María Isabel Dzul Canché

Expediente 46/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
46/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • María Isabel Dzul Canché

Actuaciones

  1. Principal

    IV-Agréguese el oficio signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión ordinaria remota por videoconferencia de once de marzo de dos mil veintidós, dictada en autos del conflicto competencial 16/2021 en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún." Por tal motivo, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, toda vez que el Tribunal de Alzada determinó que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, es la autoridad competente para conocer la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno, mismo que por tener el carácter de expediente auxiliar, carecer de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno, así como en el libro de gobierno correspondiente, y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, proceda la actuaria a remitir vía interconexión al tribunal el oficio que se deriva de auto, debiendo dejar constancia del envío en autos y solicitar el acuse de recibo. Notifíquese.

  2. Principal

    IV-Agréguese el oficio 706/2022-I, signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual informa que insiste en declararse legalmente incompetente del juicio de amparo promovido por María Isabel Dzul Canché, que dio origen al juicio de amparo 1078/2021-I, de su índice; por lo tanto, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, remitió los autos originales del citado asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, para efecto de resolver el conflicto competencial suscitado. Circunstancias de las cuales este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    IV-Agréguese el oficio signado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual hace del conocimiento que se admitió a trámite y se turnó a ponencia el conflicto competencial surgido entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, y este Juzgado Federal. Circunstancia de la que este Juzgado queda enterado para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    IV-Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual comunica el auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, en el que el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María Isabel Dzul Canché en los autos del juicio de amparo indirecto 1078/2021-I de su índice, por las razones expuestas. Regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal con el número 46/2022-IV-A, fórmese el expediente físico así como el electrónico y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al respecto, este Juzgado de Distrito NO ACEPTA LA COMPETENCIA LEGAL PLANTEADA PARA CONOCER Y RESOLVER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por las consideraciones que se expondrán. De inicio, debe decirse que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, así como sus anexos, para así estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de los mismos, así como la situación jurídica que guarda la parte promovente con respecto de tales actos; y una vez hecho lo anterior, determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio que nos ocupa. Precisado lo anterior, resulta prudente acotar lo siguiente, mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, María Isabel Dzul Canché, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLE ORDENADORAS-EJECUTORAS.- A.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO, con domicilio Av. Adolfo López Mateos No 500, esquina Nápoles, Col Italia, CP 77035, Chetumal, Quintana Roo. B.- VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL, con domicilio Av. Adolfo López Mateos No 500, esquina Nápoles, Col Italia, CP 77035, Chetumal, Quintana Roo. C.- VICE-FISCAL ZONA NORTE, con domicilio Av. Xcaret Esquina Kabah, Supermanzana 21, Manzana 3, Lote 14, Cancún, Q.Roo. D.- AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITO A LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, con domicilio Av. Xcaret Esquina Kabah, Supermanzana 21, Manzana 3, Lote 14, Cancún, Q. Roo." ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras-ejecutoras la negativa a resolver el recurso de Inconformidad, con respecto a la Averiguación Previa AP/ZN/CAN/89/01/105/4-2016, acto violatorio de mi derecho de petición.". Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, el juzgado del conocimiento desechó la demanda que se trata, por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Contra dicha determinación la parte quejosa promovió el recurso de queja correspondiente, y en resolución del diecisiete de diciembre del año próximo pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, declaró fundado dicho recurso. Posteriormente, como ya se dijo, en acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda constitucional presentada por María Isabel Dzul Canché, en términos del artículo 37 de la Ley de la Materia, por estimar que las consecuencias del acto reclamado, tienen ejecución o son generados en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo; ya que, consideró que la omisión reclamada tiene consecuencias materiales, pues a su juicio, de resultar cierta vulneraría de manera directa el derecho que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita. Sin embargo, este juzgado no comparte el criterio sostenido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo y, de manera respetuosa, se estima que en el caso concreto, no se surte a favor de este órgano de control constitucional, hipótesis alguna para conocer de la demanda de amparo promovida por María Isabel Dzul Canché, por las siguientes consideraciones: Por principio, es de suma relevancia enfatizar, que el Juzgado oficiante sostuvo carecer de competencia legal, dentro de la etapa inicial del procedimiento de amparo, esto es, con motivo de la presentación de la demanda, para seguir en el conocimiento del juicio, por considerar que el acto reclamado (omisión a resolver el recurso