María Isabel de la Rosa Reyes
Expediente 958/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 47 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Maria Isabel de la Rosa Reyes
- María Isabel de la Rosa Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tales efectos se lleva en este juzgado de distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y el duplicado de destrucción, en términos del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante oficio 3359/2020-SA suscrito por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, del Octavo Circuito en esta ciudad, remitió la demanda de amparo signada por María Isabel de la Rosa Reyes, al haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma, en contra de las autoridades y acto reclamado que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como autoridad responsable se señala. A).- C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, y como ejecutoras: B).- LOS DOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. IV. ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad responsable señalada como ordenadora se reclama LA SENTENCIA DICTADA CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE NUMERO 513/2019, Y NOTIFICADA EN MI PERSONA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este juzgado federal. Por acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, previo escrito aclaratorio, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 958/2020, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por sus etapas procesales, se levantó la audiencia constitucional que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en este caso se reclaman actos dictados por autoridades residentes en esta localidad, lugar donde este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: i. La sentencia de cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 513/2019, que resuelve el incidente de liquidación de sentencia interpuesto por la parte actora Capital Rural de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se tratan, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil y Actuarios de su adscripción, dado que al rendir su informe justificado reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con la documental enviada por el juez responsable, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 513/2019, que resuelve el incidente de liquidación de sentencia interpuesto por la parte actora Capital Rural de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice de la referida responsable, a la que por tener la calidad de documento público se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Decisión Judicial. De la demanda de amparo se obtiene, que la quejosa aduce como conceptos de violación los siguientes: i. Que la resolución interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil veinte, carece de fundamentación y motivación. ii. Que el juez responsable no analizó las diligencias practicadas por el actuario, así como tampoco hizo mención respecto de las diligencias que origen a las violaciones procesales mencionadas. iii. Que no obstante que el juez responsable el tres de julio de dos mil veinte, decretó la caducidad de la instancia del incidente de liquidación de sentencia interpuesto por la endosataria en procuración de Capital Rural de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, dictó sentencia respecto del mismo, violando con ello las formalidades esenciales del procedimiento. Son infundados en una parte los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, e inoperantes en otra, por lo que deberá negarse el amparo y justicia federal solicitados. En efecto es inoperante el segundo concepto de violación en el que manifiesta la quejosa que el juez responsable no analizó las diligencias practicadas por el actuario, así como tampoco hizo mención respecto de las diligencias que origen a las violaciones procesales mencionadas. Ello es así, en tanto que con tal argumento no combate la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, pues no precisa a qué diligencias actuariales se refiere y la relación que guardan con el contenido de la mencionada resolución, o cuál es el impacto que tienen en el sentido de la misma, pues en ella, el juez responsable aprobó el incidente de liquidación de sentencia propuesto por la endosataria en procuración de Capital Rural de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, con base a lo determinado en la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veinte. En efecto, de acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que la causa de pedir no implica que los quejosos pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, para definir lo anterior, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento); lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. En ese sentido, el argumento de la quejosa deviene inoperante, al no combatir el argumento toral de la sentencia interlocutoria, esto es, que la parte actora justificó su derecho a cobrar intereses moratorios de conformidad con el resolutivo tercero de la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veinte, la cual condena a la demandada al pago de $52,203.00 (cincuenta y tres mil doscientos tres pesos 00/100 moneda nacional), en concepto de suerte principal, así como el pago de intereses moratorios vencidos más los que se sigan causando hasta la total solución del adeudo, a razón del 3.304% mensual y que la fecha de vencimiento lo fue el día trece de julio de dos mil diecinueve, y que al realizar la operación aritmética correspondiente, resulta la cantidad de $20,697.36 (veinte mil seiscientos noventa y siete 36/100 moneda nacional), en concepto de doce meses de intereses moratorios, generados del catorce de julio de dos mil diecinueve, al catorce de julio de dos mil veinte, a razón de $1,724.28 (mil setecientos veinticuatro 28/100 moneda nacional), mensuales, que sumados a la suerte principal dieron un total de $72,900.36 (setenta y dos mil novecientos pesos 36/100 moneda nacional). Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6O.C.J/15, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Julio de 2000, página: 621, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Así como la tesis XVII.1o.C.T.28 K (10a.), de la Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Registro: 2009040, Página: 2117, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE LA QUEJOSA OMITE PRECISAR Y CONCRETAR LAS REGLAS, NORMAS O PRINCIPIOS LÓGICOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJÓ DE OBSERVAR EN LA SENTENCIA RECLAMADA. En los asuntos en los que no es aplicable la suplencia de la queja deficiente, se actualiza la inoperancia de los conceptos de violación planteados, cuando el promovente del amparo en éstos omite precisar y concretar cuáles son las reglas de la lógica y de la sana crítica que la autoridad responsable dejó de observar en la resolución, además de omitir exponer específicamente en sus motivos de disenso, la creencia falsa y/o idea equivocada, así como el error en el razonamiento o la argumentación en que incurrió la responsable en la resolución reclamada, con motivo de la inobservancia a esas reglas, normas o principios lógicos, puesto que, sólo en esas condiciones, el órgano de control constitucional estará en aptitud de examinar la cuestión planteada en los conceptos de violación de que se trata." Por otro lado, es infundado el tercer concepto de violación, referente a que el juez responsable viola las formalidades esenciales del procedimiento, al haber dictado la resolución interlocutoria de cuatro de septiembre de do s mil veinte, no obstante