Maria Isabel Castillo Mena
Expediente 1658/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1658/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Isabel Castillo Mena
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la promovente *******************, por conducto de su representante legal y madre *******************, a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, interpusiera recurso de queja conforme a los diversos numerales 99 y 100 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el once de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por la menor de edad Diana Isabel Magaña Castillo, por conducto de su representante legal y madre María Isabel Castillo Mena, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la copia certificada del acta de nacimiento que exhibe, contra actos del Juez de Primera Instancia integrante del Tribunal de Enjuiciamiento del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que le corresponda. 1).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no sean de imposible reparación. Véase. Del artículo 107, fracción V, en cita, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con lo cual se ha determinado que ya es inaplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". En éste, fundamentalmente, se sostuvo que conforme a la legislación anterior -Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis- era posible interpretar que el amparo indirecto procedía, no sólo contra actos que afectaran directamente derechos sustantivos, sino que podía considerarse como actos de imposible reparación, excepcionalmente, tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, entre las cuales se encontraba el caso de la falta de personalidad, que constituye un presupuesto procesal sin el que no queda debidamente integrada la litis. Empero, atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo -que le imprimió el propio legislador-, como ahora lo ha determinado la Corte, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación -que afecten materialmente derechos sustantivos-, aunque con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se analice las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal. En el caso, la quejosa en su escrito inicial de demanda señala como acto reclamado los autos emitidos el diecisiete y veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, respectivamente, en los cuales en el primero se le comunica el auto de apertura a Juicio Oral deducido de la causa penal número JCC/063/2018, instruida en contra de Andrés Gaspar Quintal Castillo y en el segundo auto, se comunica que se está en espera de la notificación de la resolución correspondiente de la apelación que presentó contra la apertura al juicio oral, que en caso de no acontecer previo al inicio de la audiencia ya señalada, se emitirá el auto respectivo para realizar el trámite que contempla el artículo 472 de la Ley adjetiva de la materia; de ahí que el presente juicio resulte improcedente porque el acto reclamado no es de aquellos que afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, ni reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación, sino que sólo tiene repercusiones intraprocesales. En efecto, la quejosa atribuye al acto reclamado, la circunstancia de que no se respeta el debido proceso, se viola el principio de legalidad, de igualdad entre las partes, y tampoco se toma en cuenta el interés superior de la niñez; por lo que considera que ello le causa un perjuicio de imposible reparación; pues en su concepto, la interposición del recurso de apelación debió suspender el procedimiento. Bajo el esquema de la legislación y criterio anteriores podría examinarse esa afectación actual y procesal desde la perspectiva de su excepcionalidad, justamente por el daño exorbitante -sin que esto implique reconocérselo-, pero, como se ha venido señalando, ese criterio ya no es aplicable. Por ello, el estatus del juicio por virtud del acto reclamado no afecta materialmente un derecho sustantivo, porque el efecto del acto reclamado no es privar del acceso a la justicia reconocido a los gobernados -como la quejosa- en el artículo 17 de la Carta Magna, ni sus libertades o derechos sustantivos, sino que dichos actos únicamente definen cuestiones de carácter procesal, como lo es la apertura a juicio y la espera de recibir la resolución de la apelación de la aquí quejosa, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; de ahí que el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio ni el diverso que se reclama, no son actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiarían la naturaleza intraprocesal de los actos reclamados. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y del acto reclamado señalado por el quejoso se aprecia su naturaleza intraprocesal. Apoya lo anterior la tesis identificada como IV.1o.T.1 K (10a.), sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo III, en la página 2162, en la que por rubro dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como la tesis XI.P.12 P (10ª.), correspondiente a la Décima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, visible en la página 2632, cuyo rubro dice: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE." 2.- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tienen las listas que se publican en los estrados de este Juzgado Federal, para oír y recibir notificaciones y por autorizados en los términos que solicita a las personas que designa, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. 3.- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. 4.- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
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