Maria Isabel Euan Sanchez

Expediente 2498/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2498/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Maria Isabel Euan Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el ocho de diciembre de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios con los que se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por las autoridades señaladas como responsables. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexo que al mismo se acompaña, de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso; sin que se realice mayor acuerdo al respecto, por cuanto ya se resolvió el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 2498/2022-VII-B, promovido por María Isabel Euán Sánchez contra los actos que reclama de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, así como de otra autoridad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, y actuaria de su adscripción. SEGUNDO. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 2498/2022-VII-B y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: 1. De la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso: La omisión de diligenciar el exhorto 187/2022, ordenado dentro del expediente 86/2022, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, por falta de emplazamiento vía exhorto de la demandada Libny Airam Maldonado Euán. 2. De la actuaria del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso: La omisión de llevar a cabo el emplazamiento de Libny Airam Maldonado Euán, ordenado dentro del exhorto 187/2022, deducido del expediente 86/2022, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, con sede en esta capital. TERCERA. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues aun cuando negaron su existencia en sus correspondientes informes justificados, con números de registro 25486 y 25712, realizaron manifestaciones que evidencian su certeza, por lo que se desvirtúa su negativa. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, julio de 1994, visible a página 391, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó a su informe justificado la Juez responsable, las cuales obran glosadas en autos. Y que tienen eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que mediante acuerdo dictado el once de agosto de dos mil veintidós, en autos del expedientillo 187/2022, recepcionó el exhorto 52 deducido del juicio ordinario civil 86/2022, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a efecto de emplazar a la demandada Libny Airam Maldonado Euán. Siendo que mandó obsequiarlo en sus términos, comisionando para ello a la actuaria de su adscripción. Fedataria judicial que por razón levantada el catorce de octubre del presente año, asentó las razones por las que no le fue posible llevar a cabo tal encomienda. Ahora bien, aun cuando en el acuerdo de cierre de devolución de dicha comunicación oficial se asentó como fecha el diez de octubre de dos mil veintidós (foja 24); se tiene que se trata de un mero error mecanográfico, atendiendo a que la actuaria responsable en su informe de ley asentó que mediante oficio 3952/2022 de veintiuno del citado mes y año, se devolvió sin diligenciar el referido exhorto a su lugar de origen (foja 33). Todo lo anterior evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, pues ya se despachó dicho exhorto. Lo que aconteció con posterioridad a la promoción del juicio de amparo (diecisiete de octubre de dos mil veintidós). Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Isabel Euán Sánchez contra los actos que reclamó de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, y actuaria de su adscripción; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Toda vez que, uno de los actos reclamados en el presente asunto por la parte quejosa lo hace consistir en la omisión de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, de diligenciar el exhorto ********************, ordenado dentro del expediente 86/2022, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, a fin de emplazar a la demandada ********************. Cuando en su informe justificado la Juez responsable manifestó que mediante oficio 3952/2022 de veintiuno de octubre del año en curso, devolvió sin diligenciar la referida comunicación oficial; sin que haya remitido tal constancia junto con la certificación que apoya su informe de ley; misma que se estima necesaria para efectos de mejor resolver el presente asunto. En ese sentido, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto". Requiérase a la Juez responsable mediante oficio que se le dirija vía mensajería acelerada, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, remita copia certificada de lo anterior. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 237, 238 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Mientras tanto, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y cúmplase.

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