María Isabel López Montero
Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- María Isabel López Montero
- Emérico Jesús Mendoza Garza
- María Isabel López Montero y Otros.
- Ministerio Público
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de octubre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en este asunto; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo que antecede es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación "2", representada por Administradora Jurídica "3" del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, habida cuenta que, conforme los dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo en vigor, ésta sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido del fallo afectara el acto que le fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. Tiene aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia XX. J/74, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 84, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, que en su rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
En Heroica Matamoros, Tamaulipas, a las trece horas con quince minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés, el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la presente diligencia con la asistencia de la licenciada Nayeli García Cruz, perito en materia de grafoscopía propuesta por este Juzgado de Distrito, quien se identifica con la credencial con número de folio 5A72339 expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en la cual aparece una fotografía que coincide con los rasgos físicos de quien la presenta, misma que se le devuelve por ser de uso personal, previa copia que se deje en autos; enseguida en uso de la palabra la compareciente expresa que el motivo de su presencia ante este Tribunal, lo es con el fin de ratificar su dictamen pericial presentado ante este tribunal el veinticinco de octubre de este año, dentro del juicio de amparo 1004/2022-I, promovido por Héctor Hugo Vázquez Alvarado. Visto lo que antecede, el Juez acuerda: Se tiene a la citada profesionista ratificando su dictamen presentado ante este Juzgado, en la fecha indicada, reconociendo como de su puño y letra la firma que lo calza. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, firmando al margen los que en ella intervinieron. Doy fe. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, firmando al calce los que en ella intervinieron. Doy fe. El Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas. Licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles. Compareciente. Lic. Nayeli García Cruz. El Secretario. Licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico al denunciante, el proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, por lista de acuerdos, toda vez que no se presentó al local de este juzgado a recibir la notificación respectiva de manera personal....
- Principal
Visto, para resolver, el juicio de amparo 1/2023-V, promovido por********************, contra actos del Administrador de Recaudación de Tamaulipas 2, con sede en Nuevo Laredo, antes conocido como Administrador Local de Recaudación de Matamoros, Tamaulipas y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria,********************, promovió juicio de amparo indirecto en el que como autoridades responsables y actos reclamados señaló lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Administración Local de Recaudación de esta ciudad (ahora Administración Desconcentrada 2, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas). 2. Titular de la Notaría Pública 110 (licenciado ********************). Ambas de Matamoros, Tamaulipas. 3. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con sede en la Ciudad de México (ahora Coordinador de Amparo, Agrario y Administrativo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado "INDEP"). 4. Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. Actos reclamados: a) La falta de emplazamiento en procedimiento administrativo de remate. b) La falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo de subasta. c) Al titular de la Notaría, se le reclama la elaboración del Instrumento Notarial número 2,818 (Dos mil ochocientos dieciocho), asentando en el volumen XC (Noventa), de fecha 16 de Marzo de 2019, en donde actuaron como apoderados del Servicio de Administración y Enajenación de bienes (SAE) Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, los señores Ingeniero Industrial ********************y el Lic. ********************. d) La omisión de notificarme algún cambió en mi propiedad, la que continúa cobrando las cuotas del crédito y preciso bajo protesta de decir verdad, que continúo en posesión del bien inmueble de mi propiedad. Asimismo, señaló como garantía violada la contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reseñó bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, radicó la demanda bajo el número ********************, por lo que seguido sus trámites, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, celebró la audiencia constitucional y posteriormente mediante resolución terminada de engrosar el veintitrés de noviembre de ese mismo año, declinó competencia a favor de este Juzgado de Distrito (fojas 35 a 37, 663, 681 a 684). En consecuencia, en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, este tribunal aceptó la competencia planteada y la radicó con el número 1/2023-V; se dejó sin efectos la audiencia constitucional celebrada por la autoridad declinante, fijándose de nueva cuenta hora y fecha para el desahogo de la misma y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que los actos que reclama la parte quejosa se hacen consistir en: 1. De la Administración Desconcentrada "2", con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas (antes Administración Local de Recaudación de esta ciudad): a) La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de ejecución en relación con los créditos fiscales ********************, determinados mediante oficio ********************, el trece de septiembre de dos mil doce, por la Aduana de Matamoros. b) La falta de emplazamiento al procedimiento de remate y de subasta del inmueble ubicado en ********************derivado del referido procedimiento: 2. Como consecuencia de lo anterior, la elaboración del instrumento notarial número 2,818 (dos mil ochocientos dieciocho), por parte del Titular de la Notaría Pública 110, originada con motivo de la citada subasta y adjudicación. 