dictada por la Juez Primero Civil en materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, misma que me fuera notificada de manera personal, por conducto de nuestro abogado patrono, con fecha 12 de Diciembre de 2018, (.)" En la propia demanda de amparo la quejosa señaló como violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1o., 14, 16, y 17 de la Constitución federal, y expresó conceptos de violación. Segundo.- Por razón de turno, la demanda se recibió el ocho de enero de dos mil diecinueve, en el Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos, y se admitió a trámite por auto del día siguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito, y se fijaron día y hora para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio de funciones de los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve. SEGUNDO.- En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados en el presente juicio de amparo. - La interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del expediente 217/2018, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Telésforo Riquelme Contreras, del índice del Juzgado responsable, que resolvió el recurso de revocación hecho valer en contra del acuerdo de nueve de octubre del mismo año, en la parte que negó reconocerle el carácter de heredera testamentaria, por no estar incluida en el testamento; resolución la reclamada que confirmó en sus términos el acuerdo recurrido. TERCERO.- Es cierto el acto reclamado del Juez primero civil en materia familiar y de sucesiones de primera instancia del cuarto distrito judicial en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó en su informe justificado (foja 32). Por su parte, la Actuaria adscrita al citado Juzgado, omitió rendir su informe justificado, no obstante habérsele solicitado oportunamente (foja 18); por lo que en términos de la segunda parte del cuarto párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto que se le reclama. CUARTO.- Son infundados los conceptos de violación, en atención a las siguientes consideraciones: De las constancias que a su informe justificado adjuntó el Juez responsable, consistente en copia certificada del expediente 237/2018, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Telésforo Riquelme Contreras, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se destaca en la parte que interesa, el contenido del acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, que constituye el antecedente del acto reclamado, que dice: "(.) Por lo que respecta a María Isabel Riquelme Mena no ha lugar de tener por reconocida la personalidad que ostenta, lo anterior por que no forma parte del Testamento a bienes de Telésforo Riquelme Contreras, por lo que se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda. (.)" Inconformes los suscriptores de la promoción acordada, entre ellos la quejosa, interpusieron recurso de revocación, en cuyo quinto agravio en lo esencial se expuso lo siguiente: "(.) Las argumentaciones de esta Juzgadora, descritas con antelación, son improcedentes y violatorias del artículo 691 del Código Procesal Familiar, por las consideraciones lógicas-Jurídicas que a continuación se expresan: El artículo 687 del Código de Procesal Familiar, establece que quien promueva el juicio de testamentaria, además de acreditar el fallecimiento de la persona cuya sucesión se trate, debe presentar el testamento del de cujus y señalar bajo protesta de conducirse con verdad los nombres y domicilios de los herederos legítimos que tenga conocimiento el denunciante, haya o no testamento, con expresión del grado de parentesco o lazo con el autor de la sucesión; obligación esta última que tiene como finalidad que el Juez pueda convocarlo a una junta para darle a conocer la última voluntad del autor de la sucesión, así como para que intervenga en el procedimiento con el propósito de que esté en posibilidad de defender sus derechos, aunque no haya sido nombrado heredero en el documento de mérito, justo como acontece en los intestados, para garantizarle los derechos que se le otorgan por ministerio de ley en razón de la institución del heredero, lo que tiene por objeto evitar que se otorgue mayor ventaja procesal a los herederos y legatarios, para impedir que priven a los herederos testamentarios o legítimos de sus prerrogativas. Contrario a ello su señoría de mutuo propio sin dar vista a los demás herederos no me reconoce personalidad de supuesta heredera, bajo el argumento de que la suscrita MARIA ISABEL RIQUELME MENA, no formó parte del testamento a bienes de Telésforo Riquelme Contreras. (.) Ello deviene así toda vez que si bien es cierto conforme a las reglas contempladas en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Procesal Familiar, el llamamiento de herederos a un juicio sucesorio se denomina citación, también lo es que ésta no consiste en un simple llamado para comparecer a la práctica de alguna diligencia o para dar a conocer una resolución o reclamación susceptible de afectar los intereses del posible heredero; por el contrario, sus efectos tienen características muy similares a las de un emplazamiento, pues, en virtud de aquélla se cita a los herederos para que intervengan en el procedimiento y, en su caso, hagan valer sus derechos hereditarios durante todo el juicio sucesorio, pues, en