Maria Isabel Espinosa Perez

Expediente 383/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
383/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Maria Isabel Espinosa Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El tres de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: Las responsables, en el respectivo ámbito de sus atribuciones: 1. Continúen suministrando oportunamente a la quejosa el medicamento, conforme le sea prescrito en las recetas que se le expidan exclusivamente por lo que hace a su tratamiento a la enfermedad que padece, es decir, cáncer de mama, lo que incluso, deberán expresar bajo protesta de decir verdad; así como realizar los estudios que sean necesarios y prescritos. 2. Con la finalidad de no suspender el suministro de medicamentos, deberán de comunicar con suficiente anticipación, de manera fehaciente (por escrito), a la promovente de amparo, cualquier requisito que deba cubrir para acceder a los mismos y no suspender su suministro. En la inteligencia de que, para dar cumplimiento a la presente sentencia, las autoridades responsables deberán atender el criterio que dio paso a la tesis 1a. XIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2022888, de rubro: DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). A través de la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) Subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) Objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) Temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) Institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Por proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a la ejecutoria de amparo y, previos requerimientos realizados a las autoridades responsables para que se constriñeran a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; pues, atento a las consideraciones vertidas en dicha ejecutoria, particularmente el criterio de temporalidad determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al cual el Estado debe garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; este juzgado no contaba con documento idóneo que diera certeza de que se continuará suministrando a tiempo y de forma permanente el medicamento que le sea prescrito a la parte quejosa para su padecimiento; así como realizar los estudios que sean necesarios y prescritos. Por oficio recibido en este juzgado en catorce de julio del presente año la apoderada de Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: .que se continuará suministrando oportunamente a la quejosa, los medicamentos que requiere, conforme le sean prescritos en las recetas que se le expidan, exclusivamente por lo que hace a su tratamiento de su padecimiento cáncer de mama, así como realizar los estudios que resulten pertinentes. Por su parte, el veinticinco de julio del año que transcurre, el apoderado del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: .que se continuara brindando la asistencia médica necesaria, así como los medicamentos que al efecto el o los galenos tratantes determinen. En ese sentido, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte haga ante estas autoridades, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, podrían hacerse acreedoras a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable; asimismo, es menester subrayar que en caso incurrir en repetición de los actos reclamados, esto es, dejar de proporcionar la atención médica integral a la parte quejosa e informar de su estado clínico y, se advierta que dicha omisiones se realizaron dolosamente, se dará tramite al incidente respectivo, el cual puede culminar con la separación del cargo del titular, así como con la vista al Ministerio Público Federal, por la posible comisión de algún delito. En ese orden de ideas, si los apoderados de Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí y del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", manifestaron que se continuará brindando la asistencia médica necesaria a la parte promovente y se le entregarán los medicamentos que le sean recetados para su padecimiento por el médico tratante; es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Ténganse recibidos y agréguense a los autos los oficios de cuenta, remitidos por el apoderado del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", así como por la Directora de Asuntos Jurídicos y la apoderada jurídica, ambas del Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y el de sus anexo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndoles traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Asimismo, acorde a lo reseñado por el numeral 193 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de las oficiantes, las documentales que acompañan a fin de acreditar el cumplimiento al fallo constitucional. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DICTADA EN ESTA FECHA, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Ténganse recibidos y agréguense a los autos los oficios de cuenta, remitidos por el apoderado del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", así como por la Directora de Asuntos Jurídicos y la apoderada jurídica, ambas del Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y el de sus anexo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndoles traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Asimismo, acorde a lo reseñado por el numeral 193 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de las oficiantes, las documentales que acompañan a fin de acreditar el cumplimiento al fallo constitucional. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de julio de dos mil veintidós. Ténganse recibidos y agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados respectivamente por el apoderado del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y por la apoderada de Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, mediante los cuales desahogan el requerimiento que les fue formulado en autos y, al efecto, informan las diversas actuaciones en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con su contenido, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior, en virtud de las consideraciones vertidas en la sentencia dictada en el presente asunto, así como de lo manifestado por las referidas autoridades, no se advierte documento idóneo que dé certeza a este órgano constitucional respecto a que se continuará suministrando a tiempo y de forma permanente el tratamiento y medicamento que requiere la parte quejosa para su padecimiento. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, se constriñan a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo y "bajo protesta decir verdad" manifiesten que se continuara brindando la asistencia médica necesaria para la derechohabiente María Isabel Espinosa Pérez, así como los medicamentos que al efecto el o los galenos tratantes determinen; o bien, demuestren fehacientemente de alguna otra forma la continuación de dicha asistencia médica. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa, a cada una de las omisas, por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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