María Isabel Feliciano Mateo
Expediente 1256/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1256/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2017
Partes del expediente
- María Isabel Feliciano Mateo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, de los que se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa a fin de desahogar la prevención efectuada en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fuera conminado y con fundamento en los numerales 108, fracción I y 114 de la ley de la materia, se tiene por interpuesta la demanda en los términos en que fue planteada; por tanto, se provee: DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, la quejosa reclama lo siguiente: La abstención de las autoridades responsables a remitir el original del acta médica y protocolo de necropsia de veinticuatro de diciembre de dos mil trece, a fin de hacerlos llegar a la carpeta de investigación 362870550018713, a cargo del Agente del Ministerio Público de Acambay de la Fiscalía Regional de Atlacomulco, Estado de México. Establecido lo anterior, en relación con el acto reclamado, se advierte que la demanda intentada deviene improcedente conforme lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5° de dicho ordenamiento legal. En ese sentido, se precisa que tales preceptos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, tendiendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Luego, debe puntualizarse que la fracción XXIII del artículo 61, de la invocada Ley de Amparo, contempla la posibilidad de actualizarse alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica y de la Jurisprudencia. Lo anterior implica que los supuestos legales establecidos en las primeras veintidós fracciones del numeral 61 de la ley de la materia, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, derivada de otra disposición de Ley de Amparo, de la Constitución General de la República o de la Jurisprudencia. Asimismo, de los dispositivos legales se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle a los actos impugnados en el juicio. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la Federación, los estados o los municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. En ese orden de ideas, también conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 8° constitucional, cuyo texto es: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En relación con el precepto constitucional antes transcrito el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia 42/2001, visible en la página 126, Tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." De lo expuesto se colige que será procedente el juicio de amparo cuando, en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, se eleve una solicitud a un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad y ésta no haya sido respondida, entendiéndose como tal a aquélla que con fundamento en una norma legal se encuentra facultada para emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, el quejoso reclama del Director del Instituto de Servicios Periciales, Coordinador de Servicios Periciales, Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Norte, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y Médico Forense del Centro de Justicia de Atlacomulco, Estado de México, la abstención a remitir el original del acta médica y protocolo de necropsia de veinticuatro de diciembre de dos mil trece, a fin de hacerlos llegar a la carpeta de investigación 362870550018713, a cargo del Agente del Ministerio Público de Acambay de la Fiscalía Regional de Atlacomulco, Estado de México. En tales condiciones, se advierte que la ahora quejosa, pretende elevar una solicitud a las autoridades responsables, con la finalidad de que informen respecto a la omisión a proporcionar la información solicitada por parte de la representación social. Atendiendo a lo anterior, es factible concluir que en el caso la omisión reclamada no puede ser considerada como acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. En la especie, la relación jurídica entablada con motivo de los citados actos que se reclaman, únicamente se ubica dentro de las denominadas de coordinación que, como se ha visto, excluye la idea de un "acto de autoridad" que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación, dado que se le solicita allegar información a la carpeta de investigación, en la cual la aquí quejosa tiene el carácter de ofendida. En esa tesitura, debe señalarse que el acto que reclama la quejosa, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues las responsables, no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad. En las condiciones expuestas, este juzgado de Distrito sostiene que la acción constitucional promovida es improcedente, pues las responsables referidas, no están investida de las facultades que caracterizan a las autoridades, ello en atención a que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa actúa en calidad de ofendida del delito de homicidio, en contra de su esposo Oscar Albino Melesio; asimismo, se advierte que la impetrante de garantías presentó escrito ante el Agente del Ministerio Público de Acambay, Estado de México, a fin de que esta autoridad pidiera el dictamen de necropsia, sin que las autoridades aquí señaladas como responsables dieran cumplimiento a tal requerimiento; por tanto, es el Agente del Ministerio Público Investigador, quien en su caso deberá hacer efectivas las medidas de apremio a fin de que el Director del Instituto de Servicios Periciales, Coordinador de Servicios Periciales, Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Norte, todos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Médico Forense del Centro de Justicia de Atlacomulco, Estado de México, den cabal cumplimiento al requerimiento realizado por la misma, de ahí que no puedan tener el carácter de responsables, en virtud de que actúan en una relación de coordinación respecto de la quejosa y no de supra a subordinación. Asimismo, es de precisarse que de las constancias que anexa la quejosa, se advierte que mediante oficio 21310000-412/2017, emitido por el Agente del Ministerio Público de Acambay, Estado de México, requirió de nueva cuenta al Coordinador de Servicios Periciales del Estado de México aquí responsable la información que en el mismo se advierte, el cual fue recepcionado el treinta de mayo del año en curso; de lo cual, no se advierte que la autoridad investigadora, realice apercibimiento alguno. Por tanto, actuar de otra manera, implicaría que este Juzgado de Distrito se substituyera en las funciones del Agente del Ministerio Público Investigador a quien compete lograr ese cumplimiento. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación al numeral 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, el oficio devuelto por la empresa de mensajería -estafeta-, que contiene el auto dictado el tres de los cursantes, en el que se señaló fecha para que la parte quejosa acuda con el perito designado por la autoridad responsable al inmueble materia de la Litis para que cuente con los elementos necesarios para emitir su opinión técnica; se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto llegue la fecha fijada en el de cuenta. Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, se transfiere la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del dieciocho de agosto del año en curso, y se fijan diez horas con veinte minutos del siete de septiembre de dos mil diecisiete.
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