María Isabel Hernández Huerta
Expediente 772/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/10/2022
Partes del expediente
- María Isabel Hernández Huerta
- Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México con residencia en el Valle de Toluca.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil veintidós. OFICIO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio 33109/2022 del índice de este juzgado dirigido a Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, con la cual se le hace del conocimiento el auto de archivo emitido el tres de octubre del año en curso; misiva que devuelve la empresa de mensajería acelerada "estafeta", rechazada bajo la leyenda: "falta atención". En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicar a la autoridad antes citada, la notificación correspondiente al acuerdo de tres de octubre del año en curso, por medio de lista; en virtud, de que no fue posible realizarla en el domicilio señalado en autos. Notifíquese como legalmente corresponda.. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Laura Gabriela Serrano de la Cruz, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE EXHORTO Por otra parte, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos la promoción remitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el resultado de la diligencia ordenada en el exhorto 391/2022, orden 396/2022, de su índice, creado en atención al diverso 246/2022, orden 296/2022, de esta estadística. De la constancia que se reciben se advierte que se notificó el oficio 50439/2022, de su índice, dirigido a la Dirección General Jurídica de Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Azteca, mediante el cual se hizo del conocimiento de dicha autoridad la diversa misiva 29093/2022, que contenía insertó la sentencia definitiva de veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, téngase por recibida la comunicación oficial de referencia debidamente diligenciada; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de septiembre de dos mil veintidós. OFICIO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio 29093/2022 del índice de este juzgado dirigido a Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, con la cual se le hace del conocimiento la sentencia de veintiséis de agosto del año en curso; misiva que devuelve la empresa de mensajería acelerada "estafeta", rechazada bajo la leyenda: "mal direccionado". Ahora bien, vistos los autos que integran el presente juicio se advierte que en proveído de veintiocho de junio del año en curso, se tuvo por aclarada la denominación de la autoridad responsable antes citada; siendo la correcta Dirección General Jurídica de Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; la cual tiene su domicilio en la Ciudad de México (Insurgentes Sur, número 3579, Colonia Tlalpan La Joya, Alcaldía Tlalpan, código postal 14000); en consecuencia, se ordena reexpedir el oficio que se devuelve con la denotación correcta. EXHORTO Ahora, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo fracción II de la Ley de Amparo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique a la autoridad responsable Dirección General Jurídico de Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, el oficio 29093/2022 el cual contiene la sentencia emitida en el presente juicio el veintiséis de agosto del año en curso. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONALEn Toluca, Estado de México; siendo las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 772/2022-II-B; estando en audiencia pública Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de la Secretaria Emireth Ayllón Rebollar, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. ESTADO PROCESAL La Secretaria da cuenta con el estado procesal que guardan los autos, y hace constar que el término concedido en auto de ocho de julio de dos mil veintidós (fojas 140 y 141), para que la parte quejosa ratificara el desistimiento del presente juicio de amparo efectuado ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México en diligencia de seis de julio pasado, transcurrió del diecinueve al veintiuno de julio del año en curso -por haber sido notificado por medio de lista el quince siguiente (foja 179)-, sin que haya realizado manifestación al respecto. La Jueza acuerda: en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa, y se ordena continuar con la secuela procesal del presente asunto en los términos inicialmente planteados. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las siguientes constancias: Autoridad responsable Informe justificado Sentido Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México Foja 24 Niega Comisión Nacional Bancaria y de Valores Foja 51 Niega Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple -a través de su apoderado legal- Foja 145 Niega Enseguida, la Secretaria da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". A continuación, se abre el período probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa -en su escrito inicial de demanda y es su escrito recibido en auto de trece de junio pasado (foja 121)- y por las autoridades responsables -al momento de rendir sus informes justificados-. La Jueza, acuerda: se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. Se abre la fase de alegatos y la Secretaria certifica: que sólo la quejosa formuló alegatos y las partes restantes fueron omisas en realizarlos. La Jueza, acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados loa alegatos por la quejosa y por omisas a las diversas partes de realizarlo de esa forma. Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y al no haber diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la audiencia en las etapas referidas, por lo que se procede a dictar la sentencia correspondiente: Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 772/2022-II-B. R E S U L T A N D O ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, con sede en Toluca, el trece de mayo de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el dieciséis siguiente, María Isabel Hernández Huerta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 2 a 9). Posteriormente, el diecisiete de mayo de dos mil veintidós (fojas 10 a 13), se admitió la demanda, requirieron los informes justificados, dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez sustanciado el juicio y previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, por razón de territorio, vía y materia, con apoyo en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama una omisión que carece de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad. Es importante destacar que la parte quejosa acude al presente juicio derivado de las omisiones reclamadas a las autoridades responsables en el juicio laboral J04/55/2015, por lo que no se encuentra sujeta al plazo genérico de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la presentación de la demanda. Es aplicable la tesis III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Registro digital: 178476, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1451, Tipo: Aislada, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. Por tanto, la demanda se encuentra promovida en tiempo, dado que la naturaleza de los actos reclamados es de tracto sucesivo, en razón que se trata de aspectos omisivos de actualización constante; por tanto, la demanda se puede presentar en tanto subsista la omisión. