María Isabel Hernández Blanco

Expediente 755/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
755/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • María Isabel Hernández Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de ********************, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de haberse desechado la demanda de amparo, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General y en atención a lo señalado en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la ******************** que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, se desprende la imposibilidad del Actuario de notificar a los quejosos María Isabel Hernández Blanco, Samuel Delgado Torres y sus hijos menores de edad S.D.H., S.I.D.H. y S.D.H. el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que no señalaron domicilio. En consecuencia, se ordena notificarles por lista en los estrados de este Juzgado el auto antes referido, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, en conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/mecs

  3. Principal

    quince de marzo de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, a la parte agraviada María Isabel Hernández Blanco, Samuel Delgado Torres y sus hijos menores de edad S.D.H., S.I.D.H. y S.D.H., lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Por ende, si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, en el caso, al no existir la voluntad de quienes aparecen como directamente agraviados María Isabel Hernández Blanco, Samuel Delgado Torres y sus hijos menores de edad S.D.H., S.I.D.H. y S.D.H., pues de autos se advierte que no existe dato alguno de que en algún momento se hayan encontrado detenidos en las instalaciones de las autoridades responsables, pues del contexto integral de la demanda al promovente no le constaba, pues únicamente se advierte que tenía conocimiento que viajarían a esta ciudad, aunado a que dicho promovente José Alejandro Castresana Campos, bajo protesta de decir verdad informó que los directamente agraviados habían quedado en libertad, por lo que, es dable colegir que en el caso no hay instancia de parte agraviada, por consiguiente, debe considerarse que los actos que se contienen en el escrito de demanda no afectan los intereses jurídicos de los quejosos, puesto que no se logró su comparecencia para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda intentada a su favor por tercera persona y no se encontró registro de su detención ante las autoridades responsables. Establecido lo anterior, en atención a su falta de manifestación expresa de haber sido sometido a algún procedimiento migratorio y no haber podido ser localizados para que señalaran si ratificaban o no el escrito de demanda promovida a su favor por un tercero y, como consecuencia de ello al no existir instancia de parte agraviada, este Juzgador estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que la hipótesis antes precisada respecto de los directamente agraviados María Isabel Hernández Blanco, Samuel Delgado Torres y sus hijos menores de edad S.D.H., S.I.D.H. y S.D.H., surge previo a la admisión de la demanda de amparo, no se surte la posibilidad de proveer sobre éste y dar inicio al juicio de amparo, ante la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio; por lo que al carecer precisamente de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quienes aparecen como promoventes una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, constitucional; en consecuencia, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo, presentada a favor de María Isabel Hernández Blanco, Samuel Delgado Torres y sus hijos menores de edad S.D.H., S.I.D.H. y S.D.H.. Aunado a lo anterior, a que de autos se advierte que en el caso no se señaló como actos reclamados la desaparición forzada de personas y, que el supuesto en el que se encontraban los aquí quejosos a disposición de las autoridades migratorias no se actualiza, puesto que como se señaló el propio promovente señaló que los directamente agraviados se encontraban en libertad. Sin que se inadvierta que el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio cuando se desista el quejoso de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento; sin embargo, se estima que tal hipótesis se actualiza una vez que el juicio de amparo ha sido admitido, por tanto iniciado conforme al artículo 115 de la ley de la materia, esto es, haber señalado fecha de audiencia constitucional y requerir el informe justificado respectivo al correr traslado a las partes con la demanda, lo cual en el caso no acontece. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

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