María Isabel Ramírez Martínez

Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
126/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • María Isabel Ramírez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. I. Recepción de la demanda Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto, promovida vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por María Isabel Ramírez Martínez, conjuntamente y a través de la firma electrónica de su defensor particular dentro de la causa penal de la que deriva el acto reclamado Víctor Alfredo Sánchez González, contra actos del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 126/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Análisis de la Demanda de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 126/2021 2 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Es así, pues del numeral trascrito, impone a la parte quejosa la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de derechos fundamentales, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia del principio de definitividad se destaca, porque el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado, puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII-B PRAL 126/2021 3 Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes trascrito. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, así como de las constancias anexas a la misma, se desprende que la parte quejosa, en su carácter de procesada dentro de la causa penal 119/2019, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, reclama: La resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, por medio de la cual, dictada en audiencia de revisión de medida cautelar, por medio de la cual, se modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta previamente, decretándose la prevista en la fracción II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, consistente en la exhibición de garantía económica En ese sentido, se estima que, contra la resolución reclamada, procede el recurso de apelación, en términos de los artículos 160 y 467, fracción V, del Código de Nacional de Procedimiento Penales, que disponen: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables." "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; (.)." De los dispositivos legales trascritos se advierte la existencia de un medio de impugnación (apelación), el cual satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 126/2021 4 existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la determinación combatida, está establecido en la citada codificación adjetiva penal y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al procedimiento penal. Además, se estima que, no es obstáculo para que la parte quejosa haga uso de dicho medio de defensa legal, el hecho que el acto reclamado lo hubiera emitido el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial, toda vez que acorde con las manifestaciones del propio promovente del amparo, el acto reclamado se emitió en audiencia, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé dicho recurso, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. En relatadas consideraciones, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a combatir el auto reclamado, a través del recurso de apelación que prevén los artículos 160 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes invocado, pues a través de ese medio ordinario de impugnación, aquél puede ser modificado, revocado o nulificado, y al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Máxime, que la parte quejosa no es tercero extraño al juicio, pues acorde a sus manifestaciones, es parte procesada dentro de la causa penal de la que deriva el acto reclamado, razones por las cuales, estaba en aptitud de hacer valer los recursos ordinarios previstos en el código que sirvió de sustento para la resolución que se reclama. Aunado a lo anterior, tampoco se ubica en los supuestos de excepción delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco, respecto de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII-B PRAL 126/2021 5 Además, tampoco se está en presencia de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del de la parte quejosa, ni se trata de un auto de vinculación a proceso, bien, que el recurso de apelación de referencia, requiera de una interpretación adicional, pues como se refirió, los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales antes citados, prevé la posibilidad de impugnar a través del recurso de apelación, las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares, como la que en el caso acontece. Tampoco obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto. Apoya a lo anterior, la tesis II.3o.P.59 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2694, rubro y texto: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La medida cautelar de exhibición de garantía económica es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere a los imputados a efecto de que exhiban una cantidad definida para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo que revela que, por regla general, su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal de los imputados, ya que se circunscribe a que exhiban una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. En estas condiciones, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Juez de Control del sistema penal acusatorio que impone al imputado la medida cautelar de exhibición de garantía económica, establecida en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo pues, previo a promoverlo, debe agotarse el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467, fracción V, del propio código, en observancia al principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 126/2021 6 la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto" Ahora, si bien el recurso de mérito no prevé la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia no impide tener por actualizada la causa de improcedencia que se analiza prevista en la fracción 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual prevé excepciones de aplicación estricta y diversas a las contenidas en la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del mismo numeral, que también regula la definitividad, empero tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el diverso numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" Así como la jurisprudencia VI.2o.C.J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA" De igual forma, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 1665, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA" Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, la demanda de cuenta, con objeto de que el CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII-B PRAL 126/2021 7 promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA" Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Apoya a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" II. Domicilio y autorizados del promovente. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Alfredo Sánchez González y Ángel López Miguel, ya que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 126/2021 8 Ahora, por cuanto hace al número telefónico que pone a disposición para realizar las debidas notificaciones, dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. No obstante lo anterior, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota de los números de celular, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. III. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Vista la certificación de cuenta se autoriza al usuario VICTOR_SAUCES, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al analista jurídico de dicho sistema adscrito a este Juzgado de Distrito. Toda vez que se encuentra registrado el correo electrónico victoral65@yahoo.com.mx, con fundamento en los artículos 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones a la parte quejosa se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación con el usuario de mérito; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto proporcionó en su demanda de amparo. IV. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, en atención a la petición efectuada, en el sentido de que puedan imponerse de los autos, auxiliándose de los medios electrónicos; con fundamento en el artículo CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII-B PRAL 126/2021 9 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, pues la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevén la autorización de dichos medios electrónicos para tal fin; por lo que, se deja expedito su derecho, a fin de solicitar el fotocopiado que solicita por la vía tradicional, si a su interés conviene. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, misma que si bien manifiesta no tener inconveniente en que se autorice dichos medios electrónicos, deja expedita dicha facultad a los titulares de los órganos jurisdiccionales donde se tramitan los juicios relativos. V. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. VI. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." VII. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 126/2021 10 así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en a tención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VIII. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza a la Secretaria y/o al actuario judicial, a firmar los oficios que deriven del presente auto. Notifíquese personalmente y, cúmplase.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

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