María Isabel Olmos Cervantes

Expediente 331/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
331/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • María Isabel Olmos Cervantes
  • Comisión Nacional Bancaria Y de Valores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del trece de abril de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de abril de dos mil veintiuno. Se declara que no existe materia para la ejecución del fallo protector. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de siete de septiembre de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "52. Finalmente, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que, en estricto acatamiento a los artículos 17 constitucional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Especial Número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, tome las medidas necesarias para que remita los oficios dirigidos al Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro en el juicio laboral 1911/2019 de su índice." Mediante proveído de trece de octubre de dos mil veinte, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio número 180/20/C.E._R, la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, del que se desprende que ante la omisión de la parte actora, de desahogar la vista otorgada en relación con la imposibilidad de entregar el oficio dirigido a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se hizo efectivo el apercibimiento señalado por la Junta responsable, en acuerdo de ocho de septiembre anterior, es decir, se decretó la deserción de dicha prueba. Posteriormente, por oficio número 10/21/C.E._R, la Junta responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, del que se desprende que ante la omisión de la parte actora, de desahogar la vista otorgada en relación con la imposibilidad de entregar el oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se hizo efectivo el apercibimiento señalado por la Junta responsable, en acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, es decir, también se decretó la deserción de ese medio de convicció. En esa tesitura, al haber decretado la deserción de las pruebas documentales vía informe ofrecidas en el juicio laboral 1911/2012, respecto de los oficios dirigidos al Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro; resulta patente que no existe materia para la ejecución del fallo protector, en la que se concedió la protección constitucional para que sean entregados dichos oficios, al haberse declarado la deserción de esos medios de convicción. Por tanto, de conformidad con los artículos 196, segundo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, se determina que no existe materia para la ejecución del fallo protector, dado que en el juicio laboral 1911/2012 del índice de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se decretó la deserción de las pruebas documentales vía informe solicitadas a Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. En efecto, de las constancias que obran en autos y de los actos examinados en este proveído emitidos por la autoridad responsable, se advierte que ésta realizó lo necesario para cumplir los efectos del fallo protector -entregar los oficios solicitados vía informe a las comisiones de que se trata-; sin embargo, también se observa que con motivo de la omisión de la parte actora de desahogar las vistas respecto de las razones de imposibilidad de los domicilios proporcionados para su entrega, se decretó la deserción de dichas probanzas, por lo que no es posible cumplir en su totalidad la ejecutoria de amparo, debido a que no existe materia para la ejecución del fallo protector, lo cual no es resultado de una actitud contumaz por parte de la responsable, sino de la omisión de la parte actora en el juicio laboral de origen. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el cual manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector y al efecto remite copia certificada del proveído de veintidós y veintitrés de marzo del año en curso. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, en el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de diciembre de dos mil veinte. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el oficio y anexo del Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que da cumplimiento a lo requerido en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, sin que sea necesario realizar mayor determinación toda vez que en acuerdo de siete de diciembre del año en curso se acordó lo conducente. Cúmplase.

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