María Isabel Galicia Aguilar
Expediente 2139/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2139/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2021
Partes del expediente
- María Isabel Galicia Aguilar
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito de la quejosa *****, a través del cual manifiesta que al habérsele concedido el amparo, se requiera el cumplimiento al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a efecto de que se le restituya en el goce de sus derechos laborales, pues no se ha señalado fecha para la diligencia de requerimiento de pago. Al respecto, dígasele que la sentencia emitida el dieciocho de febrero de dos mil veinte, sobreseyó en el juicio de amparo y que el mismo actualmente se encuentra archivado. Notifíquese.
- Principal
En tiempo, se tiene por desahogado el requerimiento decretado en auto de dieciocho de diciembre del año en curso. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte impetrante reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, Jefe de la Oficina del Gobernador y Consejería Jurídica, la omisión de cumplir con el laudo emitido dentro de los autos del expediente laboral D-276/2014, en donde dichas autoridades son demandadas. Por tanto, se aprecia que en contra del precitado acto reclamado y autoridades responsables, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo porque en el caso, no se les puede considerar autoridades responsables para efectos del juicio constitucional. Lo anterior, tomando en consideración que el incumplimiento de un laudo por parte de una dependencia (municipal, estatal o federal), derivado de un juicio laboral en el que figuró como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre que en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." [ Época: Décima Época, Registro: 2016588, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Laboral, Laboral, Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.), Página: 478. ] Ello pues, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, en sus artículos 105 a 108; como medios para lograr la ejecución de los laudos, dispone lo siguiente: "CAPÍTULO CUARTO DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE LA EJECUCIÓN DÉ LOS LAUDOS 1) "Artículo105. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de $ 1,000.00." "Artículo 106. Las Multas se harán efectivas por la Tesorería General del Estado, para lo cual se le girará el oficio correspondiente. Hecha efectiva la multa, la Tesorería rendirá informe al Tribunal, señalando los datos relativos que acrediten su cobro." "Artículo 107. El Tribunal tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus laudos y al efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "Artículo 108 Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un Actuario para que, asociado de la parte que obtuvo se constituya en el domicilio de la demanda y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de multa en caso de no hacerlo." En consecuencia, al precisar que la relación existente entre el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, Jefe de la Oficina del Gobernador y Consejería Jurídica y la quejosa, se ubica en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, aunado a que en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, existe un procedimiento para ejecutar los laudos; con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano por lo que a ellas respecta la demanda de amparo. Ahora bien, por cuanto hace al acto reclamado a los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado, con fundamento en los artículos 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, en contra del acto atribuido a los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado. Se cita a las partes a la audiencia constitucional que se realizará a las nueve horas con treinta y tres minutos del veinte de enero de dos mil veinte. En términos de lo dispuesto en el precepto 117 de la ley de la materia, se pide a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del término de quince días, apercibidas que de no hacerlo en el plazo concedido, se presumirá cierto el acto que de las mismas se reclama, y con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a la Ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables que las copias certificadas de las constancias que, en su caso remitan como justificación del acto reclamado, en términos del numeral 117 de la ley de la materia, deberán ser legibles, completas y debidamente integradas en orden cronológico, tal y como aparecen en el expediente original de donde deriva el acto reclamado; cuya remisión deberá de hacer en el término de quince días, por ser necesarias para la debida integración de este expediente. Con fundamento en el numeral 64, de la Ley de Amparo, se hace saber a la parte quejosa y a las autoridades señaladas como responsables que deberá comunicar de inmediato cuando cesen los efectos del acto reclamado o cuando ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, apercibidas que de no hacerlo, conforme a los numerales 237 fracción I y 251 de la Ley Reglamentaria, se impondrá a la omisa multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial emplace al presente juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con una copia autorizada del presente proveído y de la demanda de amparo, dejando formal constancia de ello en autos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, residente en la ciudad de Puebla, le reviste el carácter de tercera interesada, al ser ésta la contraparte del quejoso dentro del juicio de origen D-276/2014. A quien se ordena emplazar a juicio y correrle traslado con una copia de la demanda, por medio de oficio en términos del artículo 26 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo. Sin que se aperture el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa se ordena la supresión de datos personales en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo Séptimo Transitorio, de la referida ley, emita la normativa correspondiente. Finalmente, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, hágase de su conocimiento que tienen el derecho de manifestar hasta antes de que se dicte el falló, su oposición a que su nombre y datos personales se incluyan en la citada publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se aplique con supresión de datos, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, del ordenamiento legal en cita. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
Se agregan los oficios de cuenta del Juez Cuarto Especializado en Materia Civil, así como del Diligenciario Par del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros, ambos del Distrito Judicial de Puebla, mediante los cuales rinden sus informes justificados, sin perjuicio de hacer nueva relación de los mismos en la audiencia constitucional. Se ordena dar vista a las partes, para que se impongan de su contenido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo.
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