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisar los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. 2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 3. Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. ACTO RECLAMADO La omisión de hacer efectivos los apercibimientos para hacer cumplir el laudo. La omisión de exhibir la cantidad embargada en los autos en el expediente laboral J.4/55/2015, a la cuenta bancaria de la tercera responsable. CUARTO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclama. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria; por lo que ello, robustece lo determinado en el párrafo que precede. Lo anterior, queda robustecido que a la presentación de la demanda por la parte quejosa (trece de mayo de dos mil veintidós) las autoridades responsables ya habían realizado las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el laudo del juicio de origen y habían exhibido el cheque correspondiente, tal y como se advierte de las diversas constancias remitidas como complemento a su informe justificado. Sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas con los elementos de prueba conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1838, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad señalada, como responsable, niega el acto que se le imputa, y el quejoso no aduce prueba alguna, debe sobreseerse en el amparo relativo." Asimismo, la tesis de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, al ser inexistentes los actos atribuidos a las responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio y, por lo tanto, no es posible entrar al examen de los conceptos de violación planteados por la quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no era posible advertir la inexistencia de los actos reclamados, lo cual sí derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de garantías no representa un impedimento para determinar la inexistencia del acto reclamado, si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, pues el suscrito juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo a las consideraciones expuestas, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, cuyo rubro enseguida se transcribe: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA." QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, si bien es cierto que negó la existencia de los actos reclamados al rendir su informe justificado, lo cierto es que dicha circunstancia queda desvirtuada en virtud de las constancias remitidas como complemento a su informe justificado, de los que se advierte que a la presentación de la demanda (trece de mayo de dos mil veintidós) no se había dado cumplimiento al laudo de origen. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, materia común, quinta época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se tienen como ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para que se surta la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, concurran las circunstancias siguientes: Destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional. El acto reclamado ya no está surtiendo efectos ni los surtirá. El acto reclamado no hubiera dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, es inconcuso que la cesación de efectos presupone no sólo que se debe paralizar la ejecución del acto reclamado, sino que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional. En este orden de ideas, los razonamientos jurídicos antes citados, aplicados al caso, conllevan a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque la parte quejosa, se duele que las autoridades responsables citadas habían sido omisas en: La omisión de hacer efectivos los apercibimientos para hacer cumplir el laudo. La omisión de exhibir la cantidad embargada en los autos en el expediente laboral J.4/55/2015, a la cuenta bancaria de la tercera responsable. Sin embargo, mediante el seis de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la diligencia de pago emitida en el expediente laboral J.4/55/2015, en el que se advierte que se le hizo entrega a la quejosa el billete de depósito Y 818572 por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y en la que dicha diligencia se adquirió certeza jurídica ya que estaba presente la parte quejosa, circunstancia que se corrobora con la constancia de notificación que anexó la autoridad responsable en la promoción registrada con el folio 14361 (fojas 137 a 139). De tal manera que han cesado los efectos de los actos reclamados derivados de la documental en cita, a la cual se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. En efecto, los supuestos exigibles para que se colme tal causal de improcedencia son: 1) Destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional. La parte quejosa solicitó la protección constitucional respecto de los actos reclamado de que se trata para el efecto de que este juzgado obligara a la autoridad responsable a que se realizaran las gestiones para hacer cumplir el laudo en el expediente laboral J.4/55/2015 y por consiguiente la exhibición de la cantidad embargada en dicho asunto, lo que aconteció mediante diligencia de pago de seis de julio de dos mil veintidós; y, en esa virtud, las omisiones ya no existen, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; lo que implicó que se destruyeran todos los efectos en forma total e incondicional de los actos tildados de inconstitucionales. 2) El acto reclamado ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá. El actuar de la autoridad implicó que al haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, los actos reclamados ya no están surtiendo efectos ni los surtirán. 3) El acto reclamado no hubiera dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Los actos reclamados no dejaron vestigio legal alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por la protección de la justicia federal, porque finalmente consiguió lo que pretendía. Por lo tanto, si la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Apoya a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, pagina 731, Quinta Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Finalmente, se hace inconducente emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, consultable en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse, y se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Isabel Hernández Huerta, respecto de los actos reclamados precisados en el considerado segundo y por los motivos expuestos en el diverso cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Isabel Hernández Huerta, respecto de los actos reclamados precisados en el considerado segundo y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda.
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