Maria Isabel Ceja Linares

Expediente 1159/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1159/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Maria Isabel Ceja Linares
  • Miguel Angel Venegas Hueramo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, remitido vía SISE por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del juicio de amparo II-1159/2019-1; igualmente, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada. Ahora bien, como del estado de autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que este juzgado federal, se declaró incompetente por razón de territorio; en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos de lo dispuesto en Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivo Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por - apoderada del Ayuntamiento y municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como de la Presidenta Municipal del citado municipio, a través del cual cumple con la prevención de veintiuno de octubre pasado, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que la cuenta bancaria-de la Institución Bancaria Afirme, se encuentra aperturada en la Sucursal de Lázaro Cárdenas Las Américas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que además acredita con las constancias que anexó a su escrito aclaratorio. Ahora bien, del análisis integral de la demanda y de su escrito aclaratorio, se aprecia claramente que el acto reclamado que es susceptible de ejecución consistente en el auto de ejecución por la cantidad de $554,788.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), y el acta de requerimiento de pago y/o embargo, diligencia en la que se embargó la cuenta bancaria -, de la institución - son actos que tienen ejecución en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues la diligencia tuvo verificativo en esa ciudad como se advierte de los anexos que agregó a su demanda de amparo, además como lo señaló la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, la cuenta bancaria fue aperturada en dicho municipio. Cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, el rasgo que caracteriza a las dos primeras reglas competenciales, es que ambas se refieren a los casos en que el acto reclamado tenga ejecución material. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados, es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto tratándose de la primera de las reglas competenciales antes precisadas o a cualquiera de ellos, en el segundo supuesto. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar al quejoso el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues la decretada regla es a favor del juez de distrito ante quien el quejoso optativamente decida presentar su demanda de amparo. Sólo a mayor ilustración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 17/2014 (10ª), en lo que al caso interesa, determinó que el tercer párrafo del artículo en consulta, debía interpretarse literalmente sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance pues, se dijo, de su procedimiento legislativo no se advertía dicha posibilidad. Por consiguiente, bastará con que el acto reclamado no requiera ejecución material, para que por esa sola razón el juez de distrito competente sea aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo en comento, el cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto, la cual deberá atender a las repercusiones en el mundo fáctico, pues deberá tomarse en cuenta sus efectos y que éstos puedan modificar el estado de las cosas, no sólo en el ámbito de lo formal sino en una esfera objetiva y material, que es lo que se conoce como "ejecución material". En tratándose de actos que recaigan sobre cuentas bancarias, como lo son el aseguramiento y el embargo, es competente para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en donde se materialice la orden o se haya inmolizado la cuenta, es decir, la localidad en la que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda dicha cuenta. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la pagina 369, tomo XXXIV, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.". En el presente caso, se reclama el auto de ejecución por la cantidad de $554,788.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), y el acta de requerimiento de pago y/o embargo, diligencia en la que se embargó la cuenta bancaria 11381006923, de la institución - actos que tienen ejecución en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues la diligencia tuvo verificativo en esa ciudad como se advierte de los anexos que agregó a su demanda de amparo, además como lo señaló la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, la cuenta bancaria fue aperturada en dicho municipio, por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis contenidas en el numeral 37 de la Ley de Amparo, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; por consiguiente, los efectos concesorios de una posible sentencia amparadora habrán de ejecutarse en dicha localidad, por lo tanto, es inconcuso que los actos reclamados tendrán ejecución material en la jurisdicción territorial que corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, de conformidad con el punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que especifica la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en Michoacán con residencia en Uruapan. Consecuentemente, si los actos reclamados conllevan a la ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitirle la demanda de amparo, para los efectos legales procedentes, a quien se le solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. Es aplicable sobre el particular por identidad jurídica la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, Cuarta Parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS.". Así como, la tesis número 44, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.". Y la jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1509, tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR.". Fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    -, en cuanto apoderados del H. Ayuntamiento y Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como de la Presidente Municipal del citado municipio, carácter que tienen reconocido en términos del artículo 10 de Ley de Amparo, regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número II-1159/2019-1, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que calare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 112, 108, fracción IV y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, indique a qué sucursal bancaria pertenece la cuenta bancaria - de la institución -, y en qué localidad se encuentra dicha sucursal; y de ser posible allegue las constancias que lo acrediten. En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada su demanda de garantías. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, autorizando para ese efecto a -, y en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su cédula en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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