éste pueden hacer valer el reconocimiento de herederos en la junta correspondiente, nombrar o ser nombrados albaceas, objetar el testamento en la junta por alguno de los herederos nombrados o por algún heredero con derecho a la sucesión legítima, en cuanto a su validez o alegar sobre la capacidad para heredar de algún presunto heredero, etcétera. Por tanto, aun cuando los juicios sucesorios no nacen siendo de naturaleza contenciosa, es indiscutible que dentro de ellos puede surgir un conflicto de intereses, por lo que la facultad de intervenir en ellos resulta constante; consecuentemente, el llamamiento a un juicio sucesorio surte efectos de emplazamiento y, por tanto, cuando su omisión o ilegal verificación son violatorias de nuestras garantías individuales y derechos humanos." (fojas 409 a 421). En respuesta a los argumentos precedentes, en la resolución interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado, el Juez responsable determinó: "(.) En lo que se refiere al quinto motivo de inconformidad en el que exponen los recurrentes que esta autoridad vulneró lo dispuesto por el artículo 687 del Código Procesal Familiar vigente, pues alegan que no se ordenó dar vista a los demás herederos y no se reconoció la personalidad de MARÍA ISABEL RIQUELME MENA, ello es infundado y a efecto de dar mayor claridad resulta necesario citar los artículos 703 y 704 de la Ley Adjetiva Familiar vigente, cuya literalidad son del tenor siguiente: ARTÍCULO 703.- NECESIDAD DE UN TESTAMENTO VÁLIDO PARA LA APERTURA DE LA TESTAMENTARÍA. La herencia testamentaria se abre cuando hay testamento válido otorgado de acuerdo con las formalidades establecidas por la Ley. Si el testador dispone sólo de una parte de sus bienes, por el resto se abrirá la sucesión intestada, tramitándose conjuntamente y bajo la común representación del albacea testamentario. ARTÍCULO 704.- RADICACIÓN DEL JUICIO TESTAMENTARIO, CONVOCATORIA DE JUNTA A LOS INTERESADOS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA. El que promueve el juicio de testamentaría debe presentar el testamento del difunto. El Juez, cumplidos los requisitos legales lo tendrá por radicado, y en el mismo auto convocará a los interesados a una junta para que si hubiere albacea nombrado en el testamento, se les dé a conocer, y si no lo hubiere, procedan a elegirlo con arreglo a lo prescrito en el Código Familiar y en el artículo 717 de este Código. Conforme a la hermenéutica jurídica de los dispositivos previamente invocados, se concede al autor de la sucesión la facultad para designar como heredero del todo o sólo de una parte de sus bienes a la persona deseada; por tanto, si en el testamento público abierto que dio origen al presente juicio sucesorio, el testador designó a determinadas personas, no así a la recurrente MARÍA ISABEL RIQUELME MENA, es incuestionable que esta autoridad no se encontraba obligada a llamarla al procedimiento de la sucesión testamentaria a bienes de TELÉSFORO RIQUELME CONTRERAS, dado que en dicho juicio solo intervienen como partes las personas con el carácter de herederos así otorgado por el de cujus, sin que ello implique violación a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de garantía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no debe perderse de vista que el objeto del presente juicio testamentario lo es precisamente que este Juzgado se pronuncie sobre la validez del testamento como máxima expresión de la voluntad del de cujus, y el reconocimiento de los herederos de los que fue voluntad otorgarles dicho carácter, sin que pueda ser materia de reconocimiento aquellos presuntos herederos que deriven de una sucesión legítima lo que es contrario a las reglas esenciales del procedimiento y a la técnica jurídica, porque como ya se dijo, el propósito del presente juicio lo es precisamente, de ser procedente conforme a derecho, que esta Juzgadora se pronuncie sobre la validez de la última voluntad del testador TELÉSFORO RIQUELME CONTRERAS, y todas las consecuencias jurídicas que se deriven de la misma, consideraciones por las que el agravio en estudio es infundado. (.)" (fojas 476 a 486). En apoyo a sus consideraciones citó la tesis del vigésimo primer circuito, de rubro: "JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO. GARANTÍA DE AUDIENCIA CUANDO NO SE TIENE EL CARÁCTER DE HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)." Ahora bien, en su concepto de violación, la quejosa aduce violación a sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, en tanto que, según expone, el artículo 687 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, establece los requisitos que debe contener la denuncia para la apertura y radicación de un juicio sucesorio, entre ellos los nombres y domicilios de los herederos legítimos de que tenga conocimiento el denunciante, haya o no testamento, con expresión del grado de parentesco o lazo con el autor de la sucesión; con la finalidad de que el Juez pueda convocarlos a la junta de herederos prevista en el artículo 718 del citado ordenamiento legal, así como para que intervengan en el procedimiento con el propósito de que estén en posibilidad de defender sus derechos, aunque no hayan sido nombrados herederos en la disposición testamentaria. Que el numeral 702 del Código Procesal Familiar, establece