Maria Isabel Lorenzo Estrada
Expediente 565/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria Isabel Lorenzo Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III (.)C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Al rendir su informe justificado, el PRESIDENTE EJECUTOR DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, aceptó la existencia del acto reclamado. Esa certeza se corrobora mediante las constancias que anexó en vía de justificación, deducidas del expediente 921/2017 (4) Bis, en las que se aprecia el acto reclamado; a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y además conforme a la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es el siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". TERCERO. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, dado que la promovente del amparo reclamó de la autoridad responsable, la omisión de proveer respecto del escrito presentado ante la responsable el seis de marzo de dos mil veinte. Sin embargo, de la copia certificada de diversas constancias remitidas por el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto 2° de la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se dictó acuerdo en el juicio natural, en el cual, se acordó el escrito de la aquí quejosa, presentado ante la responsable el seis de marzo del año en curso, de modo tal que dictó las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, requiriendo al efecto al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el cumplimiento del mismo con que culminó el asunto laboral. En esas condiciones, se concluye que en el caso han cesado los efectos del acto que en esta vía se combate, consistente en la omisión de acordar su escrito de seis de marzo de dos mil veinte. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 415, visible en la página 356, de la primera parte del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2000, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que sea el caso de analizar las medidas adoptadas para lograr la ejecución del laudo emitido el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el expediente 921/2017(4 bis), en la medida en que dicho acto es, antes que nada, un acto intraprocesal, en la medida en que no es un acto de imposible reparación pues su cumplimiento está sujeto a la solicitud e impulso procesal que, para su ejecución, haga la parte actora, aquí quejosa. Se invoca en apoyo, la tesis jurisprudencial número 15/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2771, del libro III, diciembre de dos mil once, tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto literal siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Además, los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2005150, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo tanto, dada la actualización de las causas de improcedencia invocadas, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. CUARTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (.) SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE)
- Principal
MESA III "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los presentes autos los informes justificados que rinde el Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; dése vista a las partes con los citados informes, por un término genérico de ocho días. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Mayra Leticia Mendoza Juárez, con el carácter de apoderada y representante del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, personalidad que acredita con copia certificada del instrumento notarial cuatro mil quinientos sesenta, volumen ochenta y tres; en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio, en su calidad de tercera interesada. Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos aduce, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que menciona el promovente, consistente en la sentencia emitida en el juicio de amparo 818/2019, de este juzgado, la cual se instruye al secretario para que se deduzca copia de la misma y se agregue al presente asunto; así también, se tienen por ofrecidas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. No ha lugar a tenerle por ofrecida la documental consistente en el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dado que no la exhibe. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el domicilio que cita y autorizando para ese efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ello refiere. Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza a la promovente consulte el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular los usuarios que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por último, dado que la autoridad responsable, quedó notificada del auto de cinco de octubre de dos mil veinte, por el que se le solicitó su informe justificado el quince siguiente, por lo que se encuentra trascurriendo el término concedido en el referido auto para que rinda su respectivo informe. En consecuencia, la audiencia constitucional se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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