María Isabel Ramos Alvarado
Expediente 344/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Isabel Ramos Alvarado
Actuaciones
- Principal
En siete de diciembre de dos mil veinte, doy cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. MESA 8.- VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por María Isabel Ramos Alvarado; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 29, la copia certificada el expediente 91/2014, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 8.- VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.Así lo acordó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante la Secretaria Marseye Sánchez Bautista, quien autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 344/2020-8, promovido por María Isabel Ramos Alvarado. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Acto seguido, la suscrita secretaria certifico: que mediante los oficios 006/2020-CM y 007/2020-CM de ocho y diez de noviembre del año en curso, signados por el magistrado Juan Manuel Vázquez Fernández de Lara, en su carácter de Coordinador de Magistrados de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Villahermosa, y en representación de la coordinación de jueces de distrito, dirigidos al maestro Arturo Guerrero Zazueta, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las condiciones meteorológicas imperantes en esta entidad federativa, los titulares de los órganos jurisdiccionales federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualiza en esta ciudad el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que se suspendieron los efectos del cómputo de los términos y plazos procesales en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales en cuestión y se consideraron como inhábiles del nueve al trece de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, doy cuenta al Juez, con el oficio 1942, signado por el Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, recibido en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados, el cinco del presente mes y año y en la Oficialía de Partes de este juzgado, el seis siguiente, con dos anexos consistentes en el despacho 77/2020-8, derivado de los presentes autos y un legajo de copias, registrado con el folio 8296. Seguidamente, el juez acuerda: agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho 77/2020-8, número de orden 149/2020, que se remitió para que en auxilio de este Juzgado emplazara al presente juicio a la tercero interesada Micaela Miranda Gamas. En consecuencia, dese de baja a la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo, previas anotaciones de rigor. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que acompañó la parte quejosa a su libelo inicial, consistentes en: 1. Copia simple de la constancia de compra-venta como vendedor Aideluvia de Dios Mena y como comprador María Isabel Ramos Alvarado, de quince de agosto de dos mil diez. 2. Copia simple del certificado parcelario número 000000170789, de tres de enero de dos mil seis. 3. Copia simple del escrito de notificación al Comisariado Ejidal de quince de agosto de dos mil diez. 4. Copia a color de un recibo de energía eléctrica expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de la impetrante Ramos Alvarado María Isabel. 5. Copia simple de una hoja de libreta que dice contrato de una casa de losa, presupuesto de mano de obra, de veinte de noviembre de dos mil diez. 6. Treinta recibos de dinero en copias simples pagados por la quejosa de mérito por diversos conceptos. Así como, con las copias certificadas relativas al expediente agrario 91/2014, remitidas por la autoridad responsable magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 29, las que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta, debido a su voluminosidad y con la remitida por las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, misma que obra glosada en autos. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 344/2020-8, promovido por María Isabel Ramos Alvarado, contra actos del Presidente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos1º, párrafos segundo y tercero, 14, párrafo segundo, 16, 19, 20 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinte de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional, el veintiuno siguiente, María Isabel Ramos Alvarado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de ejecución y lanzamiento derivada del expediente 91/2014. 2 La ejecución de dicha orden. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Presidente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29, con sede en esta ciudad. 2 Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29, con sede en esta ciudad. 3 Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. 