que una vez hecha la citada denuncia, el juez tendrá por radicado el juicio sucesorio sea testamentario o intestamentario y mandará publicar edictos por dos veces, de diez en diez días, convocando a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, para que se presenten en el juicio a deducirlos. Que el llamamiento de herederos a un juicio sucesorio se denomina citación, y que ésta no consiste en un simple llamado para comparecer a la práctica de alguna diligencia o para dar a conocer una resolución o reclamación susceptible de afectar los intereses del posible heredero; por el contrario, sus efectos tienen características muy similares a las de un emplazamiento, pues, en virtud de aquélla se cita a los herederos para que intervengan en el procedimiento y, en su caso, hagan valer sus derechos hereditarios. Agrega que si bien el de cujus no la designó como presunta heredera testamentaria, la responsable al radicar la sucesión testamentaria de la que deviene el acto reclamado, ordenó publicar edictos por dos veces, de diez en diez días, convocando a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, para que se presentaran en el juicio a deducirlos; de ese modo refiere la quejosa, que bajo esa premisa jurídica, ella entre otros herederos, se apersonaron a juicio mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, haciendo valer diversas manifestaciones; que su intervención en el juicio sucesorio se constreñía exclusivamente en estar legitimada, por tener derecho a la sucesión legitima, para acudir a la junta de herederos con la finalidad de objetar el derecho o la capacidad para heredar de los presuntos herederos Ma. del Pilar Romero Medina y Diblain Telésforo Riquelme Romero, con la intención de que la Juez responsable dictara resolución que tendrá el carácter de provisional, mientras se sustancia por separado la controversia familiar con el albacea o herederos afectados y no con la finalidad de que se le reconociera el carácter de heredera testamentaria, por lo que la responsable al no reconocerle el carácter de presunta heredera legítima transgrede sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, tuteladas por los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución, pues le está coartando el derecho para comparecer a la junta de herederos prevista en el artículo 718 del Código Procesal Familiar, en su calidad de "heredera legítima". Que al ser presunta heredera legítima, se encuentra legitimada para comparecer al juicio sucesorio a ejercer sus derechos que le concede la propia ley de la materia descritos en líneas anteriores, tanto que la propia ley le impone al Juez la obligación de publicar edictos por dos veces, de diez en diez días, convocando a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, para que se presenten en el juicio a deducirlos, ya que de lo contrario no se observarían las formalidades esenciales del procedimiento. Como se anticipó, son infundados los conceptos de violación. En efecto, no asiste razón a la inconforme en la parte en la que se duele de la decisión de la Juez responsable acerca de que la legislación concede al autor de la sucesión la facultad para designar como heredero del todo o sólo de una parte de sus bienes a la persona deseada; y que, por lo tanto, si en el testamento público de que se trata el testador designó a determinadas personas, y no a MARÍA ISABEL RIQUELME MENA, no se encontraba obligada a llamarla al procedimiento de la sucesión testamentaria a bienes de TELÉSFORO RIQUELME CONTRERAS, dado que en ese juicio sólo intervienen como partes las personas con carácter de herederos, otorgado por el de cujus, sin que ello implique violación a la garantía de audiencia, pues el objeto del juicio testamentario es que el Juzgado se pronuncie sobre la validez del testamento como máxima expresión de la voluntad del de cujus, y el reconocimiento de los herederos de los que fue su voluntad otorgarles ese carácter, sin que pueda ser materia de reconocimiento aquellos presuntos herederos que deriven de una sucesión legítima. Ahora bien, contra lo alegado por la quejosa, las consideraciones del Juez responsable, en las que se apoyó esencialmente para confirmar el auto recurrido, no revelan violación de sus garantías, en la medida que, efectivamente, si no fue designado heredero por el autor de la sucesión, no podría reconocérsele tal carácter por el Juez responsable, ya que el objeto del juicio sucesorio testamentario es determinar la validez del testamento como expresión de la voluntad el testador, y el reconocimiento como herederos a las personas designadas con ese carácter, lo que no viola la garantía de audiencia de la quejosa, en virtud del emplazamiento a ésta al citado juicio, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 702 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Luego, si en el caso la quejosa María Isabel Riquelme Mena, compareció al juicio sucesorio testamentario, en su calidad de heredera legítima del de cujus, para lo cual exhibió copia certificada de su acta de nacimiento, con la que pretendió acreditar el entroncamiento con el autor de la sucesión, la determinación de negarle el carácter de heredera bajo la consideración de que no forma parte del testamento, es correcta y no viola sus garantías; lo que encuentra fundamento