María Isabel Delgado Morales

Expediente 159/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
159/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • María Isabel Delgado Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; devuélvanse a su lugar de origen, y solicítesele el acuse de recibo respectivo

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; devuélvanse a su lugar de origen, y solicítesele el acuse de recibo respectivo

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 159/2021, promovido por ., contra el acto del Juez Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta Ciudad, ., acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado que a continuación se transcribe:... EL AUTO DE FECHA CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, dictado por el Juez del Juzgado cuarto de primera instancia de la ciudad de Orizaba, Veracruz; en el que se desecha de plano la recusación planteada por la suscrita y se me impone una multa de tres salarios vigentes durante el mes de enero en la capital del estado. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, este juzgado federal previno a la representante de la quejosa para que exhibiera copia certificada del documento con el que acreditara su personalidad. Previo cumplimiento a lo anterior, en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, solicitó a la responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de la tercero interesada. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazada a la tercero interesada . CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Las dos primeras etapas de la audiencia constitucional se llevaron a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser cierto el acto reclamado tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y las constancias que obran agregadas al sumario se advierte que consiste en: La resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, en la que se desechó de plano la recusación planteada por la quejosa contra la perito tercero en discordia; y se le impuso una multa de tres días de salario mínimo vigente durante el mes de enero de dos mil veintiuno. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, por así advertirse de la lectura de su respectivo informe con justificación. Lo que se corrobora con las constancias originales del juicio ordinario civil . Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de actuaciones judiciales practicadas por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley, con las que se formó un tomo de pruebas. CUARTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias del expediente ., remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, las cuales cuentan con el valor probatorio precisado en el quinto considerando de este fallo, a saber: 1. Mediante escrito de tres de mayo de dos mil diecinueve, .. promovió, en la vía ordinaria civil, el otorgamiento de escritura respecto de un bien inmueble en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de .. (foja 1 del tomo de pruebas). 2. Mediante escrito de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, . contestó la demanda (foja 34 del tomo de pruebas). 3. Seguido el juicio, por auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, se señaló fecha para el desahogo de las pruebas, en donde se admitió la prueba pericial en grasfoscopia y dactiloscopia forense, en razón de que el contrato de compraventa fue objetado en veracidad, origen y contenido (foja 79 del tomo de pruebas). 4. Una vez rendidos los dictámenes periciales de ambas partes, actor y demandado, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el juez determinó que ambos peritajes resultaban discordantes, por lo que giró oficio a la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que nombra un perito tercero en discordia (foja 268 del tomo de pruebas). 5. Por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el juez responsable tuvo a la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, designando como perito tercero en discordia (foja 273 del tomo de pruebas). 6. Por escrito de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ., promovió recusación en contra de la perito señalada como tercero en discordia licenciada Julietina Rivera Soto (foja 274 del tomo de pruebas). 7. Por resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable desechó de plano la recusación planteada por la quejosa que hizo contra la perito tercero en discordia y le impuso una multa de tres días de salario mínimo vigente durante el mes de enero de dos mil veintiuno para el Estado de Veracruz. Este último acto constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al ser la resolución que se reclama un acto emitido dentro de un juicio ordinario civil que no es de imposible reparación. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La segunda disposición normativa en cita establece que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación; y define a éstos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Ahora, de la aplicación a contrario sensu de dicho precepto, relacionado con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación. En el caso, el acto reclamado es la resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, en la que se desechó de plano la recusación planteada por la quejosa que hizo contra la designación de la perito tercero en discordia y se le impuso una multa de tres días de salario mínimo vigente durante el mes de enero de dos mil veintiuno, para el Estado de Veracruz. Dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación respecto del cual, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo, ya que no vulnera derecho sustantivo alguno, sino únicamente es susceptible de producir efectos formales o intraprocesales. Ello es así, pues similar criterio lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXIV/98, publicada en la página 228, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. La recusación no es un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, revela una violación procesal; en consecuencia, esa resolución no puede ser