María Isabel Garivay Castro

Expediente 427/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
427/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Fiscal Titular de la unidad Investigadora de Delitos Patrimoniales
  • María Isabel Garivay Castro
  • Zurizaday Maday Baez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veinticinco de octubre de dos mil veintiséis. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el veinticinco de octubre de dos mil veintiséis, debiéndose conservar únicamente la determinación por la cual se concedió la suspensión provisional. En lo tocante al duplicado del incidente de suspensión, en cumplimiento también del referido acuerdo general, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede, por lo que se señala como fecha para tal efecto el veintisiete de enero de dos mil veintidós. Se establece como fecha para la transferencia de este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro. Sin que sea el caso requerir a las quejosas para que realicen las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Sentencia Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 427/2021-B, promovido por María Isabel Garivay Castro y Zurizaday Maday Báez Reyes, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, y de otras autoridades; por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Resultando Primero. Por escrito depositado el once de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, María Isabel Garivay Castro y Zurizaday Maday Báez Reyes, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal Titular de la Unidad Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, que hicieron consistir en: "[.] la ilegal orden de detención y/o aprehensión [.]." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número de expediente 427/2021-B; mediante auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Considerando Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que los actos reclamados destacados son la orden de detención o aprehensión, así como su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que las quejosas ofrecieran prueba alguna para desvirtuar dichas negativas; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, seR e s u e l v e Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 427/2021-B, promovido por María Isabel Garivay Castro y Zurizaday Maday Báez Reyes, contra los actos que reclamaron del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, y de otras autoridades, precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario adscrito para entregar el oficio dirigido a la autoridad responsable que refiere y cuya designación indicó la parte quejosa, virtud que no existe bajo esa denominación. En consecuencia, dese vista a la parte impetrante por el plazo de tres días, legalmente computado, para que exprese lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior determinación, se tendrá como inexistente a la autoridad de que se trata. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y se fijan las trece horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el pedimento firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, téngasele formulando alegatos en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que se dicte resolución, expídase copia certificada de la misma, previo recibo de estilo que se deje asentado en autos. Por otra parte, intégrense los informes con justificación rendidos por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como medios de comunicación no procesal las direcciones de correo electrónico que se proporcionan, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 5°, fracción l, y 22, fracción ll, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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