4 Unidad de Apoyo Jurídico dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 344/2020-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó emplazar a la tercera interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Posteriormente, en Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el día de su aprobación veinticinco de mayo de dos mil veinte, se reformó el párrafo primero del artículo 1 del Acuerdo General 8/2020, para dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales del período del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". CUARTO. REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES, PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veinte, se hizo saber a las partes del presente juicio la reanudación de las actividades jurisdiccionales, plazos y términos procesales; asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de lanzamiento derivada del expediente agrario 91/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 29, con sede en esta ciudad. Y su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 29, el actuario de su adscripción, así como la titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien rinde por sí y por el titular de la misma, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, admiten la existencia de los actos que se les reclaman; lo cual se corrobora con el contenido de los citados informes justificados y con las diversas constancias que adjuntaron consistente en un legajo de copias certificadas derivadas del expediente 91/2014, las que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en el ejercicio propio de sus funciones. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. En apoyo a lo anterior, es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio las advierta quien esto resuelve e impidan abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida en esta instancia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia con número de registro 210784, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 87, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, agosto de 1994, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Para el suscrito Juzgador Federal, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados que se precisaron en la consideración segunda de este fallo, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, en términos de la fracción V del precepto 63 del ordenamiento legal citado. Los referidos numerales de la ley reglamentaria, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Del primero de los preceptos citados, se colige que las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Constitución Federal o de la Ley de Amparo, dado que las veintidós primeras fracciones del citado artículo 61, establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en los diversos preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo. Es ilustrativo al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil trescientos cuarenta y cuatro, del Libro 2, Enero de dos mil catorce, Tomo II, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2005313, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Por su parte, del segundo de los numerales reproducidos, se concluye que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. A ese respecto, conviene anotar algunas precisiones técnicas que se relacionan con la temática que envuelve el tópico que aquí se analiza. En primer lugar, cabe resaltar que la solicitante del amparo acude a esta vía constitucional mediante la procedencia del juicio prevista en la fracción VI del numeral 107 de la Ley de Amparo, esto es, bajo el carácter de tercero extraño; en ese sentido debe decirse que suelen expresarse de forma indistinta los términos "persona extraña" y "tercero extraño"; sin embargo, acorde con la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Luego, para efecto de lo preceptuado en el artículo 107, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la parte formal que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra a lo antes dicho la Jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y seis, del tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así, no obstante en el caso la quejosa es parte formal en el juicio agrario 91/2014, de donde derivan las consecuencias que reclama, precisamente por figurar como demandada, lo cierto es que no lo es en el aspecto material, dado que -según aduce- no se le ha llamado legalmente a efecto de que pudiera estar en condiciones de enderezar una defensa adecuada dentro del mismo. Desde otro ángulo, conviene destacar también lo relativo a definir cuál es la naturaleza del acto jurídico procesal del que la parte aquí quejosa dice no se llevó a cabo, es decir, el denominado llamamiento a juicio o emplazamiento (pues aduce no fue oída ni vencida en juicio). En ese sentido, el emplazamiento es un acto procesal mediante el que un órgano jurisdiccional realiza un acto procesal a efecto de hacer saber a la parte interesada la existencia de una controversia en la que interesa comparezca con el ánimo de que se defienda eficazmente; esto es, el emplazamiento es una de las figuras del derecho procesal que tiene un grado de importancia supremo, porque lleva implícita la satisfacción y respeto al derecho fundamental de audiencia y defensa que cualquier gobernado debe tener frente al desarrollo de un procedimiento tendiente a afectarlo en su esfera jurídica, ya sea de carácter civil, administrativo, familiar, laboral, entre otros. De ahí que ante su falta o