María Isabel González Valenzuela

Expediente 779/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
779/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • María Isabel González Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la promovente de amparo interpusiera recurso de queja en contra del auto de treinta de agosto de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo interpuesta, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. Ahora, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por María Isabel González Valenzuela contra actos reclamados al Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz y al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, ambos con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 779/2019-3-A. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa se aprecia que el acto aquí reclamado es el siguiente: El decreto número 798 que reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, específicamente la reforma al artículo 341 fracción II, del citado código. El acto de aplicación del precitado decreto consistente en la resolución de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso 205/2016/I, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, que desechó por improcedente el recurso de queja, que hizo valer contra el incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro:"PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la propia ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...)IV.Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (Lo subrayado es propio) Lo dispuesto en el primero de los preceptos legales enunciados debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. Es decir, no sólo las veintidós fracciones del referido artículo 61, establecen los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, sino que éstas pueden derivar otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo. Por lo que cabe destacar que el artículo 107, de la ley de la materia, dispone contra qué tipo de actos procede el amparo indirecto, específicamente la fracción IV, de dicho precepto establece que éste es procedente contra actos de tribunales administrativos, entre otros, realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, enfatiza que en el caso de que los actos que se reclamen hayan sido emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la autorización legal que establece el dispositivo en cita, el juicio de amparo será procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución y que por tal se debe entender como la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia número P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Ahora bien, la parte promovente en su demanda de amparo señala como acto reclamado el decreto número 798 que reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, específicamente la reforma al artículo 341 fracción II, del citado código, el cual le fue aplicado en la resolución de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso 205/2016/I, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, que desechó por improcedente el recurso de queja que hizo valer en contra del incumplimiento de la sentencia dictada en dicho asunto. Asimismo, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio contencioso administrativo 205/2016/I, del índice de la autoridad responsable, constituyó cosa juzgada y que con motivo del cumplimiento a dicha ejecutoria, recibió un cheque por parte de la allá demandada, en el que se le efectuó un descuento no previsto en la sentencia referida, situación con la que no estuvo de acuerdo, por lo que interpuso recurso de queja en su contra al considerar que existía un cumplimiento defectuoso de la sentencia, medio de impugnación que fue resuelto el ocho de agosto de dos mil diecinueve, por la Tercera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, quien determinó la improcedencia del citado medio de impugnación, al no encuadrar el defecto en la ejecución de la sentencia que hizo valer la aquí quejosa, en ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 341, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, el cual fue reformado por decreto de quince de noviembre de dos mil dieciocho. En este contexto, es evidente que el acto de reclamo de la quejosa se hace consistir en la reforma del precepto legal antes invocado y su aplicación que se realizó en una resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, por lo que, a juicio del suscrito, se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la propia ley, este último interpretado en sentido contrario, en razón de que la reforma al precepto legal que por esta vía se combate, se aplicó en una determinación que no constituye la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se trata de la resolución que ordena el archivo definitivo del expediente, sino que se trata de un acto intermedio dentro de tal procedimiento, en el que se determina la improcedencia del recurso de queja hecho valer por la aquí quejosa, sin que se haya declarado cumplida o no, la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 205/2016/I, del índice del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 29/96, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo de Justicia, que establece: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." En efecto, debe considerarse que la demanda que se provee es notoriamente improcedente, en razón de que en el caso no se reclaman actos que pudieran ser considerados como de ejecución irreparable ni que sean autónomos a la cosa juzgada, ya que el acto del que se duele la promovente no afecta materialmente algún derecho sustantivo diverso a lo dilucidado en el controvertido natural, ya sea de los tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en alguno de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y si bien es cierto que el acto del que se duele la impetrante de amparo podría generarle posibles violaciones, no menos cierto es que tales violaciones serían adjetivas, y además están íntimamente vinculadas a los derechos dilucidados en el juicio natural, por lo que forman parte de la cosa juzgada, entonces, esas posibles violaciones se pueden combatir, cuando se emita la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución de la sentencia. Tiene aplicación la tesis número 2a. VIII/98 que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En este contexto, resulta claro que no se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la legislación que nos ocupa, en virtud de que la resolución aquí combatida no constituye una actuación que examine lo relativo al último acto dictado en la etapa de ejecución del juicio, aun cuando también se pretenda combatir la aplicación de un precepto legal que se considera contrario a los derechos humanos de la promovente. Situación que deriva en la improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el precitado artículo, toda vez que, como se dijo, cuando se trata de violaciones cometidas tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo (la que la aprueba o declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir, o que, ordenara el archivo definitivo del expediente), pudiendo reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y en su caso, la aplicación de alguna disposición legal que se considere causa perjuicio. Así como, en la Tesis Aislada P. LVI/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; por lo que se desecha de plano la demanda en cuestión. También se cita la tesis XIX. 1º.P.T.3 K, XXXII, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.- En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elionai Yuneri García Marín, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 173825, y en términos restringidos a Ana Karina Vázquez Colorado, toda vez que en el referido sistema no aparece su registro y la quejosa no acreditó que ésta cuente con autorización oficial para ejercer la licenciatura en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA, Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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