María Isabel Corona Mendez

Expediente 899/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
899/2020
Año
2020
Actuaciones
37
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • María Isabel Corona Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado de manera electrónica por Santiago Orozco Valencia, asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal, en cuanto representante especial dentro del presente asunto, y como lo solicita, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través de los Nombres de Usuario registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista y cúmplase con la encomienda de la Analista Jurídico. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ??????????????? El licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 899/2020, pues transcurrió del veintinueve de junio al doce de julio del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 899/2020, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 899/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zacapu, Michoacán, consistentes en copia certificada de los juicios orales familiares 978/2019 (antes identificado como 402/2018) y 217/2020, así como de las carpetas de investigación 1005202033061 y 1005201929740, en seis tomos de pruebas. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por el quejoso y por la referida autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por el representante especial de la menor en disputa Anat Isabella Ambriz Corona y hace constar que las demás partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que a lo largo de la secuela procesal de este juicio de amparo formuló Santiago Orozco Valencia y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, María Isabel Corona Méndez, por propio derecho y en representación de su menor hija Anat Isabella Ambriz Corona, presentó demanda de amparo, de la cual correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. En atención a lo anterior, en auto de dos de diciembre de dos mil veinte (foja 57) este juzgado radicó la demanda, la registró con el número 899/2020, se admitió a trámite, se otorgó la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación. Asimismo, en el propio proveído (foja 60) reconoció el carácter de tercero interesado a Juan Carlos Ambriz Coria, en cuanto progenitor de la menor; de la misma forma, en ese auto (foja 62) se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designara a un asesor jurídico que pudiera fungir dentro del presente juicio, como representante especial de la menor Anat Isabella Ambriz Corona. Por lo anterior, en proveído de once de diciembre del mismo año (foja 85) se tuvo a Santiago Orozco Valencia, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrito a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo precisado en el párrafo que antecede. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el seis de mayo de dos mil veintiuno (foja 196) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad de Morelia, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado que atribuye Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zacapu, Michoacán, consiste en lo siguiente: El auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte emitido en el juicio oral familiar 217/2020, que sobre cambio de custodia de la menor Anat Isabella Ambriz Corona, promovió Juan Carlos Ambriz Coria frente a la quejosa María Isabel Corona Méndez, por el que se ordenó la práctica en la menor en disputa, de un estudio médico y uno psicológico por especialistas en pediatría y psicología, a fin de conocer su estado de salud actual. Tercera. Certeza del acto reclamado. El Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zacapu, Michoacán, al rendir su informe aceptó la existencia del acto reclamado (foja 103). Aunado a lo anterior, la existencia del acto reclamado se corrobora con el testimonio autorizado del expediente familiar de origen que adjuntó a su informe, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer ninguna y este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja deficiente, ya que en el caso materia del presente asunto se encuentran en disputa los intereses relativos a la menor Anat Isabella Ambriz Corona, por lo que el suscrito considera que se afecta el orden y desarrollo de la familia. Además, atendiendo a que existe jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone la obligación de los jueces y magistrados, de suplir en forma total la queja deficiente, cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos de familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior quiere decir que, con independencia de quién comparezca a solicitar la protección constitucional, tratándose de controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, constituye obligación de los juzgadores de amparo, velar y garantizar en todo momento la protección más amplia, a fin de proteger dichos intereses. En efecto, tratándose de menores, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación del Estado Mexicano de garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Incluso a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, establece al respecto lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". Sustenta lo antes considerado, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Por