combatida en amparo ante el Juez de Distrito, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento contenidas en el precepto legal invocado y, por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sólo puede reclamarse en la vía de amparo directo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva." En dicha tesis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó que declaró improcedente una recusación, y determinó que no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, pues el único efecto que produce tal resolución es que se continúe con la controversia jurisdiccional. Luego, si el caso concreto, el acto reclamado consiste en la resolución que desecha de plano la recusación planteada por la quejosa que hizo contra la perito tercero en discordia y se le impone una multa de tres días de salario mínimo vigente, entonces, únicamente tiene efectos intraprocesales, ya que el efecto es que se continué el desahogo de la prueba pericial para que en su caso sea analizada hasta la emisión de la sentencia; y en caso de no obtener una resolución favorable, poder acudir al juicio de amparo directo en el cual tendrá la oportunidad de combatir esa infracción, junto con la multa impuesta con base en el artículo 172, fracción I, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la multa impuesta dentro de juicio, constituye un acto de imposible reparación; sin embargo, debe considerarse que no procede dividir la continencia de la causa, esto es, el acto reclamado, para decidir que respecto de una parte, que es la causa generadora de la otra, procede un sentido, y respecto de la segunda parte, otro sentido, que es la consecuencia, pues la litis planteada, como lo alega la quejosa, es todo lo decidido en el acto reclamado y debe decidirse respecto del todo en un sentido u otro. Así, debe estimarse que si el juicio de amparo indirecto no procede contra la resolución que desestima la recusación, la misma determinación debe seguir la consecuencia legal, esto es, la imposición de una multa, como en el caso que examinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, de la ejecutoria de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 92/98 -consultada en el módulo de Servicios Documentales y Acceso a la Información de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes-, que dio origen a la citada tesis 2a. XXIV/98, se advierte que los actos reclamados, fueron: "A).- Del Congreso y Gobernador reclamo la redacción, expedición, posterior promulgación y publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León en lo que respecta a los artículos 145 al 153 del citado Código [.]. B.- Del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León se reclama: a).- La resolución dictada mediante sentencia de 29 veintinueve de abril de 1997 mil novecientos noventa y siete, en la cual resuelve en sus puntos resolutivos la improcedencia de la recusación [.]. b).- La imposición a los suscritos de una multa de $200.00 (DOSCIENTOS VIEJOS PESOS 00/100 M.N.), haciéndolos efectivos en el certificado de depósito exhibido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. C).- [.]". De lo anterior se colige que los actos reclamados fueron entre otros, la imposición de una multa, de lo que se desprende que nuestro Máximo Tribunal del país determinó que cuando se reclama en un juicio de amparo indirecto la resolución que desestima una recusación (con imposición de multa), resulta improcedente el juicio en su totalidad por ser un acto cuya ejecución no produce de manera inmediata un perjuicio a los derechos sustantivos del quejoso, pues se está frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo. A mayor abundamiento, debe resaltarse que en el mismo sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XLI/99, publicada en la página 23, del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. Ese tipo de resoluciones no constituye un acto de imposible reparación, en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el único efecto que produce es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de dicha ley, revela una violación procesal reclamable en amparo directo". Se precia que si bien esas tesis no constituyen jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, lo cierto es que sirven como un criterio orientador, conforme lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 195/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 778, del Tomo I, correspondiente al mes de enero de dos mil diecisiete, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional". Además, en reciente criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contradicción de tesis 208/2020, en sesión ordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, resolvió el tema de: "RECUSACIÓN. DETERMINAR SI EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", y determinó que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no procede el juicio de amparo indirecto al no tratarse de un acto de imposible reparación, sino que al constituir una violación a derechos adjetivos debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172 fracciones X y XII de la Ley de Amparo (Tesis pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación). De ahí que en el caso se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, dado el sentido de la presente resolución, en donde se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, existe impedimento jurídico para analizar los conceptos de violación que se dirigen a combatir la inconstitucionalidad del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 1028 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, Tomo VI, ParteTCC, Octava Época, publicada en el Apéndice de 1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, cabe señalar que los criterios citados por este órgano, en específico los generados durante la vigencia de la Ley de Amparo aplicable hasta el dos de abril de dos mil trece, son susceptibles de regir en el caso, de conformidad con el punto sexto transitorio de la actual ley de la materia, que dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.", ya que aquellos no se oponen a lo dispuesto en ésta, en los aspectos analizados. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ., contra el acto que reclama de la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 159/2021, promovido por ., contra el acto del Juez Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta Ciudad, ., acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado que a continuación se transcribe:... EL AUTO DE FECHA CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, dictado por el Juez del Juzgado cuarto de primera instancia de la ciudad de Orizaba, Veracruz; en el que se desecha de plano la recusación planteada por la suscrita y se me impone una multa de tres salarios vigentes durante el mes de enero en la capital del estado. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, este juzgado federal previno a la representante de la quejosa para que exhibiera copia certificada del documento con el que acreditara su personalidad. Previo cumplimiento a lo anterior, en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, solicitó a la responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de la tercero interesada. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazada a la tercero interesada . CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Las dos primeras etapas de la audiencia constitucional se llevaron a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser cierto el acto reclamado tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y las constancias que obran agregadas al sumario se advierte que consiste en: La resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, en la que se desechó de plano la recusación planteada por la quejosa contra la perito tercero en discordia; y se le impuso una multa de tres días de salario mínimo vigente durante el mes de enero de dos mil veintiuno. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, por así advertirse de la lectura de su respectivo informe con justificación. Lo que se corrobora con las constancias originales del juicio ordinario civil . Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de actuaciones judiciales practicadas por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley, con las que se formó un tomo de pruebas. CUARTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias del expediente ., remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, las cuales cuentan con el valor probatorio precisado en el quinto considerando de este fallo, a saber: 1. Mediante escrito de tres de mayo de dos mil diecinueve, .. promovió, en la vía ordinaria civil, el otorgamiento de escritura respecto de un bien inmueble en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de .. (foja 1 del tomo de pruebas). 2. Mediante escrito de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, . contestó la demanda (foja 34 del tomo de pruebas). 3. Seguido el juicio, por auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, se señaló fecha para el desahogo de las pruebas, en donde se admitió la prueba pericial en grasfoscopia y dactiloscopia forense, en razón de que el contrato de compraventa fue objetado en veracidad, origen y contenido (foja 79 del tomo de pruebas). 4. Una vez rendidos los dictámenes periciales de ambas partes, actor y demandado, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el juez determinó que ambos peritajes resultaban discordantes, por lo que giró oficio a la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que nombra un perito tercero en discordia (foja 268 del tomo de pruebas). 5. Por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el juez responsable tuvo a la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, designando como perito tercero en discordia (foja 273 del tomo de pruebas). 6. Por escrito de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ., promovió recusación en contra de la perito señalada como tercero en discordia licenciada Julietina Rivera Soto (foja 274 del tomo de pruebas). 7. Por resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable desechó de plano la recusación planteada por la quejosa que hizo contra la perito tercero en discordia y le impuso una multa de tres días de salario mínimo vigente durante el mes de enero de dos mil veintiuno para el Estado de Veracruz. Este último acto constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al ser la resolución que se reclama un acto emitido dentro de un juicio ordinario civil que no es de imposible reparación. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La segunda disposición normativa en cita establece que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación; y define a éstos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Ahora, de la aplicación a contrario sensu de dicho precepto, relacionado con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación. En el caso, el acto reclamado es la resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, en la que se desechó de plano la recusación planteada por la quejosa que hizo contra la designación de la perito tercero en discordia y se le impuso una multa de tres días de salario mínimo vigente durante el mes de enero de dos mil veintiuno, para el Estado de Veracruz. Dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación respecto del cual, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo, ya que no vulnera derecho sustantivo alguno, sino únicamente es susceptible de producir efectos formales o intraprocesales. Ello es así, pues similar criterio lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXIV/98, publicada en la página 228, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. La recusación no es un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, revela una violación procesal; en consecuencia, esa resolución no puede ser combatida en amparo ante el Juez de Distrito, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento contenidas en el precepto legal invocado y, por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sólo puede reclamarse en la vía de amparo