Maria Isabel Gomez Albiter
Expediente 1308/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1308/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2018
Partes del expediente
- Maria Isabel Gomez Albiter
Actuaciones
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por María Isabel Gómez Albiter por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México y otra; fórmese expediente y regístrese con el número 1308/2018-IV. Desechamiento. Ahora, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), constitucional, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo de referencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso a estudio, por esta vía constitucional se combate la audiencia de debate de las partes de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México, estimó prolongar el aseguramiento del vehículo automor de la Marca Jeep Patriot Base, Modelo 2007, Color blanco, Serie 1J4FT28W37D295341, Motor hecho en EUA, Placas de Circulación NAA2892, dentro de la Carpeta Auxiliar 22/2018, por el término de mes y medio por parte del Agente del Ministerio Público, para que pudiera terminar de diligenciar unos informes de la Policía Ministerial e informes de Instituciones Públicas, fijando las doce horas del uno de octubre de dos mil dieciocho, para nueva audiencia para debate de lo diligenciado por el Ministerio Público. Ahora bien, el escrito de demanda se obtienen los antecedentes siguientes: 1. El veintidós de junio la Agencia del Ministerio Público de Tejupilco aseguro el vehículo automor de la Marca Jeep Patriot Base, Modelo 2007, Color blanco, Serie 1J4FT28W37D295341, Motor hecho en EUA, placas de circulación NAA2892, dentro de la carpeta auxiliar 22/2018. 2. El dos de junio de dos mil dieciocho, la parte quejosa solicitó la devolución del citado vehículo, ante la citada autoridad. 3. Por resolución de trece de julio del dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial, negó la devolución del vehículo en cuestión. 4. Mediante escrito de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la parte inconforme solicitó ante el Juez de Control de Temascaltepec, Audiencia para debatir sobre petición de las partes, para la devolución del mencionado vehículo. 5. El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se desarrolló la audiencia de debate de las partes, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México, resolvió otorgar un mes y medio más a fin de que el Agente del Ministerio Público terminará de diligenciar unos informes de Instituciones Públicas, fijando las doce horas del uno de octubre del dos mil dieciocho para nueva audiencia de debate de lo diligenciado, esto es, no acordó favorable la devolución del vehículo en cuestión hasta en tanto no aconteciera lo anterior. A juicio de este juzgado se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclama un acuerdo emitido en un procedimiento penal sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. El precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Esto es, el precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por los agraviados pueden obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, deben agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo la parte quejosa debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si la inconforme tilda de inconstitucional la audiencia de debate de las partes de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México, estimó prolongar el aseguramiento del vehículo automor de la Marca Jeep Patriot Base, Modelo 2007, Color blanco, Serie 1J4FT28W37D295341, Motor hecho en EUA, Placas de Circulación NAA2892, dentro de la Carpeta Auxiliar 22/2018, por el terminó de mes y medio por parte del Agente del Ministerio. Público, para que pudiera terminar de diligenciar unos informes de la Policía Ministerial e informes de Instituciones Públicas, fijando las doce horas del uno de octubre de dos mil dieciocho, para nueva audiencia para debate de lo diligenciado por el Ministerio Público; ésta no tiene el carácter de definitiva, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que la providencia reclamada puede ser modificada, revocada o confirmada a través del recurso de revocación ahí contemplado. Lo anterior es así, pues el artículo en cita dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, la quejosa debió agotar el recurso de revocación contra el acto reclamado, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales las resoluciones de mérito tramite en cualquier etapa del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; por tanto, resulta que debió hacer valer dicho medio de impugnación, para el efecto de que el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examinara de nueva cuenta y dictará la resolución correspondiente circunstancia que no aconteció. Es decir, el acto reclamado consistente en la audiencia de debate de las partes de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México, estimó prolongar el aseguramiento del vehículo automor de la Marca Jeep Patriot Base, Modelo 2007, Color blanco, Serie 1J4FT28W37D295341, Motor hecho en EUA, Placas de Circulación NAA2892, dentro de la Carpeta Auxiliar 22/2018, por el terminó de mes y medio por parte del Agente del Ministerio. Público, para que pudiera terminar de diligenciar unos informes de la Policía Ministerial e informes de Instituciones Públicas, fijando las doce horas del uno de octubre de dos mil dieciocho, para nueva audiencia para debate de lo diligenciado por el Ministerio Público, debe ser combatido a través del recurso de revocación, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo siguiente: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México); b) El Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de México, pero aplicable al caso (artículo 465), concede la posibilidad de interponer recurso de revocación en su contra; c) Ese medio de impugnación debió interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En conclusión, si el medio de defensa legal idóneo para combatir la determinación de Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México, es el recurso de revocación, la quejosa debió interponerlo de manera previa al ejercicio de la acción constitucional y si no lo hizo, tal actitud omisiva contraviene el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Por su aplicación, al haberse interpretado disposiciones de similar contenido jurídico, se cita la tesis III.2o.C.31 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Materia Común, página 1373, cuyo contenido es: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE AL JUICIO DE GARANTÍAS. PARA CUMPLIRLO DEBIDAMENTE, DEBE ATENDERSE AL CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES A FIN DE INTERPONER EL RECURSO QUE PREVÉ LA LEY DEL ACTO RECLAMADO. Del artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se advierte que las "resoluciones judiciales" constituyen el género; por lo que, los decretos, autos (provisionales, definitivos y preparatorios) y las sentencias (definitivas o interlocutorias), configuran la especie. Por tanto la recurribilidad o irrecurribilidad de aquéllos, no depende de la forma que se otorgue al documento que contenga el acto jurídico de decisión, sino de la sustancia jurídica, pues la "resolución", como documento, constituye una actuación judicial que observa los requisitos formales que la ley dispone; es decir, implica la representación del acto jurídico de decisión, que debe entenderse como la declaración que hace el juzgador, respecto a determinada solución, de modo que "resolución", como documento, sólo es la prueba de lo que se resuelve, mas no la sustancia jurídica en sí. En el anterior contexto, debe concluirse que con independencia de la estructura o forma que se le dé a la "resolución", es decir, como un auto o interlocutoria, debe atenderse a la esencia del acto jurídico de decisión, por lo que si la ley que rige el acto reclamado prevé la procedencia de un recurso contra determinada decisión, es intrascendente la forma que se le haya dado, pues la viabilidad del recurso atiende a la sustancia jurídica del documento que la contenga. Motivo por el cual, si no se interpuso el recurso idóneo, es claro que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." La jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, página 902, del contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular no se actualiza excepción alguna pues el acto reclamado lo constituye la determinación de Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México, cuya naturaleza es diversa de los actos señalados en los incisos a) y b). Aunado a lo anterior, la quejosa no se ostentó como tercera extraña al procedimiento de donde deriva el acto reclamado, por el contrario, quien solicitó audiencia de tramite de las partes ante el Juez de Control de Temascaltepec. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), constitucional, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por María Isabel Gomez Albiter, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México y otra autoridad. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizado en términos amplios a Ramiro Bernacho Aguilar e Iván Villuenda Reza, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho registro. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, con número de registro 17504, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Al caso, por analogía, es aplicable la tesis publicada en la página tres mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Materia Laboral, Quinta Época, con el rubro y texto siguiente: "HORAS INHÁBILES, HABILITACIÓN DE. No existe infracción a los artículos 455 y 456 de la ley, cuando las Juntas están en posibilidad de habilitar las horas inhábiles del día en que llevan a término la audiencia de demanda, excepciones y pruebas, para los fines que señalen." Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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