que el tres de julio de dos mil veinte, decretó la caducidad de la instancia del incidente de liquidación de sentencia interpuesto por la endosataria en procuración de Capital Rural de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se dice lo anterior, toda vez que si bien es cierto, con fecha tres de julio de dos mil veinte, el juez de origen decretó la caducidad de la instancia del incidente de liquidación de sentencia, promovido por la endosataria en procuración de Capital Rural de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, ello fue con motivo del diverso incidente de liquidación interpuesto con fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte y admitido por el juez responsable el veinticinco de febrero siguiente; y la sentencia interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil veinte que aquí se combate, es en relación al incidente de liquidación de sentencia interpuesto el dieciséis de julio de dos mil veinte. De ahí que no asista razón a la parte quejosa cuando refiere que el juez responsable viola las formalidades esenciales del procedimiento, ya que, como ya se dijo, dicha caducidad se refiere al diverso incidente de liquidación de sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte. Finalmente, por lo que se refiere al concepto de violación relativo a que la sentencia interlocutoria reclamada carece de fundamentación y motivación, deviene infundado. Ello es así, virtud que no asiste razón a la quejosa, pues de la lectura de la misma se advierte que la autoridad responsable, al emitirla, lo hizo expresando las razones, motivos y circunstancias especiales que la condujeron a declarar procedente el incidente de liquidación de sentencia planteado por la parte actora en el juicio de origen, por el hecho de que la parte actora justificó su derecho a cobrar intereses moratorios de conformidad con el resolutivo tercero de la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veinte, la cual condena a la demandada al pago de $52,203.00 (cincuenta y tres mil doscientos tres pesos 00/100 moneda nacional), en concepto de suerte principal, así como el pago de intereses moratorios vencidos más los que se sigan causando hasta la total solución del adeudo, a razón del 3.304% mensual y que la fecha de vencimiento lo fue el día trece de julio de dos mil diecinueve, y que al realizar la operación aritmética correspondiente, resulta la cantidad de $20,697.36 (veinte mil seiscientos noventa y siete 36/100 moneda nacional), en concepto de doce meses de intereses moratorios, generados del catorce de julio de dos mil diecinueve, al catorce de julio de dos mil veinte, a razón de $1,724.28 (mil setecientos veinticuatro 28/100 moneda nacional), mensuales, que sumados a la suerte principal dieron un total de $72,900.36 (setenta y dos mil novecientos pesos 36/100 moneda nacional). Todo ello, con fundamento en los artículos 1321, 1323 y 1324 del Código de Comercio. Asimismo, la responsable fue congruente al expresar las razones, motivos y circunstancias especiales por las que consideró que el caso particular encuadraba en los supuestos previstos en las normas jurídicas, las que constituyen el fundamento de la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, por lo que no puede establecerse que en la especie se hubiera violado algún artículo de los señalados por la quejosa dentro de su demanda de amparo. Esto es así, porque aunque la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto que se dirija a los particulares, su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de resoluciones jurisdiccionales. Ello, porque la resolución materialmente jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones constituyendo la fundamentación de la resolución, el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis; es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, que aún sin que las hubiere citado de forma expresa, cumpliría con el requisito de la fundamentación. En esas circunstancias y toda vez que la autoridad responsable en sus consideraciones asentó las razones lógicas que demuestran su aplicabilidad al caso concreto, indudablemente que de esa forma cumplió con la exigencia constitucional prevista en el artículo 16 del Código Político relativa a la fundamentación y motivación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 43, visible en la página 769, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, que lleva por título: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." Así como la jurisprudencia 260, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 175, bajo el rubro de: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." También, la tesis sustentada por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P. CXVI/2000, consultable en la página 143 del Tomo XII, Agosto de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Bajo ese contexto, al resultar INOPERANTES E INFUNDADOS los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, contra el acto de autoridad reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, y al no advertir este juzgado de Distrito que en el caso el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por nuestro máximo Tribunal de Justicia, así como tampoco existe alguna violación manifiesta de la ley que autorice a suplir queja deficiente en términos del artículo 79, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es NEGAR a María Isabel de la Rosa Reyes, el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Isabel de la Rosa Reyes, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, por los razonamientos contenidos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que dentro del presente juicio de amparo, se tuvo como tercera interesada a Elizabeth de la Rosa Reyes, sin que tenga tal carácter, toda vez que no se encuentra en los supuestos del artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que las constancias que obran en el presente sumario se evidencia que figura como codemandada dentro del juicio de origen, pues, lo que define el carácter de tercero interesado es la circunstancia de que la parte que interviene en el juicio tenga un interés contrario al del quejoso, y dicho interés solo lo tendrá la parte vencedora en el juicio de origen, porque es la que tendrá interés en que subsista el acto reclamado, esto es, el actor frente al demandado y viceversa. Por consiguiente, en términos del artículo 5, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, no le asiste el carácter de tercera interesada a Elizabeth de la Rosa Reyes, en el presente juicio de derechos fundamentales, por los motivos apuntados en el párrafo que antecede. Apoya lo expuesto, la tesis XXVII.9 K, sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1131, que dispone lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. La calidad de tercero perjudicado que pudiere tener un sujeto dentro del juicio de amparo no depende del señalamiento que a ese respecto haga el quejoso en la demanda de garantías, ni tampoco en el reconocimiento expreso que sobre tal cuestión pudiera hacer el Juez de Distrito, sino en el hecho de que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; es decir, para dilucidar tal extremo y determinar ese carácter es indispensable establecer si por sus características o peculiaridades la situación específica del sujeto encuadra en algunos de los supuestos normativos a que se contrae el precepto legal anteriormente citado, pues sólo de esa manera se podrá arribar a la conclusión de si efectivamente tiene la calidad de tercero perjudicado". Notifíquese.
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