María Isabel Reyes Tavizon
Expediente 40/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Isabel Reyes Tavizon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del capítulo noveno, del referido Acuerdo General, la versión electrónica del presente juicio de amparo coincide en su totalidad con la impresa en este expediente. Finalmente, según lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse negado la suspensión definitiva solicitada; y en cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a) del numeral 20 del citado acuerdo, transcurridos seis meses destrúyase Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA En Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 40/2022-VI, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, turnado al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el diecinueve siguiente, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Secretario de Salud en el Estado de Chihuahua, residente en la capital de esta entidad federativa. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 5º, 14, 16, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. La Juez Octava de Distrito en el Estado de Chihuahua, admitió a trámite la demanda y seguido el juicio en la audiencia constitucional celebrada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, y remitió los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, al Juzgado de Distrito del Estado de Chihuahua, en turno, en esta ciudad. Por tanto, tomando en consideración que el acto reclamado, tiene ejecución en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se aceptó la competencia legal planteada para conocer de la demanda de amparo en comento, bajo el consecutivo 40/2022-VI, por lo que se acusó recibo y se hizo del conocimiento del Tribunal declinante esa determinación. Ahora, del cumulo de constancias remitidas por la juez declinante, se advirtió que la audiencia constitucional fue celebrada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno y que fue hasta el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, cuando se llevó a cabo el emplazamiento de la tercero interesada *******; con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º, se regularizó el procedimiento y se dejó sin efectos la audiencia celebrada en el juicio de amparo *******, a efecto de que el tercero interesado estuviera en aptitud de comparecer al presente juicio de amparo en defensa de sus derechos procesales y a fin de evitar la reposición del procedimiento. Igualmente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, mediante proveído de tres de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la quejosa, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto al Departamento de Operación y Pagos, dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua; sin embargo, hasta este momento, la quejosa no realizó manifestación alguna al respecto. Igualmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral de la demanda y de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama al Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, Director General, Director Administrativo, y Subdirector de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Chihuahua, lo siguiente: La retención salarial realizada vía nómina de manera quincenal; y entrega de ese descuento a *******. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, así como el Director General, Director Administrativo, y Subdirector de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Chihuahua, a través de su representante, al rendir informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado; lo anterior, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En razón de lo antes expuesto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados al Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, Director General, Director Administrativo, y Subdirector de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Chihuahua, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, el Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, Director General, Director Administrativo, y Subdirector de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Chihuahua, a través de su representante, negaron la existencia del acto reclamado. Sin embargo, argumentaron que el acto reclamado deriva de un contrato celebrado entre la trabajadora (quejosa) y *******; adicionando que el Departamento de Operación y Pagos, dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua, es quien a través de una clave única de descuentos vía nomina, lleva a cabo las retenciones de las cuales se duele la quejosa; adjuntando para tal efecto copia del convenio de colaboración para facilitar la adquisición de productos y servicios financieros a crédito celebrado entre el organismo *******, la ******* y *******; así como del mandato de pago celebrado entre la quejosa ******* y la mencionada sociedad financiera. Las constancias remitidas por la autoridad responsable, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia. QUINTO.- Improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, la suscrita advierte que debe sobresee en el juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu, que establecen lo siguiente: " 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio es improcedente cuando el quejoso en su demanda de derechos fundamentales no señala a la autoridad responsable que haya emitido, ordenado, ejecutado o trate de ejecutar el acto reclamado, pues, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de su actuar, porque no se le ha llamado al juicio y, por ende, no puede ser vencida en él. Ahora, como se precisó, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte promovente reclama la retención salarial, realizada vía nómina de manera quincenal por el Departamento de Operación y Pagos, dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua. Sin embargo, como se precisó mediante proveído de tres de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la quejosa, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto al Departamento de Operación y Pagos, dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua; sin embargo, hasta este momento, la quejosa no realizó manifestación alguna al respecto. Por tanto, no es jurídicamente factible examinar la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia, consistente en el referido descuento salarial. Ello, porque proceder en esos términos se dejaría al Departamento de Operación y Pagos, dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua, en completo estado de indefensión, al no darle la oportunidad de defender la legalidad de su actuación, precisamente, al no habérsele llamado al presente juicio. Entonces, dado que el Departamento de Operación y Pagos, dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua, es quien ejecuta el acto reclamado en esta instancia, y no tiene el carácter de autoridad responsable en el presente asunto, es claro que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página sesenta y siete, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y cuatro, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, registro 213345, que señala: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. De igual forma, en lo conducente apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento trece, tomo IV, enero de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194684, de contenido siguiente (énfasis añadido): DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 5º, fracción II, 61 fracción XXIII, 63, 65, 73, 74, 75, 76 en relación con la fracción III del numeral 108, y 217 todos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el tercer y último considerando de la presente determinación. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional relativa al presente asunto; sin embargo, mediante proveído de ocho de los corrientes, se dio vista a las partes, con el informe justificado rendido por el Director General de Servicios de Salud de Chihuahua, en representación de la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua y de la Subdirección de Recursos Humanos de Servicios de Salud de Chihuahua; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, considerando que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia en el juicio en que se actúa, y que no ha transcurrido la temporalidad aludida en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios signado por el Director General de Servicios de Salud de Chihuahua, en representación de la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua y de la Subdirección de Recursos Humanos de Servicios de Salud de Chihuahua, mediante los cuales, remite las constancias que le fueron solicitadas por este juzgado, a través del auto de catorce de julio del presente año; asimismo, se le tiene rindiendo informe justificado; por tanto, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas las probanzas que refiere, dado que así lo permite su propia y especial naturaleza, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Igualmente, téngase al oficiante formulando alegatos mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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