irregular satisfacción conforme a las reglas procesales de cada materia, tal situación es productora de transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, de resultar viciada, acarrea que todas las actuaciones que fueron realizadas en ausencia del no llamado o indebidamente emplazado, queden nulas. Así pues, el emplazamiento constituye una actuación procesal de trascendental importancia para el respeto del derecho fundamental previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, porque es una de las más importantes formalidades esenciales del procedimiento, ya que por medio de ella se hace del conocimiento a la parte demandada la existencia de un juicio en su contra, que bien puede concluir con la privación de sus derechos; luego, es necesario llamarlo para que tenga oportunidad de alegar lo que considere oportuno, oponer excepciones y defensas y ofrecer pruebas. De igual manera, el emplazamiento debe satisfacer todas las formalidades requeridas por la ley, pues de no hacerlo vulneraría de manera directa el derecho fundamental de audiencia previsto por el numeral 14 de nuestra Carta Magna. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página ciento treinta y tres, del tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que la quejosa María Isabel Ramos Alvarado, reclama violación a la garantía de audiencia al no haber sido oída ni vencida en juicio, lo que se traduce en una falta de emplazamiento al juicio agrario 91/2014. En ese tenor, de las reproducciones fotostáticas allegadas por el tribunal responsable, deducidas del juicio origen de reclamo, mismas que constituyen los antecedentes del acto reclamado, a las que se les reitera el valor probatorio otorgado previamente por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, se obtiene lo que enseguida se precisa: Mediante escrito de once de marzo de dos mil catorce, Micaela Miranda Gamas, demandó la restitución y entrega de una fracción de la parcela 342, ubicada en el ejido Arroyo Hondo, municipio de Cárdenas, Tabasco, con base en los hechos que narró (fojas 1-7 del tomo de pruebas). Por auto veinticinco de marzo de dos mil catorce, el tribunal responsable admitió la demanda de que se trata, ordenó emplazar a la demandada María Isabel Ramos Alvarado y señaló hora y fecha para la audiencia de ley (foja 8 del tomo de pruebas). Mediante diligencia de siete de agosto de dos mil catorce, se emplazó a juicio a la demandada María Isabel Ramos Alvarado, entendiéndose la diligencia personalmente con dicha persona (foja 30 del tomo de pruebas). En audiencia de veinte de octubre de dos mil catorce, se hizo constar la presencia de la actora y de la demandada María Isabel Ramos Alvarado, por lo que dada la comparecencia voluntaria de ésta, se le tuvo legalmente emplazada a juicio, sin necesidad de correrle traslado nuevamente con el escrito inicial de demanda, en virtud de que el siete de agosto de ese año, se le corrió el traslado respectivo y se señaló nuevamente hora la audiencia de ley (fojas 50 a 52 del tomo de pruebas). El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se hizo constar la comparecencia de la actora y de la demandada María Isabel Ramos Alvarado, y en virtud de la comparecencia de la tercera Aidé Luvia de Dios Mena, con copia del certificado parcelario exhibido, se ordenó dar vista a la actora para que ampliara la demanda y se señaló hora y fecha para la audiencia de ley (fojas 54 a 56 del tomo de pruebas). Por auto de tres de marzo de dos mil quince, a petición de la actora, se señaló hora y fecha para la audiencia de ley y en cuanto al emplazamiento de la demandada, se le dijo que en audiencia de veinte de octubre de dos mil catorce, se emplazó a juicio (foja 65 del tomo de pruebas). Posteriormente, por auto de siete de agosto de dos mil quince, se dijo a la actora que no ha lugar a ordenar el emplazamiento de María Isabel Ramos Alvarado, David Zenteno Ventura y Aidé Luvia de Dios Mena, porque en las audiencias de veinte de octubre de dos mil catorce y veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, dada su comparecencia voluntaria, se les tuvo por emplazados (foja 73 del tomo de pruebas). Mediante audiencia de ocho de septiembre de dos mil quince, por los motivos expuestos en la misma, se difirió la audiencia de ley, señalándose hora y fecha para su desahogo y se ordenó el emplazamiento de María Isabel Ramos Alvarado, David Zenteno Ventura y de la tercera con interés Aidé Luvia de Dios Mena (fojas 77 y 78 del tomo de pruebas). Mediante diligencia de diecisiete de septiembre de dos mil quince, se emplazó a juicio a la demandada María Isabel Ramos Alvarado (foja 81 del tomo de pruebas). En audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil quince, se hizo constar la asistencia de la actora, de la demandada María Isabel Ramos Alvarado y de los terceros David Zenteno Ventura y Aidé Luvia de Dios Mena a la audiencia de ley y a petición de los asesores legales se difirió la audiencia (fojas 82 y 83 del tomo de pruebas). El veintisiete de octubre de dos mil quince, en virtud de la incomparecencia de la demandada y de los terceros con interés a la