ello, aunque a esta instancia comparece a solicitar el amparo María Isabel Corona Méndez, madre de la menor, contra el cuatro de noviembre de dos mil veinte emitido en el juicio oral familiar 217/2020, por el que se ordenó la práctica en la menor en disputa, de un estudio médico y uno psicológico a fin de conocer su estado de salud actual; por las razones asentadas anteriormente, el suscrito emprenderá el estudio del auto reclamado, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, pag. 167, Novena Época, registro 175053: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Sentado lo anterior, en los conceptos de violación que la promovente del amparo formuló en su demanda, aduce en esencia, lo siguiente: Que el auto reclamado es ilegal y viola los derechos fundamentales de la menor involucrada, consagrados en los artículos 1, 4, 14 y 16 Constitucionales, porque la niña ya ha sido sujeta a diversas pruebas periciales en dicho juicio, así como que se le han practicado diversos dictámenes periciales realizados ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado, como se deprende de los autos que integran el juicio familiar de origen, por lo que considera que la menor se está convirtiendo en un "experimento" al sometérsele a diversos estudios, circunstancia ante la cual, la niña ya se encuentra fastidiada y lo que además, podría resultar perjudicial si se considera su corta edad (cuatro años de edad); y, Que la admisión de los medios probatorios en cuestión fue ilegal, ya que, para hacerlo, el juez del conocimiento no consideró que anteriormente el tercero interesado ya había ofrecido dichas probanzas y las mismas habían sido denegadas; y, Que la admisión de esos medios probatorios también es ilegal, ya que el juez responsable no consideró lo dispuesto en el artículo 1040 del Código Familiar, el cual contiene las reglas para la admisión de la prueba superviniente, pues en el caso, el tercero interesado no ofreció las probanzas ajustadas a las hipótesis normativas contempladas en ese artículo. Conceptos de violación que son infundados los tres, como a continuación se demostrara. Para hacerlo, por principio debe indicarse que no es cierto como lo afirma la quejosa, que la menor haya sido sujeta a una multiplicidad de pruebas o estudios periciales, ya que a la fecha no le ha sido practicado prueba alguna de esa naturaleza, según se advierte de las pruebas que este suscrito juzgador se allegó de oficio, consistentes en: Juicio oral familiar 217/2020, que sobre cambio de custodia promueve el tercero interesado frente a la quejosa; Juicio oral familiar 978/2019, que sobre custodia promovió el tercero interesado frente a la quejosa; Carpeta de investigación con número único de caso 1005201929740, instruida en contra del tercero interesado por el delito de retención de menores que no tienen la capacidad de comprender el hecho; y, Carpeta de investigación con número único de caso 1005202033061, instruida en contra del tercero interesado y de su abogado por el delito de fraude procedimental. En efecto, el estudio de las actuaciones que integran los anteriores procedimientos revelan que, contrario a lo aducido por la promovente del amparo, con data veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve la menor María Isabel Corona Méndez sólo fue sometida a un estudio psicológico de impresión diagnóstica dentro de la carpeta de investigación 1005201929740, instruida en contra del tercero interesado por el delito de retención de menores que no tienen la capacidad de comprender el hecho (foja 35 tomo de pruebas 5 ); sin embargo, el experto en la materia Pablo Amezcua Ríos, perito en psicología adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zamora, Michoacán, concluyó que: ".Al realizar la entrevista abierta, directa y personal con la menor evaluada, aplicando la técnica de juego diagnóstica menciona lo siguiente: ".sic.mi papá me jaló de las manos.sic" La menor evaluada se presentó en adecuadas condiciones de aliño y aseo personal, consciente, tranquilo, cooperador, dependiente, temerosa, lenguaje de coherencia y congruente, desarrollo psicomotor normal, así como inquietudes propias de la edad. No puede realizar pruebas psicológicas por su corta edad, por lo anteriormente expuesto no fue posible realizar el dictamen correspondiente por lo que se realizó la valoración psicológica impresión diagnóstica mediante entrevista, sintomatología y técnica de juego diagnóstico. La menor evaluada de iniciales A.I.A.C. no presenta datos de alteración mental. Sobre los hechos referidos: La menor evaluada no alcanza a entender la magnitud del evento por su corta edad. Sin embargo la situación actual le genera incertidumbre. Se recomienda atención psicoterapéutica." Además de dicha impresión diagnóstica, el análisis de las constancias de los juicios orales familiares 978/2019 (antes identificado como 402/2018) y 217/2020, así como de la carpeta de investigación 1005202033061, no evidencía, como lo refiere la madre de la menor involucrada, que existan otros dictámenes periciales practicados en la niña y menos aún denota un riesgo para la niña, en el que al realizársele las pruebas periciales médicas y psicológicas ordenadas en el auto reclamado, se le exponga a una revictimización por habérsele sometido ya