María Isabel Herrera Y Garrido
Expediente 1017/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- María Isabel Herrera Y Garrido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción, se ordena remitir el toca ***********, a la autoridad responsable Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz; once de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa María Isabel Herrera y Garrido, mediante el cual cumple la prevención realizada en proveído de cuatro de los cursantes. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario citar lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el suscrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo, con la finalidad de que en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.4.C.J/3, -la cual es aplicable por analogía- emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, página seiscientos cincuenta y cinco, cuyo rubro dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se evidencie un motivo de improcedencia del juicio de amparo, siendo éste de naturaleza manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo constitucional; y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo, es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo vigente, o en la jurisprudencia, por lo cual, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así, la improcedencia del juicio de amparo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda de amparo. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En ese orden de ideas, de la interpretación armónica de las citadas disposiciones legales, debe precisarse que el primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando los efectos del acto reclamado, no sean de imposible reparación. En el caso, del análisis efectuado al escrito de demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama La resolución de veintisiete de septiembre del año en curso, dictada por la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el toca número 1755/2019 de su índice, mediante el cual modificó el auto impugnado de seis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, en el juicio ordinario civil 9/2017. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable consistente en los autos originales del toca 1755/2019, se desprende que en la resolución reclamada la sala resolvió: ".lo que se impone en derecho es modificar la determinación recurrida, para el solo efecto de establecer que la caducidad de la acción reconvencional instada por la accionante es improcedente solo por cuanto hace al demandado Manuel Castillo Parissi por cuanto hace al Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Coatepec, Veracruz; al Notario Público Número Seis, con residencia en Xico, Veracruz; dado que su llamamiento y comparecencia en el juicio es voluntario, téngase por presentados con esa calidad, y por cuanto hace a Karen Ariadna Castañeda Gómez, insístase sobre su llamamiento, con la salvedad que al no ser necesaria para la integración de litisconsorcio o presupuesto procesal, continúese con el procedimiento hasta el dictado de la sentencia, pues en su caso al considerarse como tercera a juicio, sus derechos están reservados al interés y voluntad de la misma." (fojas doscientos noventa y nueve a trescientos diez del tomo de pruebas). Por consiguiente, es innegable que el destacado acto reclamado, no tiene sobre la parte quejosa, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial, ya que solo puede afectar, en su caso, derechos procesales, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión o algún otro tutelado por la Constitución Federal o Tratado Internacional en los que el Estado Mexicano sea parte. Ciertamente, como se vio, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador determinó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; por lo que puede afirmarse que el juicio de amparo, en tratándose de actos emitidos dentro de juicio, solo puede accionarse contra actos de imposible reparación, ya que el congresista estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Así, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", este juicio de amparo deviene improcedente al combatirse la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca civil 1755/2019, en la que la sala determinó insistir sobre el llamamiento de Karen Ariadna Castañeda Gómez, con la salvedad que al no ser necesaria para la integración de litisconsorcio o presupuesto procesal, se continuara con el procedimiento hasta el dictado de la sentencia. Lo anterior, toda vez que no transgrede sus derechos sustantivos, sino se insiste, solo conculca aspectos de naturaleza adjetiva y procesal, cuya afectación no es actual. Aunado a que las afectaciones procesales que pudiera ocasionar podrían, en dado caso, desaparecer si la autoridad emitiera sentencia en el juicio de origen favorable a los intereses de la parte quejosa. Lo anterior, considerando que la determinación combatida, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia a la parte quejosa en el expediente natural, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación, pues si bien la sala determinó insistir sobre el llamamiento de Karen Ariadna Castañeda Gómez, con la salvedad que no era necesaria para la integración de litis. Lo cierto es que ello, no da pauta en automático a obtener una determinación adversa a sus intereses; máxime, porque de continuarse con dicho procedimiento, se estaría a lo resuelto a la acción principal, por lo que, se insiste, en caso de que obtenga un fallo favorable, se repararían las posibles violaciones que hubieran acontecido en la resolución que aquí se reclama. Además, en caso de que esa sentencia, le sea adversa a sus intereses en el juicio natural, entonces, podrá combatirla a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. (.)" En esa línea argumentativa, es incuestionable que el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues no tiene una ejecución de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento, sin que esa sola determinación, esto es, el llamamiento a juicio de Karen Ariadna Castañeda Gómez, con el argumento de que no era necesario para la integración de la litis, produzca una violación actual y cierta de alguno de los derechos sustantivos de la solicitante del amparo, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contenidos en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, lo que lleva a concluir que no se configura el supuesto de procedencia previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tales razones, es inconcuso que la resolución impugnada causa una afectación de derechos adjetivos o formales, que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones de la ahora quejosa, puede quedar satisfechas si obtienen sentencia favorable en el juicio instaurado en su contra; y, en caso de que la determinación que se dicte en esas condiciones fuera adversa a sus intereses, sólo hasta entonces trascendería la violación procesal, pues se reitera, no afecta materialmente alguno de sus derechos sustantivos. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de dos mil dieciséis, Tomo I, página quince, de rubro:"CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". En razón de lo anterior, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, vigente lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Apoya la conclusión de mérito, la Jurisprudencia I.1.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Lo antes expuesto, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez quedan expeditas sus facultades para hacerlas valer en la vía que considere correspondiente. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Se acepta competencia; Se previene a la parte quejosa, para que en el término de cinco días, cumpla con el requerimiento efectuado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de amparo.
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