audiencia de ley, se señaló nueva hora y fecha para el desahogo de ésta y se libró oficio TUA/SA/2753/2015 a la Delegación Estatal de la Procuraduría Agraria, para que proporcionara un abogado para que representara a los antes mencionados (fojas 86 a 88 del tomo de pruebas). El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, con la asistencia de la actora y de la tercera con interés Aidé Luvia de Dios Mena, sin que hayan comparecido la demandada María Isabel Ramos Alvarado y el tercero con interés David Zenteno Ventura, quienes fueron representados por Nabor Marín Camacho y Gudelia del Carmen Sánchez García, respectivamente, asesores designados por el Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado, mediante oficio PA/SJ/432/2015 (fojas 94 a 99 del tomo de pruebas). El diez de mayo de dos mil dieciséis, se pronunció sentencia definitiva, en la que se declaró parcialmente procedente las pretensiones de la actora y se declaró en su favor el mejor derecho para poseer la superficie motivo de conflicto (fojas 136 a 146 del tomo de pruebas). El dos de agosto de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia definitiva (foja 151 del tomo de pruebas). El cinco de octubre de dos mil dieciséis, se turnaron los autos al actuario adscrito al tribunal responsable para que llevara a cabo la ejecución de la sentencia y para el caso de estar cerrado, se autorizó el rompimiento de cerraduras, derribar puertas y bardas; así como de existir bienes muebles o semovientes dejarlos en depositaría, la cual no se llevó a cabo al existir oposición de parte (fojas 153 y 154 del tomo de pruebas). El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó girar oficio al Gobernador Constitucional del estado, para que proporcionara el auxilio de la fuerza pública a fin de llevar a cabo la ejecución de la sentencia (foja 165 del tomo de pruebas). El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a la titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informando la autorización del auxilio de la fuerza pública y señaló hora y fecha para tales efectos (foja 183 del tomo de pruebas). De la constancia actuarial de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se observa que no fue posible llevar a cabo la ejecución de la sentencia, por oposición de partes, en la que se encontraba presente la demandada María Isabel Ramos Alvarado (fojas 184 a 187 del tomo de pruebas). Por último, el veinte de febrero de dos mil veinte, se ordenó nuevamente el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que se instruyó y autorizó al actuario para tal efecto y se ordenó librar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, para que proporcionara el auxilio de la fuerza pública (foja 190 del tomo de pruebas). Esta determinación constituye el acto reclamado. De la reseña plasmada, se pone de manifiesto que aun cuando la quejosa acude en demanda del amparo ostentándose como persona extraña al juicio agrario 91/2014, pues reclama que no fue oída ni vencida en juicio, por lo tanto, no tenía conocimiento de su existencia; lo cierto es que, el siete de agosto de dos mil catorce, fue emplazada al juicio de origen (foja 30 del tomo de pruebas) y, posteriormente, compareció voluntariamente a la audiencia de veinte de octubre de dos mil catorce, en la que se le tuvo por legalmente emplazada, sin necesidad de correrle traslado nuevamente con la demanda, en virtud de que en diligencia de siete de agosto de ese año, se practicó su emplazamiento. Aunado a ello, de autos se advierte que compareció a la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce (foja 55 del tomo de pruebas), quien se identificó con credencial para votar 0154107288194, la cual obra a foja 158 del citado tomo. A pesar de ello, en ocho de septiembre de dos mil quince, el tribunal responsable ordenó de nueva cuenta llevar el emplazamiento de la demandada y señaló hora y fecha para la audiencia de ley, habiendo sido emplazada mediante diligencia de diecisiete de septiembre de dos mil quince (fojas 78 y 81 del tomo de pruebas). Por otro lado, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que compareció a la audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil quince y se identificó nuevamente con la credencial para votar 0154107288194 (fojas 82 y 84 del tomo de pruebas), por lo que a petición de los asesores legales de la demandada y terceros con interés se difirió la audiencia de ley. Cabe mencionar que el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, si bien es cierto no compareció personalmente la demandada hoy quejosa, al desahogó de la audiencia que prevé el artículo 185 de la Ley Agraria; también lo es que estuvo representada por Nabor Marìn Camacho, asesor designado por el Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado (fojas 94 a 99 del tomo de pruebas). Luego durante la etapa de ejecución de sentencia la ahora quejosa María Isabel Ramos Alvarado, estuvo presente en la diligencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la que el actuario judicial pretendió dar cumplimiento a la sentencia definitiva de diez de mayo de dos mil dieciséis, con el auxilio