María Isabel González
Expediente 531/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Isabel González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el informe previo de la autoridad responsable actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, ni el acuse de recibo del oficio por el que le fue solicitado el mismo; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha y, en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, para su verificativo.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por María Isabel González, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y otras autoridades, el secretario encargo del despacho acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 97, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 97. El recurso de queja procede: . II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados." "Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes: I. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo." "Artículo 99. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En el caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio." En la especie, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ". A).- del TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS, reclamó el consentimiento para que la C. Magistrada Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, M. en C. GRISELDA FAVIOLA FLORES MEDINA, haya emitido la resolución Interlocutoria de suspensión del acto reclamado (laudo), de fecha doce de enero del año 2018; B).- Respecto de la C. Magistrada Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, M. en C. GRISELDA FAVIOLA FLORES MEDINA, el haber emitido de manera unilateral y en la forma que lo hizo la resolución Interlocutoria de suspensión del acto reclamado (laudo), de fecha doce de enero del año 2018; y C).- Respecto del C. Secretario de Acuerdos del Tribual Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, Lic. Benjamín Pérez Ortiz, la ilegal emisión de la constancia de certificación en la que determina que el cuatro de diciembre del año 2017, fue la notificación del laudo a la ahora tercero interesada PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, cuando la notificación del laudo se hizo el día CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, estando fuera de tiempo la interposición de la demanda de amparo directo interpuesto por la ahora tercero interesada PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, y el hecho de no haber certificado que quien interpuso el amparo directo no era el titular del derecho para ejercitar dicha acción." Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo se desprende que: 1. El siete de octubre de dos mil catorce, María Isabel González, presentó demanda laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, por diversas prestaciones laborales, la que fue registrada bajo el número 305/2014. 2. Admitida que fue la demanda y emplazada la demandada; el primero de diciembre de dos mil quince (sic), la demandada dio contestación a la demanda e hizo valer el incidente de falta de competencia de previo y especial pronunciamiento. 3. El veintitrés de abril de dos mil quince, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia en el incidente de incompetencia, hecho valer por la parte demandada. 4. El siete de septiembre de dos mil quince, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dicta resolución en la cual sostiene su competencia para conocer de la demanda instaurada contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas; y, citó a las partes para la continuación del desahogo de la audiencia trifásica. 5. Seguidos los trámites correspondientes, el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dicta laudo. 6. Inconforme con el contenido del Lado, el nueve de enero de dos mil dieciocho, la demandada Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, promovió juicio de amparo directo. 7. El secretario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, asienta la certificación a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Amparo; la magistrada presidenta del citado órgano, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, admite la demanda y se pronuncia respecto de la suspensión del acto reclamado; lo que constituye los actos reclamados. Ahora bien, la quejosa hace consistir los actos reclamados en la admisión por parte de la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de la demanda de amparo directo presentado por la demandada Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, contra el laudo pronunciado dentro del juicio laboral 305/2014, que afirma fue promovido de manera extemporánea; así como, en la determinación de pronunciarse sobre la suspensión del citado laudo, con motivo de la admisión del amparo directo y en la certificación que afirma el secretario del citado tribunal asentó de manera errónea e incompleta. Y, señala que las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, magistrada presidenta y secretario del citado Tribunal, viola en su perjuicio el contenido de las garantías individuales de los artículos 1°, 14, 16, 17, 123 constitucionales y 25 de la Convención Americana, porque, afirma no obstante que el cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, fue notificada la demandada Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, del laudo dictado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 305/2014, al presentar la demanda de amparo directo, el nueve de enero de dos mil dieciocho, el secretario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, certifica que la misma se notificó hasta el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, que omite asentar en la propia certificación que quien interpuso el amparo, no tenía personalidad jurídica para promover el juicio de amparo; y que la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en contravención con los artículos 175 y 181 de la Ley de Amparo, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, admitió la demanda de amparo, de forma indebida, pues la presentación de ésta resultaba ser extemporánea y la persona que la promovió no tenía capacidad legal para hacerlo en nombre de la demandada y como consecuencia de ello decretó la suspensión del acto reclamado (laudo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. De lo anterior se advierte, que la quejosa María Isabel González, hace consistir el acto reclamado, en la admisión de la demanda de amparo directo y la determinación de decretar la suspensión del acto reclamado por la autoridad responsable al momento de admitir la citada demanda, promovida dentro en el juicio laboral 305/2014; a consecuencia, de la certificación que levantó el secretario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en la que asentó una fecha distinta a la de notificación del laudo que constituye el acto reclamado y omitió establecer que el promovente no tenía personalidad jurídica para promover el juicio de amparo; lo que no es un argumento válido para promover un diverso juicio de garantías; ya que al existir tal violación por parte de la autoridad señalada como responsable, conforme a lo establecido por el citado artículo 97, fracción II, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, debió ocurrir ante el Tribunal de amparo, a promover la queja; y, no pretender recurrir tal violación a través de un juicio de amparo indirecto como ahora lo hace. En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de garantías, promovida por María Isabel González, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciado José Pedro Enrique Herrera Hernández, Mario Salazar Macías, Luis Gerardo Campos Rodríguez, Alberto Villalobos Fuentes, José Guadalupe Soriano Rodríguez, María Belén del Villar Ramírez y Manuel de Jesús Briseño Casanova; y, como domicilio para tal efecto el despacho jurídico ubicado en el calle Valentín Gómez Farías número 120 colonia C.N.O.P. en la ciudad de Zacatecas.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes
- María Iracema Castro Díaz114/2019
- María Irma López Salazar499/2022
- María Isaac Caldera García1596/2022
- María Isabel Canales Basio488/2019
- María Isabel García Saldaña552/2019
- María Isabel González845/2019
- María Isela Sánchez Hernández799/2017
- María Joaquina Ponce Campos391/2013
- María Joscelyn Robles Román851/2019
- María José Enríquez Martínez94/2023
- María José Enríquez Martínez549/2023
- María Josefa Galván Hernández1088/2018