a múltiples estudios. Sobre el tema de la revictimización o victimización secundaria debe decirse que en múltiples criterios se ha establecido que, la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático. Asimismo, se ha establecido que este principio de protección contra la revictimización, supone que los operadores judiciales en los asuntos en los que se encuentren involucrados menores, se valgan de medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como que garanticen que sean interrogados con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias. Así se ha considerado, porque en el caso de las víctimas menores de edad, la revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona, razón por la cual, la debida protección de sus intereses y derechos exige que todas las autoridades -en el área de sus competencias- identifiquen, diseñen y empleen las acciones que más los beneficien, para disminuir los efectos negativos de los actos institucionales sobre su persona. Lo anterior, atendiendo al marco normativo y convencional que así lo establece, pues tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (abrogada), así como los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligan a las autoridades a velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, a fin de evitar cualquier forma de daño a su salud física y mental o, incluso, ponerla en riesgo, lo que significa que cuando deban aplicarse normas o realizar cualquier actividad que incida sobre esos derechos, es necesario hacer patente el grado de afectación a los intereses de los infantes para garantizar en todo momento su bienestar integral. Dicho en otras palabras, a través del principio de prohibición de revictimización de los menores se busca, impedir a toda costa, evitar acciones u omisiones que generen un recuerdo victimizante en el niño (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido en el momento del hecho delictivo) y que a la postre, conlleven estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afecten su vida cotidiana, con la consecuente vulneración del derecho al más alto nivel de salud mental del niño o de la niña, al someterlos a la repetición de rememorar las experiencias traumáticas, lo cual debe evitarse. Por su parte, en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, en el Capítulo III, "Reglas de Actuaciones Generales", en el punto 11, relativo a "Las periciales Infantiles", se indica que, en la práctica de periciales a los menores, antes de ordenar la repetición o diversa pericial, se deberá inspeccionar los registros de las pruebas ya existente, en los términos siguientes: "Repetición *El Juez deberá evitar al máximo posible la repetición de periciales a las que es sometido un niño, niña o adolescente. Para tal efecto agotará la inspección de las grabaciones periciales por parte de expertos antes de ordenar una nueva pericial a ser practicada al niño" Esto es, como buena práctica a efecto de tutelar el interés superior del menor de edad, previo a ordenar el estudio de pruebas periciales con intervención a un menor de edad, el juzgador debe agotar las alternativas pertinentes; una de esas alternativas, es encomendar al especialista analizar los registros ya existentes a efectos de conducir la prueba pericial. otra alternativa puede ser el analizar la pertinencia del desarrollo de la prueba. En relación con ello, en virtud de los deberes de debida diligencia en los casos en que se ventilen derechos de menores de edad, el juez se encuentra facultado para analizar el alcance de las constancias de autos, incluyendo periciales ya existentes, a la luz del diverso material probatorio, a efectos de determinar si es necesario el desahogo de una diversa pericial, en principio, sin intervención del menor; en el entendido que, la pertinencia de ejercer las facultades indagatorias, dependerán de la naturaleza de cada caso concreto. Se cita como sustento de las consideraciones anteriores, los criterios siguientes: Tesis aislada P. XXV/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2009999, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 236, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes débitos: (I) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático." Tesis aislada 1a. CVII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2008641, Décima Época, Materias(s): Constitucional, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1100, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA OPINIÓN DE UN MENOR EXPRESADA EN UN PROCESO JURISDICCIONAL DEBE SER CUIDADOSAMENTE VALORADA A FIN DE EVITAR QUE SEA MANIPULADA. De la interpretación de los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se desprende la obligación del Estado de velar por el principio del interés superior del menor, garantizando de manera plena el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarle, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. En ese sentido, el juzgador deberá ser especialmente cuidadoso al valorar tanto la opinión del menor como el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen aspectos que afectan los derechos de menores, ya que en ocasiones éstos expresan una opinión que puede estar manipulada o alienada y podrían vulnerarse con suma facilidad los derechos del menor que precisamente