María Isabel Jiménez Castellanos
Expediente 1061/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María Isabel Jiménez Castellanos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) en contra del auto dictado con fecha uno de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que promovió; dentro del término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que establecen los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto mediante el cual se desechó la demanda, por tanto, no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual remite las constancia que acreditan la personalidad del promovente ********************; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce en este juicio la personalidad de la persona antes citada, como apoderado de la quejosa ********************, para todos los efectos legales consiguientes. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de UNO DE JULIO de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, uno de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la demanda de amparo promovida por David Tinoco Arteaga, quien se ostenta como apoderado legal de María Isabel Jiménez Castellanos, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, así como del Actuario adscrito a dicho tribunal, se provee como sigue: 1).- Registro demanda. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que le corresponda. 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Se explica. El citado artículo impone la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no es una resolución final en el procedimiento de ejecución, no goza de autonomía con éste, ni afecta derechos sustantivos diferentes a la cosa juzgada, conforme a las razones que se exponen a continuación. En efecto, de la última disposición normativa citada se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución; por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata, y b) Actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, continuó diciendo la Sala referida, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente -actos de imposible reparación-, ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, los sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En ese contexto, el presente juicio de amparo es improcedente, ya que el inconforme -actor en el juicio de origen- reclama que el Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dejó citatorio a la parte demanda Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos, para notificar el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordenó requerirle de pago, lo anterior, dentro del expediente laboral 01//218/2014, siendo que no lo ordenó así el Presidente ejecutor de dicho tribunal, ni se encuentra contemplado en la norma proceder de esa manera, ya que la ejecución del laudo es discrecional. De lo anterior se advierte que el acto fue emitido en ejecución de laudo, y que el acto que reclama no se trata de la última resolución en dicho procedimiento de ejecución de laudo, con la cual se le prive a la parte actora, aquí quejosa, de continuar con la ejecución del laudo que le resultó favorable. Tampoco resulta ajeno a la cosa juzgada, ya que conforme al planteamiento del quejoso, la única afectación es el hecho de que el Actuario en lugar de ejecutar el laudo en los términos en que le fue ordenado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, dejó citatorio a la parte demandada, y que ello, refiere la parte solicitante del amparo que es contrario a derecho porque la ejecución del laudo es discrecional. Considerar lo contrario, llevaría al extremo de que en contra de cualquier acto emitido en ejecución de laudo sería procedente el juicio de amparo, pues bastaría que el quejoso se inconformara en contra de cada auto, alegando que con la forma en que fue emitido el mismo, se violan sus derechos fundamentales, de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, como lo aduce, para que fuera procedente el juicio constitucional, cuestión que además es contraria a la teleología del supuesto de procedencia en estudio, con el cual pretendió el legislador evitar el abuso del juicio constitucional contra los actos emitidos en ejecución, y que por tanto, su procedencia no sea la regla, sino la excepción. Ni tampoco afecta un derecho sustantivo, en tanto que no le impide la ejecución del laudo dicha circunstancia. En tales términos, al tratarse de un acto emitido en la etapa de ejecución del laudo, sin ser la última resolución ahí dictada, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.), del Pleno del Decimoctavo Circuito, con registro 2010430, que establece: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Se afirma lo anterior, ya que aunque el quejoso señala que se afecta su derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, no se puede sostener que esa actuación afecte ese derecho sustantivo de forma autónoma, pues en todo caso el mismo se encuentra inmerso dentro del procedimiento de ejecución, en el que el quejoso debe impulsar dicho procedimiento mediante los actos y medios de defensa establecidos para tal efecto. Y es en ese sentido, si bien la queja del solicitante de amparo radica en la mecánica de ejecución o forma en que las autoridades responsables están tratando de ejecutar el laudo dictado en el juicio de origen, es por ello que jurídicamente no es factible reputarle al acto impugnado autonomía destacada en relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitió, dado que el quejoso no se duele de una omisión por parte de la responsable de hacer cumplir su determinación, sino de una cuestión de forma, en el sentido de que, a su consideración, debe ser de manera sigilosa la ejecución del laudo; sin que sea además relevante que dicho impetrante sea el vencedor en el procedimiento de origen, en términos de lo establecido por la jurisprudencia 1ª./J.36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 181144 y de contenido siguiente:: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Ello además, porque de no razonarlo así, se desvirtuaría la hipótesis de procedencia contenida en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, la cual para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, es interpretada en sentido contrario, lo que pone de manifiesto que la promoción del juicio de amparo respecto de actos dentro de la etapa de ejecución, es exclusivamente respecto de esas hipótesis excepcionales, establecidas para ese efecto, en tanto que la finalidad de ello, es evitar el abuso del empleo del juicio de amparo para entorpecer la sustanciación de los juicios, de tal suerte, que en estos casos la procedencia del juicio de amparo constituye la excepción y no la regla, y por ello es que sólo se puede promover juicio de amparo en casos específicos permitidos por la norma, y en contraste, la restante generalidad de casos que no encuadren en dichas hipótesis exclusiva, tornan improcedente el juicio de amparo en cuestión. De allí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de la actuación reclamada por el quejoso no constituye la última en el procedimiento de ejecución ni es de aquellos establecidos en alguno de los supuestos que permiten la procedencia de este juicio contra actos de ejecución; de ahí que resulte innecesario sustanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por David Tinoco Arteaga, quien se ostenta como apoderado legal de María Isabel Jiménez Castellanos. 4).- Domicilio de la parte quejosa y requerimiento personalidad del promovente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica en el escrito de demanda sito en: calle No Reelección número 16, edificio pasaje Tajonar, primer piso, despacho uno, colonia Centro de esta ciudad, asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karla Itzel Tinoco Arteaga, Ericka Cecilia Ruiz Miranda, Kenia Lizbeth Navarrete Cervantes, Nancy Martínez Benítez y Elizabeth Cervantes Hernández, acorde al carácter de la parte solicitante, dentro del juicio laboral de origen. Téngase por señalados los números telefónicos 777 327 30 44, así como 777 243 1362, y el correo electrónico tinocoabogados@live.com.mx, únicamente como medios de comunicación no procesal. Por otro lado, requiérase al tribunal responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste si a la fecha el promovente tiene reconocida dicha personalidad dentro del expediente laboral número 01/218/2014; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 259 de la Ley de Amparo. 5).- Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, están en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesiten, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 8).- Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado, a fin de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe
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