en el artículo 718 de la legislación procesal invocada, el cual dispone: que en la junta de herederos se dará a conocer a estos el albacea nombrado, y el Juez reconocerá como tales a los que estén nombrados; en la misma junta si el testamento fuera objetado por alguno de los herederos nombrados o por algún heredero con derecho a la sucesión legítima, el Juez dictará resolución de carácter provisional; disposición de la cual se advierte que a la junta se convoca únicamente a los herederos nombrados, esto es, en el testamento correspondiente, y a los herederos con derecho a la sucesión legítima, esto es, la que es factible de iniciar al acreditarse que existen bienes de la sucesión que no forman parte del testamento. Supuesto este último que no ocurre en el caso, pues sólo se consideró la sucesión testamentaria. Es aplicable al tema, por identidad de razón, la tesis del que fuera el primer Tribunal Colegiado en materias civil y de trabajo del segundo circuito, de registro 201448, publicada en la página 669 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IV, septiembre de 1996, que dice: "LEGITIMACION ACTIVA AD CAUSAM EN EL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO, EL HIJO DEL DE CUJUS CARECE DE, SI LA CAUSA DE PEDIR ES EL NO HABER SIDO INCLUIDO EN EL TESTAMENTO COMO HEREDERO. La transmisión de los bienes de una persona por causa de muerte tiene dos vías. Una es la sucesión legítima y otra, la sucesión testamentaria. Conforme a la primera, es el vínculo de parentesco o filiación lo que da el carácter de herederos a los parientes. Conforme a la segunda, es la voluntad del testador la que otorga tal carácter a las personas que habrán de ser consideradas como herederos. La forma de transmitir los bienes por muerte ha variado a lo largo de la historia. Y así en la época medieval regía una regla tasada conforme a la cual al testador no le era dable elegir a sus herederos sino que debía por fuerza transmitirlos a su hijo mayor varón. En otras épocas y lugares se cambia tal regla y se permitió que fuera la absoluta voluntad del testador la que rigiera la forma de transmisión de su patrimonio después de su muerte. A esta regla, se le llamó libre. Nuestro sistema jurídico mexicano vigente no sigue ninguna de las dos reglas, puesto que opta por una intermedia o mixta, conforme a la cual se permite la libre voluntad del testador, pero condicionada a que pague alimentos a sus acreedores alimentarios. Pero el incumplimiento de esta condición no da lugar a la nulidad del testamento en todos los casos, sino a declararlo inoficioso en tanto alcance a cubrir las pensiones alimentarias, quedando vigente en todo lo restante. Solamente que el pago de las pensiones alimentarias involucre el total del patrimonio, entonces tal testamento será inoficioso en su totalidad. Desde otro orden de ideas cabe expresar que todo heredero por razón de parentesco está legitimado activamente y ad causam para demandar la nulidad del testamento cuando la causa de pedir sea la falta de formalidades y requisitos que exige la ley para el otorgamiento de los diferentes testamentos que regula la ley o la falta de capacidad del testador. Por ende, cuando la causa por la que se pide la nulidad de un testamento por un descendiente no atañe a la formalidad del mismo ni a los requisitos que debe reunir ni a la capacidad del testador, entonces resulta evidente la falta de legitimación ad causam." Así como, por las razones que la informan, la tesis del primer Tribunal Colegiado en materia civil del séptimo circuito, de registro 210928, consultable en la página 670 de la obra citada, octava época, tomo XIV, agosto de 1994, de rubro y texto siguientes: "TESTAMENTO. IMPUGNACION EN EL JUICIO TESTAMENTARIO DEL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Una correcta interpretación del artículo 602 del Código de Procedimientos Civiles del estado, en cuanto dispone, en su segundo párrafo, que si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, se substanciará el juicio correspondiente con el albacea y el heredero respectivamente, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición, permite concluir, que si quienes fueron instituidos herederos no ejercitan la acción de impugnación en la junta respectiva, que se desarrolla dentro del procedimiento testamentario, los parientes no designados en el testamento sólo pueden hacer valer el interés jurídico que eventualmente tengan, en juicio contradictorio autónomo sobre la nulidad de testamento, que en su caso promuevan, puesto que no están legitimados para ocurrir a dicho juicio sucesorio para impugnar la validez de aquel documento. En ese orden, ante lo infundado de los conceptos de violación, debe negarse el amparo a la quejosa. La negativa de la protección constitucional se hace extensiva al acto reclamado de la actuaria, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA ISABEL RIQUELME MENA; por los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; personalmente a la quejosa. Así lo resolvió y firma el licenciado Alfredo Rivera Anaya, Juez segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, hoy seis de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el licenciado Rodrigo Rodríguez Tepezano, Secretario que autoriza y da fe.

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