se pretenden proteger, por lo que debe analizarse en conjunto tanto lo expresado por el menor, así como las demás circunstancias que se presenten en el caso." Tesis aislada XVII.2o.C.T.15 C (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital: 2021420, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2602, que dice: "JUICIO DE CONVIVENCIAS. SI SE DESAHOGA LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA RESPECTO DE UN MENOR Y SE ORDENA LLEVAR A CABO UN PROCESO TERAPÉUTICO CON SUS FAMILIARES, DEBE REALIZARSE UN JUICIO DE PONDERACIÓN ENTRE LAS PARTICULARIDADES DEL CASO CONCRETO Y LOS DERECHOS EN JUEGO PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD O NO DE LA PRÁCTICA DE UNA NUEVA VALORACIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA REVICTIMIZACIÓN EN EL MENOR. Si en un juicio de convivencias se desahoga la prueba pericial en psicología sobre un menor, y se ordena llevar a cabo un proceso terapéutico de éste y sus familiares, para recomponer los lazos afectivos, debe realizarse un juicio de ponderación entre las particularidades del caso concreto y los derechos en juego (convivencia efectiva del menor con su familia, en relación con el derecho a la no revictimización del niño), para verificar la viabilidad o no de la práctica de una nueva valoración psicológica al infante, dada la importancia que guarda el contexto, ante la posibilidad de un cambio en las condiciones inicialmente presentadas y una evolución favorable en su estado emocional; y de concluir que resulte imperiosa su verificación, el desahogo de una nueva prueba pericial no implicaría por sí una revictimización en el menor, pues mediante un diagnóstico actualizado puede continuarse con el establecimiento de medidas saneadoras concretas y eficaces de los vínculos afectivos fragmentados con esa rama familiar. En el entendido de que la autoridad responsable debe hacer uso de todas las herramientas con las que cuenta para la solución pronta y efectiva del conflicto presentado, a fin de brindar respuesta no sólo jurídica, sino holística, sistemática y permanente, a través de cuyo actuar se dote finalmente de efectividad al derecho de convivencias entre el menor y esa otra parte de su familia." Tesis aislada VII.2o.C.237 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital: 2022645, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, página 1360, que dice: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. CUANDO EXISTA UN CONFLICTO SOBRE ÉSTE, EL JUEZ DEBE PROCURAR QUE EL MENOR EMITA SU OPINIÓN ANTES DE ESTABLECERLO, A EFECTO DE DETERMINAR EL MEJOR ESCENARIO PARA SU CORRECTO DESARROLLO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ.", determinó que el derecho del menor a participar en el proceso no se traduce en una obligación absoluta e irrestricta para los juzgadores, sino que debe conformar una puerta de acceso para que el niño conozca sus derechos, pueda pronunciarse sobre ellos y exponga sus necesidades y expectativas a efecto de ser consideradas por las autoridades judiciales. Por tanto, si bien la opinión del menor no constituye el único elemento a evaluar en el establecimiento de un régimen de visitas y convivencias, se estima que sí le aporta al juzgador un panorama más amplio y ajustado de las necesidades del infante a efecto de determinar el más adecuado para el caso concreto. En ese sentido, al establecerse de forma oficiosa un régimen de visitas y convivencias para que el conflicto que concierne a los progenitores no se traduzca en un menoscabo a los derechos de sus hijos, es indispensable que el Juez se forme un criterio adecuado respecto de las necesidades específicas del niño en aquellos casos en los que advierta conflicto entre los padres respecto de dicha medida, ya que sólo de esa forma podrá evaluar de mejor manera los riesgos y ventajas que conlleva la medida referida en el desarrollo del menor. Por ello, el Juez debe procurar, en lo posible, que el niño emita su opinión antes de establecer un régimen de visitas y convivencias, sin que ello implique negarse a decretarlo, sino que únicamente tiene como objeto que la autoridad jurisdiccional cuente con mayores elementos de convicción al momento de determinar el mejor escenario para el menor y su correcto desarrollo." Bajo ese contexto, en el caso y como ya se estableció, el análisis de las constancias de los juicios orales familiares 978/2019 (antes identificado como 402/2018) y 217/2020, así como de la carpeta de investigación 1005202033061, no evidencía diversos dictámenes periciales y menos aún denota el riesgo que la niña esté expuesta a una revictimización al habérsele sometido a múltiples estudios; así se estima, si se considera como aspecto esencial que en la impresión diagnóstica que se realizó a la menor, en agosto de dos mil diecinueve, el perito adscrito a la Fiscalía de Zamora, Michoacán, concluyó que por la edad de la menor no fue posible realizar el dictamen correspondiente por lo que se realizó la valoración psicológica consistente en la impresión diagnóstica mediante entrevista, sintomatología y técnica de juego diagnóstico. Conforme a lo narrado, en el caso no existe ni siquiera la posibilidad que antes de ordenar una segunda valoración, un experto revalore los registros de esa prueba realizada, a fin de evitar una segunda