3. Del Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, la omisión de notificarle cualquier cambio de la propiedad en el inmueble materia de la litis y del cual continúa pagando. Lo anterior es así, no obstante que la peticionaria de garantías en el capítulo de actos reclamados no señaló como tal la falta de emplazamiento al procedimiento de ejecución; sin embargo, en el de conceptos de violación, en específico en el primero, refirió que no se respetaron las formalidades consistentes en que el ejecutor debería constituirse en la propiedad del deudor, requerirle el pago o hacer el embargo, entre otras cuestiones, lo cual se encuentra relacionado con el inicio a dicho procedimiento. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Gerente del Área Jurídica, en ausencia del representante de la Dirección del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (antes delegado), con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuyó (fojas 66 a 68). La parte quejosa no desvirtuó esa negativa, lo anterior es así, no obstante que en su escrito inicial de demanda manifestó que dicha responsable fue omisa en notificarle cualquier cambio en la propiedad del inmueble ubicado en ********************aunado a que le siguen cobrando las cuotas sobre el crédito que le fue otorgado. Sin embargo, no acompañó documental o prueba alguna para acreditar su dicho, es decir, tener la posesión del citado inmueble o contar con un crédito vigente otorgado por ésta para su adquisición y en su caso, las cuotas que refirió sigue aportando. Aunado a lo anterior, del certificado otorgado el diecisiete de octubre de dos mil trece, por el Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio de del Estado de Tamaulipas, aparece que la referida propiedad con número de finca ********************, se adjudicó al cien por ciento a favor de la Tesorería de la Federación, la cual se encontraba libre de gravamen (foja 263). Por lo anteriormente expuesto, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías en lo que toca a la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia por reiteración de tesis VI.2º. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página sesenta y siete, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas 3, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación "2", con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas (antes conocida como Administración Local de Recaudación de Matamoros), al rendir su informe justificado negó los actos que se le reprochan (fojas 188 a 196). Sin embargo, de las manifestaciones asentadas en su informe, así como de las constancias que se anexaron al mismo se advierte su existencia, pues de éstas se desprenden los créditos fiscales ********************, así como el requerimiento de pago y embargo, el remate y la subasta del inmueble embargado y su posterior adjudicación. Consecuentemente, se tienen como ciertos los actos que se les atribuyen. Lo que igual sucede con la diversa autoridad Coordinador de Amparo, Agrario y Administrativo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado "INDEP", con sede en la Ciudad de México (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), no obstante que lo haya negado (fojas 140 a 150) En efecto, dicha negativa se encuentra desvirtuada con las documentales que obran en autos, de donde se destaca el instrumento notarial número 2,818 (dos mil ochocientos dieciocho), elaborado el dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, en relación al bien inmueble materia de la litis y en el que se advierte su participación (fojas 101 a 114). Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. En la inteligencia de que a las documentales a que se ha hecho mención se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte, el titular de la Notaría Pública 110 (licenciado ********************), fue omiso en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se le dio para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificado para ello desde el veinte de junio de dos mil veintitrés, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 744), por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la de jurisprudencia 279 constituida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 232 del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).- Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. Así como la jurisprudencia 313, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SÓLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto este órgano de control constitucional advierte de oficio que respecto del acto reclamado que la quejosa********************, hizo consistir en la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de ejecución en relación con los créditos fiscales ********************, determinados mediante oficio ********************, el trece de septiembre de dos mil doce, por la Aduana de Matamoros, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones III, inciso a) y VI, este último interpretado a contrario sensu, los cuales a continuación se transcribe: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; . Ahora bien, del ocurso inicial de demanda se desprende que la quejosa********************, combate la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de ejecución en relación con los créditos fiscales ********************, determinados mediante oficio ********************, el trece de septiembre de dos mil doce, por la Aduana de Matamoros. Esto es, de la forma que lo plantea la parte quejosa es que se ostenta como tercera extraña por equiparación al procedimiento mencionado, lo que trajo como consecuencia, el remate y la subasta del bien inmueble materia de la litis. Primeramente es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, de idéntico contenido al 107, fracciones II y IV, de la citada ley de la materia vigente, estableció que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Para mejor ilustración de los razonamientos subsecuentes, se estima conveniente transcribir la parte que interesa de la ejecutoria de veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que resolvió el amparo en revisión ********************, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que sirvió de último precedente para la jurisprudencia que enseguida de transcribe, y que literalmente dice: (.) CUARTO. (.) En el caso concreto, el a quo correctamente se apoyó en el criterio transcrito para estimar improcedente el juicio de garantías, pues el mismo es aplicable en la medida en que la quejosa reclama los artículos 145 a 172 del Código Fiscal de la Federación, correspondientes al título quinto "De los procedimientos administrativos", del capítulo III "Del procedimiento administrativo de ejecución", con motivo de su aplicación consistente en los actos del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra a fin de hacer efectivos diversos créditos fiscales, específicamente las actas de requerimiento de pago, embargo y designación de depositario que obran a fojas 14 a 28 de autos, no obstante que debió esperar hasta el dictado de la última resolución dentro del procedimiento ejecutivo, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, para combatir en amparo tanto esta resolución como las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. No es obstáculo a la anterior conclusión lo alegado por la recurrente, respecto a que el amparo se promovió con apoyo en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo, por reclamarse preceptos legales con motivo del primer acto de su aplicación ocurrido dentro del procedimiento económico-coactivo, así como en el sentido de que se reclaman actos de ejecución provenientes de autoridad administrativa y no de tribunales, en virtud de que el que se reclame la inconstitucionalidad de disposiciones que regulan dicho procedimiento no hace procedente el amparo, pues como se determina con claridad en el criterio unánime establecido por este órgano colegiado, de la interpretación relacionada de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo y de la fracción III del mismo artículo, deriva que la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Lo anterior no implica derogar la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo ni colocar en estado de indefensión a los particulares, sino únicamente el determinar con claridad que tratándose de actos del procedimiento administrativo de ejecución, el juicio de amparo sólo procede hasta que se dicte en ese procedimiento la resolución definitiva con que culmina, pudiéndose reclamar tanto ésta como las violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, ello a fin de no obstaculizar injustificadamente la resolución ejecutiva, lo que no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de la ley que rija dicho procedimiento. Por tanto, al promoverse el amparo en contra de la resolución definitiva dentro del procedimiento ejecutivo, el gobernado está en aptitud de reclamar tanto esta resolución como las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo, así como las normas legales que estime contrarias a sus garantías individuales que funden tanto dicha resolución como los actos del procedimiento aludido. Por último, tampoco asiste razón al recurrente en cuanto arguye que la procedencia del amparo, en el caso que se examina, no obstaculiza el procedimiento ejecutivo, pues en todo caso debe negarse la suspensión para evitarlo, en primer lugar, porque lógicamente el estimar procedente la acción constitucional contra cada uno de los actos del procedimiento de ejecución fiscal entorpece la secuencia ejecutiva, pues se impide o retrasa su continuación, cuando que la intención del legislador derivada de la interpretación relacionada de las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo es la de evitar el entorpecimiento de los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, aunque no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, en segundo término, porque la procedencia o improcedencia del juicio de amparo no puede derivarse de lo que pueda llegarse a determinar en relación con la suspensión de los actos reclamados, máxime si las reglas que rigen ésta son diversas e independientes de las relativas a la procedencia del medio de control constitucional. (.) De la ejecutoria que en parte ha quedado transcrita, surgió la jurisprudencia 2a./J. 17/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 187, cuyos rubro y texto dicen: EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Como se ve, el Alto Tribunal sostuvo que el procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo abrogada (de similar contenido de la fracción II, del 107 de la Ley de Amparo vigente), pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendentes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación, con base en una liquidación