María Isabel Franco Rubio

Expediente 1395/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1395/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • María Isabel Franco Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado, a través del cual, en atención a la determinación de once de septiembre de dos mil diecinueve, indica que se pone a disposición de la parte quejosa la cantidad que señala para que acuda a las oficinas de la Dirección Jurídica Municipal del Ayuntamiento, ubicado en calle Morelos, número 12, colonia Centro en la localidad de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, de lunes a viernes de las nueve horas a las quince horas. Ahora, el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce de la garantía violada a la disidente; en consecuencia, en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable deberá restituir la cantidad materia de la litis; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio de garantías; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la peticionaria de garantías la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a disposición de la promovente el numerario a entregar y c).- Le notifique a ésta última que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento la parte quejosa esté en condiciones de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento cabal al fallo protector concedido en autos y remita copia de la notificación efectuada a la parte quejosa de que se encuentra a disposición de la misma la cantidad generada; lo anterior, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis). De otra parte, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Por otra parte, no ha lugar a dejar sin efecto el apercibimiento de multa efectuado, pues aún no han acatado el fallo protector concedido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con tres minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1343/2018, promovido por Guillermina Castellón Luna, la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, quien actúa asistida del secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas que autoriza y da fe, con fundamento en el ordinal 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la audiencia constitucional fijada para este día y hora, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a) Escritos inicial de demanda y anexos que se acompañaron (fojas 2 a 28); b). Auto de desechamiento emitido el catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 29 a 35); c). Oficio 27/2019, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió la ejecutoria de trece de junio del año en curso, a través de la cual revocó el proveído de desechamiento emitida en autos y ordenó se requiriera a la parte quejosa para que aclarara su demanda (fojas 85 a 97); d) Escritos presentados respectivamente por la quejosa y por su autorizada, a través de los cuales cumplen con la prevención formulada en autos y documentales que se acompañaron (fojas 105 a 122 y 126); e) Informes justificados rendidos por el Congreso del Estado de Nayarit, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Director General y Presidente Suplente del Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, todos con sede en esta ciudad (fojas 131 a 138, 140, 149 a 153 y 142 a 144); f) Pruebas documentales que remitió el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 154 a 157). Sin más constancias que deban relacionarse, se abre el período probatorio y con apoyo en los ordinales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza las pruebas descritas; se cierra tal período y se abre el de alegatos, sin que ninguna de las partes los haya formulado. Se cierra dicha etapa y se da por terminada esta diligencia, por lo que, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta, firmando los que en ella intervinieron y declaran vistos los autos para dictar sentencia. Doy Fe. LA JUEZ. LIC. ISAURA ROMERO MENA. EL SECRETARIO. LIC. ECSAR EDGARDO ALARCÓN DIMAS.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo vigente, en contra de la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de agosto del año en curso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se negó la protección constitucional a la parte quejosa y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Asimismo, con sustento en los Apartados Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados; motivo por el cual deberán conservarse la demanda de garantías y las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por consiguiente, déjense por separado los cuadernos incidentales respectivos, en el entendido de que el original es susceptible de destrucción junto con el juicio principal una vez que transcurran más de cinco años; en tanto que el duplicado, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de conformidad con el Acuerdo en cita, previa acta que se elabore para constancia y realizada la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Ruiz, Nayarit, las constancias certificadas relativas al Juicio Familiar 256/2015, de su índice, solicitándosele el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal el veintiséis de junio y dieciocho de julio de dos mil diecinueve, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante ejecutoria de veintitrés de mayo del año en curso, emitida dentro del recurso de revisión civil 23/2017, relativo al juicio de amparo 1094/2016, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: ".a) Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa Guadalupe Villalobos Gómez, la aplicación del párrafo segundo del artículo 263 del Código Civil para el Estado de Nayarit y, por ende, que no se le aplique en lo futuro; esto desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo; . b) Asimismo, para que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Bahía de Banderas, deje insubsistente el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio civil ordinario 975/2015 de su índice. C) En su lugar, deberá emitir uno diverso en el que reitere la parte considerativa que no se haya sustentado en el numeral tildado de inconstitucional, y decrete la disolución definitiva del vínculo matrimonial; asimismo, ordene la continuación del procedimiento en lo referente a los diversos aspectos inherentes al divorcio, sobre los cuales existió discrepancia de los consortes en el convenio que adjuntó el actor a su demanda, tales como los alimentos, bienes de la sociedad conyugal, etcétera." Ante ello, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por oficios recibidos el veintiséis de junio y dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 209 a 216 y 223 a 225), remitió copia de la determinación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por conducto de la cual, resolvió en definitiva el expediente 975/2015, en el sentido de que se decretó la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre Pedro Ismael Zaragoza Medina y Guadalupe Villalobos Gómez, aquí quejosa, asimismo, se declaró procedente la disolución de la sociedad conyugal y causó ejecutoria la sentencia en comento el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, sin que se resolviera lo referente a los demás aspectos inherentes al divorcio, tal como se estipuló en el fallo protector; de igual forma, hizo del conocimiento que el ocho de julio de dos mil diecinueve, desincorporó de la esfera jurídica de la agraviada la aplicación del precepto a que se hace alusión. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. Por otra parte, devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, un legajo de constancias certificadas, que envió vía informe justificado, toda vez que en el presente juicio de amparo biinstancial se ordenó el archivo definitivo del mismo, como se precisó. **

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