intervención, porque dicha prueba no fue desarrollada por la corta edad de la menor en ese entonces. Además de lo anterior, como bien lo argumentó el juez responsable en el auto reclamado, atendiendo a la litis del asunto del juicio de origen, la cual se constriñe a determinar si la menor es o no, objeto de alienación parental o actos que eviten la convivencia entre padre e hijo, en el caso no sólo es necesaria sino indispensable el desahogo de esos medios probatorios, porque el juez natural no cuenta con una prueba psicológica a la que pueda acudir a fin de determinar la relación del progenitor con la niña hijo. De la misma forma, la menor de edad tampoco ha comparecido a manifestar su opinión y como ya se dijo, en el caso es indispensable indagar conductas de "aleccionamiento o manipulación parental" para decidir sobre los derechos de la menor; lo que a juicio del suscrito, deriva esencialmente de los medios de prueba allegados por el padre de la niña, consistentes en audios, en los que al parecer, la niña dice: Te odio papá, Nos dejaste por una puta; de ahí lo infundado, del concepto de violación estudiado en este apartado. Por otro lado, son también infundados los conceptos de violación en los que la quejosa, aduce que: Que la admisión de los medios probatorios en cuestión fue ilegal, ya que, para hacerlo, el juez del conocimiento no consideró, que anteriormente el tercero interesado ya había ofrecido dichas probanzas y las mismas habían sido denegadas; y, Que el juez responsable no consideró lo dispuesto en el artículo 1040 del Código Familiar, el cual contiene las reglas para la admisión de la prueba superviniente, dado que, en el caso, el tercero interesado no ofreció las probanzas ajustadas a las hipótesis normativas contempladas en ese artículo. Lo anterior, porque contrario a lo aducido por la promovente del amparo, los medios probatorios no sólo fueron admitidos por la solicitud expresa que elevó el tercero interesado, que como bien lo refiere, las peticiones de esos medios probatorios fueron acordados desde el tres de marzo de dos mil veinte (foja 81, tomo de pruebas 1). En esa temporalidad, por lo que hace a la pericial médica, la misma fue desestimada por el juez responsable, bajo el argumento que la misma no era pertinente, porque la litis se constreñía a determinar si la menor en disputa es objeto de alienación parental o actos que eviten la convivencia entre padre e hijo; mientras que, por lo que toca a la pericial en psicología, desde esa fecha (tres de marzo de dos mil veinte) la misma se admitió en los términos propuestos por el tercero interesado (foja 79, tomo de pruebas 1). Pese a lo anterior, es falso el argumento expresado por la quejosa, en el sentido que en el auto reclamado de cuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que se ordenó nuevamente el desahogo de la prueba pericial en psicología -porque hasta la fecha no se ha desahogado- y se ordenó por primera ocasión el desahogo de la pericial médica, se haya actualizado una infracción a las reglas de admisión de pruebas supervinientes, establecidas en el artículo 1040 del Código Familiar. Ello, porque contrario a lo apreciado por la quejosa, el desahogo de ambos medios de prueba, no obedeció solamente a la petición del tercero interesado, sino principalmente, a la inquietud del tutor designado en autos y a la facultad del juez para recabar oficiosamente los medios de prueba que se estimen pertinentes para el conocimiento de la verdad, tal y como lo motivó en el auto reclamado. Bajo esas circunstancias, dado que la orden para el desahogo de esos medios de prueba no obedeció solamente a la petición que ya había realizado el quejoso, sino preponderantemente, a la solicitud del tutor y a la facultad del juez del conocimiento para la recabación oficiosa de material probatorio, es evidente que en el caso, la admisión de dichas pruebas no estaba sujeta a la regla de admisión para pruebas supervinientes establecida en el numeral 1040, sino a la establecida en el artículo 1006 del mismo ordenamiento legal que dice: "Artículo 1006. Los jueces podrán decretar en todo tiempo, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos: I. Se traiga a la vista cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; II. Se pregunte a las partes sobre puntos o hechos y a los testigos cuando sus respuestas fueren evasivas, oscuras o dudosas; III. Se traiga a la vista cualquier auto que tenga relación con la litis si su estado lo permite; y, IV. En general, la práctica, aclaración o ampliación de cualquier diligencia probatoria, sin más limitación que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres." En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por la promovente del amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a María Isabel Corona Méndez, por propio derecho y en representación de su menor hija Anat Isabella Ambriz Corona, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zacapu, Michoacán, materia de estudio en dicho apartado. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ÉSTA ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO EN EL SISTEMA SISE, LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN II, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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