firme, que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, constituye un presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos al cumplimiento de una sentencia ejecutoriada. Por tanto -continua el Alto Tribunal-, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento administrativo de ejecución, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, acerca de que el amparo en estos casos sólo procede contra la resolución definitiva, y de la fracción III del mismo precepto legal (de similar contenido de la fracción IV, del 107 de la ley de la materia vigente), se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Sin embargo -dice el Alto Tribunal-, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento administrativo de ejecución, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto antes citado de la Ley Abrogada (VI, del 107 de la Ley de Amparo vigente). Lo anterior, siempre y cuando no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente. Consideraciones que se desprenden de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis ********************, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en cuya parte conducente literalmente se dice: (.) CONSIDERANDO: En ese sentido, debe concluirse que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Sin embargo, la citada regla general admite excepciones. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos.(6) Es importante destacar que si bien esta disposición se refiere a los actos dictados dentro o fuera de juicio, es aplicable, por analogía, a los actos dictados en los procedimientos administrativos de ejecución pues, como se ha visto, éstos se asemejan, por sus características, a los actos dictados fuera de juicio tendientes a la ejecución de una sentencia, aunado a que tienen la misma finalidad, esto es, obtener el cumplimiento de una resolución que ha quedado firme, en el caso de un procedimiento administrativo de ejecución de un crédito fiscal. Asimismo, es necesario mencionar que aun cuando el precepto que se analiza establece que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que la ley no establezca a favor del promovente recursos ordinarios o medios de defensa por los cuales el acto reclamado pueda ser revocado o modificado, este Alto Tribunal ha sostenido que el tercero no está obligado a agotar los recursos ordinarios previamente a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, la persona extraña al procedimiento a que se refiere el citado precepto -identificada también con el concepto de tercero extraño-, es aquella que no figura como parte formal y material en la controversia, pero que resiente el perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten; asimismo, este Alto Tribunal ha establecido que se equipara a un tercero extraño aquella persona que, habiendo figurado como parte formal y material en la contienda, no fue llamada o se le llamó de manera incorrecta. En ese sentido, es posible concluir que cuando el quejoso reclama un acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, alegando que desconoce el crédito fiscal que se le pretende hacer efectivo, se actualiza una excepción a la regla general que impide reclamar actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, esto es, se surte la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso comparece como persona extraña a la controversia, aunado a que en este supuesto tampoco está obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes. Dicho en otras palabras, aun cuando, por regla general, no son susceptibles de impugnarse los actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar al dictado de la última resolución en dicho procedimiento, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Debe precisarse que esta hipótesis de procedencia está condicionada, en todo caso, a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que se ostenta el promovente de amparo pues, en tal supuesto, el juicio será improcedente. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 39/2001, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY."(8) (.) De la ejecutoria en que en parte ha quedado transcrita surgió la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, página 1242, cuyos rubro y texto dicen: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente. Conforme a lo anterior, se considera que se tiene el carácter de tercero extraño por equiparación al procedimiento administrativo de ejecución, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, ya sea (i) por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, (ii) por no haber sido llamado o (iii) por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal. Ahora bien, de las constancias que fueron allegadas por las responsables, se desprende que al rendir su informe justificado la Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas 3, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación 2, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas (antes conocida como Administración Local de Recaudación de Matamoros), en su parte conducente, literalmente dijo (foja 188 vuelta): Que con fecha 23 de mayo de 2013, se realizó la legal notificación con motivo a un Procedimiento Administrativo de Ejecución en relación al cobro de los crédito fiscales números ********************, determinados mediante oficio número ********************, de fecha 13 de septiembre de 2012, por la Aduana de Matamoros, emitido por la Aduana de Matamoros." Además, de la documental que acompañó, consisten en el mandado de ejecución de nueve de abril de dos mil trece, en el que se ordenó se constituyeran en el domicilio de la aquí quejosa a requerir el pago de crédito, se asentó que dicho crédito le fue notificado el día siete de noviembre de dos mil doce (foja 206). .para el cumplimiento de este mandato de ejecución se designa a . ejecutores adscritos a esta Administración Local de Recaudación para que ejecuten en forma conjunta o por separado indistintamente el presente mandamiento y se constituya en el domicilio del deudor a requerirle el pago de los créditos fiscales autorizados, más sus accesorios legales exigibles, señalado al rubro del presente documento el cual le fue notificado al contribuyente mencionado en fecha 07 de noviembre de 2012, según constancia que obra en el expediente... De lo anterior, se desprende que dicha responsable refiere que la peticionaria de garantías tiene controlados los créditos fiscales ********************, los cuales se determinaron mediante oficio número ********************, de fecha trece de septiembre de dos mil doce, además, de la documental que acompañó se desprende que ésta le fue notificada desde el siete de noviembre de dos mil doce. Lo anterior por sí mismo, pone de manifiesto que, contrariamente a lo manifestado por la quejosa, no es tercera extraña por equiparación al procedimiento administrativo de ejecución que trajo como consecuencia el remate y subasta del bien inmueble materia de litis, máxime que tampoco hace referencia a desconocer la existencia y el origen de los créditos fiscales, sino que únicamente se concreta en mencionar que no fue llamada a esa etapa de donde derivan los actos reclamados. Luego, -como lo sostiene el Alto Tribunal-, si por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva, sin que en el caso se hubiese justificado la excepción alegada atinente a que la impetrante es tercera extraña a dicho procedimiento, pues por los motivos ya indicados, está acreditado que la quejosa no tiene ese carácter de tercera extraña por equiparación. No se ignora que la quejosa, también aunado a la falta de emplazamiento al procedimiento de ejecución, combate el no haber sido llamada tanto al procedimiento de remate y de subasta, pretendiendo con ello justificar que es tercera extraña por equiparación. Sin embargo, dichos actos corren la misma suerte de la causal de improcedencia aquí analizada, lo anterior, pues previamente se destacó que el Alto Tribunal sostuvo en jurisprudencia que si bien el procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, prevalece que consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada, justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento administrativo de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. En ese sentido, la única posibilidad de reclamarlo es conforme a la excepción establecida por el propio Alto Tribunal en evolución a la jurisprudencia anterior (2a./J. 17/98), que es: (i) por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, (ii) por no haber sido llamado o (iii) por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal; de ahí que no es dable considerarla como tercera extraña por no haber sido notificada del primer acto del procedimiento administrativo de ejecución, pues contra ese y los ulteriores, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Sin que la quejosa, se ubique en alguno de dichos supuestos; por lo que de ninguna manera puede considerársele como tercera extraña al procedimiento administrativo de ejecución. Lo que conduce a este órgano jurisdiccional a estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracciones III, inciso a) y VI, este último interpretado a contrario sensu, y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley, se impone sobreseer en el presente juicio respecto a los actos combatidos a la Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas 3, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación 2, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas (antes conocida como Administración Local de Recaudación de Matamoros). El sobreseimiento decretado se hace extensivo por lo que corresponde a las autoridades ejecutoras Coordinador de Amparo, Agrario y Administrativo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado INDEP, con sede en la Ciudad de México (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) y el titular de la Notaría Pública 110 (licenciado ********************), puesto que no puede examinarse la constitucionalidad de los actos de ejecución, si en el caso no se combatieron por vicios propios. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Séptima Época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50 del Semanario Judicial de la Federación, tomo 24 Tercera Parte, del rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Dado que se actualizó la causa de improcedencia analizada, resulta innecesario examinar la posible actualización de otra causa. Es ilustrativa, por las razones que contiene, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 1993, consultable a página 233, del texto siguiente: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. También se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Tomo 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XIV, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************. CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN TERMINADA DE ENGROSAR EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1/2023-V. CONSTE. LA SECRETARIA. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Rosa Isela González Urbina, Secretario que actúa y da fe. L´RIGU SENTENCIA PRE-AUTORIZADA EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ En esta fecha queda firmado el oficio 28434, 28435, 28436 y 28437 que se gira para notificar el proveído que antecede. El número de su control se anota en la minuta que se agrega para constancia y seguimiento. Conste. El actuario recibe el oficio de referencia.
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