Maria Isabel Reyes Gonzalez

Expediente 1624/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1624/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
16/12/2016

Partes del expediente

  • Maria Isabel Reyes Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hayan interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por este Juzgado Federal, en la cual determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo ******************** de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.AUDIENCIA CONSTITUCIONALEn Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuatro minutos del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1624/2016, promovido por María Isabel Reyes González, por su propio derecho, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria procede a hacer relación de las Constancias que obran en autos, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio, así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se declara abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las documentales allegadas a los autos por la autoridad señalada como responsable, consistente en original de la cédula de notificación efectuada a la quejosa María Isabel Reyes González, por conducto de su autorizada, de la respuesta que la responsable dio a su petición, probanzas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en cuenta al momento de dictar la sentencia. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el período de alegatos, en el que se hace constar que la parte quejosa no formuló alegatos, asimismo se advierte que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento. A lo anterior el Juez acuerda: Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo correspondiente. Doy fe.VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 1624/2016, promovido por María Isabel Reyes González, contra actos del Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos; y,R E S U LT A N D O:PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Partes Común a de Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, María Isabel Reyes González, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra las siguientes autoridades y por los actos que a continuación se indican:"III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos.IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama del titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos, la violación a mi derecho de petición, al omitir cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no ha dado contestación y/o emitido respuesya alguna a mi solicitud de fe4cha ocho de junio de dos mil dieciséis, lo que se traduce en una franca violación a los derechos humanos; pues en la especie ha transcurrido en exceso el plazo que fija la Ley para darme contestación a la solicitud realizada a la autoridad responsable."Bajo protesta de decir verdad, los quejosos narraron los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 6, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se registró con el número 1624/2016; se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la legal intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien fue omisa en formular pedimento. En dicho proveído se comunicó a las partes que de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas, pero pueden ejercer el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales. Así las cosas, en el propio auto de admisión se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y forma parte integral de la presente sentencia, y: C O N S I D E R A N D O:PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, relación con los numerales 48 y 52, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo número 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además por tratarse de actos que se atribuyen a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción.SEGUNDO. Del análisis integral de la demanda de amparo, atento a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprecia que la quejosa reclama:La falta de contestación al escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciséis, que el quejoso dirigió al Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos, a través del cual realizó diversa petición.TERCERO. El Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, señaló que era cierto el acto reclamado, empero, también adujó que el veintinueve de septiembre del año en curso se había dado contestación a la petición de la quejosa mediante oficio de esa fecha, notificándole ese mismo día (foja 18), documento al que se otorga eficacia demostrativa plena, acorde a lo estipulado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2º . CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, así como la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia.En ese sentido, este juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse, en particular por actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:I. [.][.]XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.[.]".En efecto, de un análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que como acto reclamado se precisó: La falta de contestación al escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciséis, dirigió al Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos, a través del cual realizó diversas peticiones.Ahora, de la constancia que allegó la autoridad responsables, al rendir su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio, por constituir documentales públicas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al emitirse en el ejercicio de sus funciones, se advierte que, el veintinueve de septiembre del año en curso se había dado contestación a la petición de la quejosa mediante oficio de esa fecha, notificándole ese mismo día (foja 18), en el domicilio que señaló para tal efecto.En ese orden, con la contestación y notificación de mérito, relacionada a la contestación a su escrito presentado ante las responsables el ocho de junio de este año, hace cesar los efectos de la omisión reclamada, en razón de que las autoridades dieron contestación al ocurso de referencia, y se le notificó en el domicilio señalado para recibir notificaciones, todo ello con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo; consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia identificada como 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIX, enero de 2009, en la página 605, la que por rubro y texto dice:"CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto".También, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Pleno, Tomo XV, visible en la página 1288, que al rubro dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Procede sobreseer en el juicio de amparo, cuando aparezca que han cesado los efectos del acto reclamado".De igual forma se cita el criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/98, de la Novena Época, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, página: 210, que dice:"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo".QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en los que se determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura del presente fallo.Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 75, 76, 77, 215 y 216 de la Ley de Amparo en vigor, se:RESUELVE:PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Isabel Reyes González, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución.SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, envíese la misma al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Notifíquese. Así lo acordó y firma JORGE CARENZO RIVAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la licenciada Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio número 15551 signado por el Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 1358/2016 del índice de este juzgado, deducido del juicio de amparo en que se actúa, así como las constancias respectivas. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En atención a su contenido, se tiene por notificado al quejoso ********************, del proveído de dieciocho de agosto del año en curso, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos los escritos signados por el quejoso, registrados con folios 22392 y 22393, atento a sus contenidos con fundamento con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otro lado, en relación al escrito registrado con folio 22392, por medio del cual solicita el informe de autoridad a cargo de diversas autoridades señaladas como responsables, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que a las autoridades que refiere en su escrito les asiste el carácter de responsables, y la prueba que pretende, se traduciría en una confesional por posiciones, prohibida por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.3o.A.19 K, visible en la página 1456, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, correspondiente a la Novena Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTAL VÍA INFORME DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA CONFESIONAL POR POSICIONES PROSCRITA POR LA LEY DE AMPARO. La nota distintiva entre las pruebas testimonial y confesional consiste en el sujeto a cargo de quien se ofrece; si la ofrecida versa sobre la declaración de un tercero, a través de una serie de cuestionamientos sobre hechos que le constan, debatidos en el juicio, se estará ante la presencia de una prueba testimonial; por el contrario, la declaración de una de las partes, mediante un interrogatorio, constituye una prueba confesional por posiciones. Por ende, la probanza ofrecida en el juicio de garantías, consistente en la "documental vía informe" a cargo de una autoridad responsable, mediante la respuesta a una serie de cuestionamientos que plantea la parte quejosa vinculados con los actos reclamados; virtualmente se traduce en una confesional por posiciones, proscrita por el artículo 150 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene sustento lo anterior, la tesis número XIX. 5º. 1K. sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, Febrero de 2003, materia común, visible en la página 1070, con el texto y rubro: "INFORME DE AUTORIDAD RESPONSABLE OFRECIDO COMO PRUEBA QUE IMPLICA CONFESIÓN PROVOCADA. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. De la interpretación teleológica del artículo 150 de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que este numeral no solamente prohíbe la prueba de posiciones, sino que la intención del legislador fue prohibir la confesional provocada, sea mediante posiciones, declaración de parte o informe de autoridad, conteniendo interrogantes con la intención de provocar aceptación de hechos imputados a las autoridades responsables; lo anterior, atendiendo a que ningún resultado práctico tendría prohibir la confesión por posiciones y permitir la declaración de parte o el informe de autoridad en los términos antes precisados; en tal virtud, es claro que la finalidad de la norma en comento es que las partes no se interroguen entre sí sobre hechos imputados. Debiendo precisarse que el informe de autoridad no está prohibido por la legislación de la materia, pudiendo solicitarse a aquellas que no tengan el carácter de responsables e, inclusive, de las que sí tengan esa cualidad, pero no por sucesos que impliquen la confesión de los atribuidos en la demanda, como la inconstitucionalidad del acto reclamado. En la inteligencia de que en el proceso constitucional de amparo no se prohíbe la confesional espontánea, verbigracia, al rendirse el informe con justificación, o al señalarse por el quejoso la fecha en que se hizo sabedor de los actos reclamados". Por otro lado, visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa de los cuales se advierte que la autoridad responsable Secretario de Seguridad ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos, remitió copias certificadas con las cuales apoyan su respectivo informe justificado, sin embargo, del estudio integral de las referidas constancias se desprende que la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, solicitó elementos de seguridad para que brindaran medidas de protección a Zaray Montoya Manzano. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, y 121 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, para que en el término de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado Federal, copia certificada de la carpeta de investigación CJM01/481/2016. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13oA.1K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1113, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil uno, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías.". Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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