de inconformidad) tiene consecuencias materiales ejecutables en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Ahora bien, es necesario transcribir el contenido del artículo 37, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Sera juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. Así, si bien la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos de la promovente del amparo, es evidente que el creador de la norma le da preeminencia a la ejecución material del acto reclamado. Lo cual resulta lógico, desde la perspectiva de que, de este modo, la peticionaria puede contar con mejores elementos y posibilidades de defensa, toda vez que al promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estimen pertinentes, al igual que al Juez de Distrito, le brinda la habilidad para recabarlas con la eficacia debida. En efecto, ejecutar atiende al significado ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Luego, el artículo 37 de la ley de la materia, al emplear la voz ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que solo tiene impacto en el mundo formal. Así, la ejecución material implica un cambio en la situación jurídica de la quejosa, ya sea que le imponga una carga o le prive o limite algún derecho. Como se aprecia de lo antes referido, las reglas de competencia por razón de territorio, tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado; sin embargo, tratándose de aquellos actos que carecen de ejecución material, se considera competente el juez de Distrito del lugar donde se presentó la demanda. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama, medularmente, la omisión de resolver el recurso de inconformidad interpuesto dentro del procedimiento de la averiguación previa AP/ZN/CAN/89/01/105/4-2016, radicada en una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de la ciudad de Cancun, Quintana Roo, derivada de una denuncia interpuesta por la aquí quejosa, María Isabel Dzul Canché, por hechos posiblemente delictuosos cometidos en su agravio. De lo anterior, este juzgado considera que el referido acto reclamado, consistente en la omisión de resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la agraviada -aquí quejosa-María Isabel Dzul Canché, relativo a la averiguación previa AP/ZN/CAN/89/01/105/4-2016, carece de ejecución material, como en seguida se precisa. En efecto, por lo que respecta al referido acto reclamado, se estima que constituye un acto negativo omisivo que carece de ejecución material, pues la omisión o abstención de emitir resoluciones, se traduce en una inactividad procesal en que las responsables han incurrido en el trámite de los asuntos de su conocimiento, cuyos efectos no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien, concretan simplemente, a una lesión adjetiva por la inobservancia de los plazos previstos en la norma aplicable que les rige en su quehacer jurisdiccional, sin que sea dable llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limita a la abstención u omisión en el dictado de una resolución, sino a las posibilidades futuras que deriven de su eventual emisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado. Conforme a las precisiones que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, respecto a la naturaleza intrínseca de los actos de autoridad, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este expediente, constituye un acto negativo omisivo que carece de ejecución material, pues es claro que no modifica ni altera el estado de las cosas existentes, es decir, no introducen ningún cambio a la realidad, sino que las cosas permanecen en el mismo estado, dada la conducta apática o negligente de la responsable. Entonces, no puede afirmarse que se trata de actos que requieren ejecución, como lo considera el juez declinante, pues la simple omisión de la responsable, carece de ejecución material. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página quinientos, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Opinar lo contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en la directriz de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios de defensa. Por tanto, se estima que no es posible aceptar la legal competencia declinada, para conocer de la demanda de amparo de mérito, pues la misma se surte a favor del juez de distrito en donde se presentó la demanda de amparo. En ese contexto, nuestro máximo tribunal del país analizó la sentencia, determinación que es con la que concluye el procedimiento de la instrucción, esto es, que el proceso penal ha recorrido las etapas de averiguación previa, preinstrucción e instrucción, y la persona imputada está guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, por lo que la determinación reclamada (sentencia) si tiene una ejecución material, y por esa situación la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso estudiado es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Sin embargo, en el caso concreto, el acto reclamado por la quejosa María Isbael Dzul Canché, emana de la conducta apática o negligente de la autoridad responsable, al no haber resuelto el recurso de inconformidad interpuesto en la primera etapa del proceso penal que es la averiguación previa, recurso interpuesto precisamente por no existir detención de persona alguna a dicha averiguación; y por ende, no implica la existencia de actos de ejecución, aspecto que tomó como base la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar que la omisión del dictado de la sentencia deba conocer del juicio de amparo el órgano sobre la autoridad que deba dictar la sentencia, sino únicamente una inactividad procesal en detrimento de la aquí quejosa. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el expediente que contiene el escrito original de la demanda al Juzgado en comento, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente, así como informar la determinación que tenga a bien emitir. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese.

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