María Isabel Grifaldo Guerrero
Expediente 191/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2019
Partes del expediente
- María Isabel Grifaldo Guerrero
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la solicitante del amparo no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
PERSONALMENTE AL PROMOVENTE
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de doce de abril de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de once de abril de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve *** por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades 1. Secretario de Educación en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2. Director General del Sistema Educativo Estatal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3. Subsecretario General de Educación Básica del Sistema Educativo Estatal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. 4. Director de Educación Secundaria del Sistema Educativo Estatal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5. Director de Administración de Personal del Sistema Educativo Estatal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6. Delegado de Sub Director del Sistema Estatal en Ensenada, Baja California. 7. Jefe de Educación Secundaria del Sistema Educativo Estatal en Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 191/2019-VII-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio constitucional, el concepto de "autoridad responsable" converge en establecer, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia *** De lo anterior, se aprecia que tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o a un particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente. Así, se debe determinar si las responsables, en el caso, son autoridades para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas: ? Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y ? Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir, que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello, nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza del acto motivo de reclamo, el cual en esencia se hace consistir en El posible cambio de adscripción de la promovente como personal docente, sin cumplir con los requisitos que debe contener todos los actos de autoridad, sin estar fundado y motivado. En ese contexto, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no se ajusta a los requisitos exigidos por el sistema normativo; en razón de que la relación existente entre la promovente de amparo y las responsables, es de coordinación, es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso en la ejecución por tratarse de actos de particulares, por lo cual la quejosa en todo caso deberá acudir ante el Tribunal Ordinario correspondiente a reclamar el acto que aquí señala. En efecto, la solicitante del amparo expresa bajo protesta de decir verdad, que es docente adscrita al Sistema Educativo Estatal, en la escuela secundaria técnica número 20, el Nigromante; ello, con motivo de un contrato de trabajo, es decir, a un sometimiento voluntario a las condiciones en que la institución de educación en cuestión, se desarrolla, lo que hace concluir que la actuación de la responsable, no se caracteriza por el imperio y potestad que una norma jurídica le otorgue, si no por una relación en un plano de igualdad en la que la docente ante la existencia de un acto jurídico que es la relación laboral, se obliga contractualmente; por una parte, la prestación del servicio, a cambio de pagar una contraprestación de carácter económico, y por otra, a aceptar las disposiciones normativas y estatuarias internas de la institución. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en la jurisprudencia 164/2011, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia antes citada, virtud a que los actos reclamados derivan de una relación laboral entre la quejosa con las autoridades responsables, ya que la impetrante, en su carácter de trabajadora, reclama a las autoridades responsables en su calidad de patrones, la decisión de cambiarla de adscripción para desempeñar su cargo de docente a la ciudad de Tijuana, Baja California, en los términos que se precisaron en los párrafos que anteceden, por ello, al tratarse de un acto que deriva de una relación obrero- patronal, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se adolece la parte quejosa, tienen su origen en la mencionada relación de trabajo entre particulares, dónde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de carácter contractual. En esa tesitura, es inconcuso que dicha actuación no puede considerarse como acto de autoridad, pues aún y cuando afectan la situación de la quejosa, no es un acto emitido en plano de supra o subordinación, pues quedó evidenciado que se trata de actos de autoridades del Sistema Educativo Estatal, en un plano de igualdad por ser de carácter contractual con un particular -quejosa-. Ilustra lo anterior la tesis de Jurisprudencia *** En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de derechos fundamentales y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia *** DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados a las personas que menciona en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica (FIREL) del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, cuya liga es http:// www.firel.pjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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