María Isabel Escalante Leyva
Expediente 762/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Isabel Escalante Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, por medio del cual remite testimonio de la queja civil 342/2022, relativo al juicio de amparo 762/2022, promovido por ********************. Así entonces, de la resolución dictada por el órgano revisor, se advierte lo siguiente: UNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa ********************, por conducto de su autorizado ********************, en contra del auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio de amparo indirecto 762/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Atento a lo anterior, toda vez que contra el fallo anterior no procede recurso alguno, por tanto se declara que el mismo CAUSA ESTADO. Remítase el acuse de recibo correspondiente vía electrónica y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido vía sistema electrónico de interconexión por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, por el que se informa la admisión del recurso de queja interpuesto en autos del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes; circunstancia de la cual se toma el debido conocimiento, y se está a la espera de lo resuelto por la superioridad. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciséis de agosto de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado por este juzgado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, intégrese a estos autos una de las copias exhibidas y remítase el aludido recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, residente en Mazatlán. De igual forma, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el informe respectivo sobre la materia del recurso de queja interpuesto. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, cuatro de agosto de dos mil veintidós. I. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María Isabel Escalante Leyva, a través del cual cumple con la prevención formulada el veintiséis de junio del año en curso y bajo protesta de decir verdad señala el juicio de origen se encuentra en ejecución de sentencia, el bien inmueble materia de dicho juicio ya fue rematado, el uno de diciembre de dos mil veintiuno se tomó posesión del mismo y no reclama el remate del bien, sino la resolución señalada en la demanda de amparo. II. Desechamiento. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de cuenta es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio amparo. Por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En principio, el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXlll.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan al archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De los preceptos legales trascritos, se advierte que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia el amparo se pedirá una vez que se haya dictado la última resolución dentro del procedimiento correspondiente, pudiéndose reclamar de manera conjunta las violaciones cometidas que hubiesen dejado sin defensa al interesado y trascendido en el resultado de la resolución correspondiente. El propio precepto señala que la última resolución en el procedimiento de ejecución es la que aprueba o reconoce incumplimiento a la sentencia o declara la imposibilidad jurídica o material de cumplimiento u ordene el archivo del expediente. En tanto que el procedimiento de remate que se aprueba en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, el juicio de amparo será improcedente si se trata de actos en ejecución de sentencia o de remate y no se trate de la última resolución. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que excepcionalmente durante la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de garantías en la vía indirecta cuando exista afectación a los derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Así lo determinó la Jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página doscientos treinta, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Novena Época, cuyo rubro y texto son: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En el presente asunto, de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación 130/2022-C, derivado del expediente 1389/2006 del Juzgado Cuarto de lo Civil de Culiacán, Sinaloa, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el incidente de nulidad de actuaciones judiciales promovido en el juicio de origen. Bajo ese contexto, es dable precisar que el referido acto reclamado, se dictó en ejecución de sentencia, el cual no es la última resolución dictada en ese período conforme a los lineamientos expuestos anteriormente, porque aun cuando ese acto tuvo verificativo en la etapa de ejecución, en momento alguno se señaló o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su defecto, la imposibilidad jurídica para poder cumplimentarlo y, de igual manera, tampoco se indicó que el asunto ya estuviera terminado, o en su caso, que se hubiera enviado el expediente al archivo como asunto concluido, ni se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien materia de Litis. Por tanto, el acto reclamado es intermedio, ya que el acuerdo combatido no puede considerarse que sea la última resolución que ponga fin al período de ejecución en el expediente de origen, pues esto sólo acontecerá hasta en tanto haya una resolución que declare cumplido en forma total la sentencia dictada; se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o, se ordene el archivo del expediente y en el caso, aún no se dicta esa resolución. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, interpretando en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Presentación de promociones físicas a través de la OPC. Se le comunica que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común (OPC) de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan sus informes (o cualquier otro requerimiento) y éstos no puedan ser remitidos en vía electrónica. V. Se exhorta a transitar a la modalidad de juicio en línea. Aun cuando existe posibilidad de recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se le exhorta para efectos de que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de juicio en línea, no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho de que en, su caso, el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea. VI. Presencia física en el órgano jurisdiccional. Se le hace saber que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. VII. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Notifíquese de manera personal. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que autoriza y da fe.
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