de la fuerza pública, la cual no fue posible llevarla a cabo, en virtud de la oposición de los familiares de la citada demandada con la actora (fojas 184 a 187 del tomo de pruebas). Por lo que, contrario a lo señalado por la quejosa, sí tuvo conocimiento del procedimiento del que deriva la materia de su reclamo, precisamente desde el momento en que fue emplazada a juicio y compareció a las audiencias de veinte de octubre y veinticuatro de noviembre, ambas de dos mil catorce y de veinticinco de septiembre de dos mil quince; asimismo, compareció a la diligencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en oposición a la ejecución de la sentencia definitiva. Bajo dichas consideraciones, es claro que al haber tenido conocimiento de la tramitación del juicio instaurado en su contra, no se le dejó en estado de indefensión, en virtud que tuvo oportunidad de defenderse, pues, se insiste, de las constancias se revela el conocimiento que tuvo del juicio seguido en su contra, del cual derivan las actuaciones que ahora reclaman. En ese sentido, es de concluirse que a la quejosa no le corresponde el carácter de persona extraña, lo que actualiza la causal de improcedencia que dispone el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del diverso 107, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que a su vez impide analizar los distintos actos reclamados bajo dicha calidad. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia P./J. 39/2001, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". También sirve de apoyo, en lo que fuera aplicable, la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la procedencia del amparo indirecto únicamente en el caso de que la persona que se ostenta como tercero extraño, haya tenido conocimiento del juicio respectivo después de dictada la sentencia, pero antes de que se declare ejecutoriada, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal". Así también, apoya lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia número 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la página mil seiscientos veintisiete, tomo 2, Libro V, febrero de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000293, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del diverso 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la legislación citada e innecesario el estudio de la causal invocada por la autoridad responsable ordenadora. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado. Robustece la jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, octubre de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y siete, que indica lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Así, pues el sobreseimiento decretado deberá hacerse extensivo al acto de ejecución atribuido al Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 29, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco y Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico dependiente de dicha Secretaria; al reclamarse por vía de consecuencia, y no por vicios propios. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se localiza en la página 50, tomo 24 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, con registro 239008, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que no se encuentre emplazada al presente juicio la tercera interesada Micaela Miranda Gamas, en virtud que el sentido de la presente resolución no le causa ningún perjuicio, ya que no es contraria a sus intereses legales. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia: P./J. 46/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 396, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causará agravio alguno; además, a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto." Así como, la Tesis del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 2008, Página 45, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto; por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Isabel Ramos Alvarado, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia. Notifíquese.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que por auto de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, se giró el despacho 77/2020-8, orden 149/2020, dirigido al Juez Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, en turno, a efecto de emplazar a la tercero interesada Micaela Miranda Gamas; no obstante, de la búsqueda realizada a la guía de estafeta con número de código de rastreo 3334808823, correspondiente a la citada comunicación, en la página electrónica https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, se advierte que se encuentra en tránsito hacia su destino. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- María Isabel Mayo Méndez548/2021
- María Isabel Mayo Méndez990/2018
- María Isabel Mayo Méndez353/2019
- Maria Isabel Mayo Mendez497/2018
- Maria Isabel Naranjo Maldonado689/2017
- Maria Isabel Ocaña Cal Y Mayor1826/2017
- María Isabel Ruíz Gallegos1715/2017
- María Isabel Ruíz Gallegos300/2017
- María Jesús Bugarin Torres319/2016
- Maria Jesus Cruz Lopez261/2018
- María Jesús Cruz López689/2015
- María Jesús de Dios García1001/2021