María Isabel Mayo Santiago
Expediente 613/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María Isabel Mayo Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo previsto en la Circular SECNO/10/2021, en la cual se estableció que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levantará la suspensión de plazos y términos decretada debido al periodo de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por lo que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo. En esta tesitura, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Isabel Mayo Santiago para que las autoridades responsables, Congreso y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho Congreso del Estado de Morelos, una vez que tengan conocimiento de la ejecutoria que se pronuncie, dentro del término de tres días siguientes a su notificación, den respuesta y resuelvan lo conducente respecto del trámite realizado por la quejosa consistente en la solicitud de pensión por jubilación que solicitó mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil diecisiete y lo hagan de su conocimiento; debiendo remitir a este juzgado de distrito las constancias que así lo acrediten. Sin que el resultado del trámite solicitado constriña a la autoridad responsable a resolver sobre la procedencia o no de la pensión solicitada, sino únicamente es para el efecto de que dé respuesta a su petición y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que conforme a derecho corresponda.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, mediante oficio LIVI/SSLYP/DJ/3 10960/2020, signado por el Congreso del Estado de Morelos, remitió el decretó 695 por el que concede pensión por jubilación a María Isabel Mayo Santiago; constancias estas últimas con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber dado respuesta a la parte quejosa de su escrito que presentó a la responsable el doce de junio de dos mil diecisiete, esto es, fue aprobado el acuerdo de pensión correspondiente, el cuál incluso fue publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, constancias estás últimas fueron entregadas a la parte quejosa, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable resuelva de manera fundada, motivada y congruente la solicitud presentada mediante escrito ingresado en su oficialía de partes el seis de marzo de dos mil diecinueve, y lo notifique en términos de la ley aplicable al acto. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la autoridad responsable da respuesta al escrito de la parte quejosa de doce de junio de dos mil diecisiete, esto es, fue aprobado el acuerdo de pensión correspondiente, el cuál incluso fue publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, constancias estás últimas fueron entregadas a la parte quejosa, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Hágase del conocimiento a las partes, que en adición a las disposiciones que rigen el presente juicio de amparo, será aplicable en lo conducente, lo previsto en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo previsto en la Circular SECNO/10/2021, en la cual se estableció que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levantará la suspensión de plazos y términos decretada debido al periodo de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por lo que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo. En esta tesitura, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Isabel Mayo Santiago para que las autoridades responsables, Congreso y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho Congreso del Estado de Morelos, una vez que tengan conocimiento de la ejecutoria que se pronuncie, dentro del término de tres días siguientes a su notificación, den respuesta y resuelvan lo conducente respecto del trámite realizado por la quejosa consistente en la solicitud de pensión por jubilación que solicitó mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil diecisiete y lo hagan de su conocimiento; debiendo remitir a este juzgado de distrito las constancias que así lo acrediten. Sin que el resultado del trámite solicitado constriña a la autoridad responsable a resolver sobre la procedencia o no de la pensión solicitada, sino únicamente es para el efecto de que dé respuesta a su petición y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que conforme a derecho corresponda.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, mediante oficio LIVI/SSLYP/DJ/3 10960/2020, signado por el Congreso del Estado de Morelos, remitió el decretó 695 por el que concede pensión por jubilación a María Isabel Mayo Santiago; constancias estas últimas con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber dado respuesta a la parte quejosa de su escrito que presentó a la responsable el doce de junio de dos mil diecisiete, esto es, fue aprobado el acuerdo de pensión correspondiente, el cuál incluso fue publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, constancias estás últimas fueron entregadas a la parte quejosa, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable resuelva de manera fundada, motivada y congruente la solicitud presentada mediante escrito ingresado en su oficialía de partes el seis de marzo de dos mil diecinueve, y lo notifique en términos de la ley aplicable al acto. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la autoridad responsable da respuesta al escrito de la parte quejosa de doce de junio de dos mil diecisiete, esto es, fue aprobado el acuerdo de pensión correspondiente, el cuál incluso fue publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, constancias estás últimas fueron entregadas a la parte quejosa, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Hágase del conocimiento a las partes, que en adición a las disposiciones que rigen el presente juicio de amparo, será aplicable en lo conducente, lo previsto en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio 10146/2020, singado por Gerardo Florentino Galindo Durán, Delegado del Congreso del Estado de Morelos, oficio el cual no pasa desapercibido que no se agregó a los presentes autos en su oportunidad, sin embargo, atendiendo a sus manifestaciones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, las cuales como se advierte del diverso oficio de cuenta ya aconteció su cumplimiento, además, de que dichas consideraciones y anexos si fueron atendidas en su oportunidad como se desprende de autos. Así también, se ordena agregar a los autos el diverso oficio signado por Gerardo Florentino Galindo Durán, Delegado del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informa y acredita sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese Personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos de los que se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que sea legalmente notificado del presente acuerdo, se sirva informar si el decreto pensionario 695 que le otorga pensión por jubilación a la quejosa continúa en proceso de firma de los integrantes de la mesa directiva, o si ya fue aprobado, o en su caso haga del conocimiento a esta autoridad el estado en que se encuentra, remitiendo las constancias que acrediten su dicho. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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