directo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva." En dicha tesis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó que declaró improcedente una recusación, y determinó que no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, pues el único efecto que produce tal resolución es que se continúe con la controversia jurisdiccional. Luego, si el caso concreto, el acto reclamado consiste en la resolución que desecha de plano la recusación planteada por la quejosa que hizo contra la perito tercero en discordia y se le impone una multa de tres días de salario mínimo vigente, entonces, únicamente tiene efectos intraprocesales, ya que el efecto es que se continué el desahogo de la prueba pericial para que en su caso sea analizada hasta la emisión de la sentencia; y en caso de no obtener una resolución favorable, poder acudir al juicio de amparo directo en el cual tendrá la oportunidad de combatir esa infracción, junto con la multa impuesta con base en el artículo 172, fracción I, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la multa impuesta dentro de juicio, constituye un acto de imposible reparación; sin embargo, debe considerarse que no procede dividir la continencia de la causa, esto es, el acto reclamado, para decidir que respecto de una parte, que es la causa generadora de la otra, procede un sentido, y respecto de la segunda parte, otro sentido, que es la consecuencia, pues la litis planteada, como lo alega la quejosa, es todo lo decidido en el acto reclamado y debe decidirse respecto del todo en un sentido u otro. Así, debe estimarse que si el juicio de amparo indirecto no procede contra la resolución que desestima la recusación, la misma determinación debe seguir la consecuencia legal, esto es, la imposición de una multa, como en el caso que examinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, de la ejecutoria de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 92/98 -consultada en el módulo de Servicios Documentales y Acceso a la Información de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes-, que dio origen a la citada tesis 2a. XXIV/98, se advierte que los actos reclamados, fueron: "A).- Del Congreso y Gobernador reclamo la redacción, expedición, posterior promulgación y publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León en lo que respecta a los artículos 145 al 153 del citado Código [.]. B.- Del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León se reclama: a).- La resolución dictada mediante sentencia de 29 veintinueve de abril de 1997 mil novecientos noventa y siete, en la cual resuelve en sus puntos resolutivos la improcedencia de la recusación [.]. b).- La imposición a los suscritos de una multa de $200.00 (DOSCIENTOS VIEJOS PESOS 00/100 M.N.), haciéndolos efectivos en el certificado de depósito exhibido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. C).- [.]". De lo anterior se colige que los actos reclamados fueron entre otros, la imposición de una multa, de lo que se desprende que nuestro Máximo Tribunal del país determinó que cuando se reclama en un juicio de amparo indirecto la resolución que desestima una recusación (con imposición de multa), resulta improcedente el juicio en su totalidad por ser un acto cuya ejecución no produce de manera inmediata un perjuicio a los derechos sustantivos del quejoso, pues se está frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo. A mayor abundamiento, debe resaltarse que en el mismo sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XLI/99, publicada en la página 23, del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. Ese tipo de resoluciones no constituye un acto de imposible reparación, en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el único efecto que produce es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de dicha ley, revela una violación procesal reclamable en amparo directo". Se precia que si bien esas tesis no constituyen jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, lo cierto es que sirven como un criterio orientador, conforme lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 195/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 778, del Tomo I, correspondiente al mes de enero de dos mil diecisiete, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional". Además, en reciente criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contradicción de tesis 208/2020, en sesión ordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, resolvió el tema de: "RECUSACIÓN. DETERMINAR SI EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", y determinó que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no procede el juicio de amparo indirecto al no tratarse de un acto de imposible reparación, sino que al constituir una violación a derechos adjetivos debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172 fracciones X y XII de la Ley de Amparo (Tesis pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación). De ahí que en el caso se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, dado el sentido de la presente resolución, en donde se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, existe impedimento jurídico para analizar los conceptos de violación que se dirigen a combatir la inconstitucionalidad del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 1028 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, Tomo VI, ParteTCC, Octava Época, publicada en el Apéndice de 1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, cabe señalar que los criterios citados por este órgano, en específico los generados durante la vigencia de la Ley de Amparo aplicable hasta el dos de abril de dos mil trece, son susceptibles de regir en el caso, de conformidad con el punto sexto transitorio de la actual ley de la materia, que dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.", ya que aquellos no se oponen a lo dispuesto en ésta, en los aspectos analizados. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ., contra el acto que reclama de la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

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